Héctor Hugo Rodíguez Tovar
Expediente 208/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Héctor Hugo Rodíguez Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 6014/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo número 208/2021, promovido por Héctor Hugo Rodríguez Tovar, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; asimismo, remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veintisiete de octubre del año en curso, dentro del amparo en revisión 164/2022, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Hugo Rodríguez Tovar, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Queda sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la tercero interesada." Acúsese recibo vía interconexión a la superioridad. Por consiguiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias certificadas con que se formó, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción, en términos de lo expuesto en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Se considera que el presente juicio es susceptible de depuración en términos de lo expuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencias respectivas). En relación a los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión formados con motivo de la tramitación del presente juicio, ya que el cuaderno duplicado es susceptible de destrucción deberá destruirse por parte de este juzgado, toda vez que cuenta con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva respecto de los actos reclamados, conforme al inciso c) del artículo 21 del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción; agréguese copia certificada de este acuerdo a los incidentes respectivos. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso en que se actúa, coindicen en su totalidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adolfo Arreygue y Arreygue, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del párrafo segundo, del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia otorgada al titular de este órgano jurisdiccional, ante Martha Beatriz Ortega Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. ARA/MBOS/Heisey
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por el que comunica que admitió a trámite el recurso de revisión, en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintidós dictada en el juicio de amparo 208/2021-2 del índice de este juzgado, registrándose ante la Superioridad con el número de queja 164/2022. Notifíquese personalmente. Así, lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de la licenciada Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 208/2021-2, promovido por ****, por propio derecho, y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado el dos de julio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Nuevo Laredo, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: EL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR del tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo. EJECUTORA: EL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL Estado de Tamaulipas.. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓ QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la Autoridad Responsable ORDENADORA, Reclamo: POR LA VIOLACIÓN A MI DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA, El ilegal procedimiento seguido a mis espaldas, es decir sin haberme llamado al juicio de Divorcio Incausado, radicado en el expediente número ***, promovido en mi contra por mi esposa, la C. ***; por lo que le reclamo todos los actos, autos, decretos, acuerdos, resoluciones, audiencias, sentencias interlocutorias y/o definitivas, así como todos y cada uno de los autos, acuerdos, decretos y resoluciones dictadas después de la sentencia definitiva y los que estén pendientes de dictarse y que se llegaren a dictar después de la sentencia mencionada; QUE EMANEN O HUBIEREN EMANADO del juicio de Divorcio Incausado, radicado en el expediente número ***, promovido en mi contra por la C. ***; NO OMITO TAMBIÉN SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, RESOLUCIÓN Y PROVEÍDO DICTADO Y/O QUE ESTÉ POR DICTARSE dentro del juicio mencionado, litigio en el cual se privó al suscrito quejoso de mi derecho fundamental y humano de audiencia al no haber sido debidamente notificado y emplazado a juicio, motivo por el cual es de considerarse que el compareciente soy TERCERO EXTRAÑO A DICHO LITIGIO y para que se me restituya la garantía y derecho fundamental y humano de audiencia violada, lógicamente lo procedente es la vía de Amparo indirecto, pues es solo a través de este juicio donde estaré en posibilidad de acreditar que los actos reclamados emanan de un procedimiento en el cual el suscrito quejoso nunca fui notificado ni mucho menos emplazado a juicio conforme a la ley ni mucho menos con respecto a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. De la autoridad responsable ejecutora, reclamo: La ilegal diligencia de emplazamiento que hubiere realizado, y toda actuación y notificación subsecuente derivada de la misma, que hubiere practicado o deba llevar a cabo en ejecución de resoluciones que contengan órdenes de ejecución derivadas de dicho juicio en contra y en perjuicio del suscrito quejoso." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda de amparo a este juzgado de Distrito; mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno se registró con el número 208/2021-2; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se emplazó a la tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveídos de seis y dieciocho de agosto de dos mil veintiuno (fojas 170 a 172 y 186 y 187), se admitieron las ampliaciones de demanda promovidas por el quejoso, por lo que se dio la intervención legal al Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó a las responsables su informe justificado, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, en la que se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la parte tercera interesada; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior porque las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, sus ampliaciones y a las constancias de autos, se precisa que el quejoso reclama: El ilegal emplazamiento realizado en los autos del juicio de divorcio incausado 450/2020 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad y sus consecuencias. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados del Juez responsable, pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió con su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Asimismo, se tienen por ciertos los actos reclamados de los Actuarios adscritos a la Central de Actuarios, pues en su primigenio informe justificado así lo manifestaron y de los informes rendidos en relación con la ampliación de demanda, se advierte que realizaron el emplazamiento al quejoso en los autos del expediente natural 450/2020. CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Al no advertirse causa de improcedencia y las partes no hicieron valer alguna, se procede al estudio de fondo del asunto, atendiendo a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, y que estimó transgredían sus derechos fundamentales. QUINTO. De las constancias que obran en el juicio natural, se desprenden las siguientes: 1. *** promovió juicio de divorcio incausado en contra de ***, de quien reclamó la disolución del vínculo matrimonial, señalando como domicilio para su emplazamiento, el ubicado en calle Fray Juan de Zumárraga número 1107, entre las Avenidas Porfirio Díaz y Antonio Moreno, colonia Ribera del Bravo, código postal 88240, en esta ciudad. 2. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió dicha demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada en el domicilio señalado en el párrafo que antecede. 3. El doce de agosto de dos mil veinte el actuario responsable dejó cita de espera a ***, para el trece siguiente y al no haber esperado practicó el emplazamiento con la persona que atendió Ma. Francisca Reyes Duarte, en los términos de las actuaciones que se escanean a continuación: 4. Mediante auto de uno de septiembre de dos mil veinte, al no contestar la demanda el aquí quejoso, se declaró su rebeldía, teniéndose por admitidos los hechos que se dejaron de contestar y se citó a las partes para oír sentencia. 5. En esa misma fecha, uno de septiembre de dos mil veinte, se dictó la sentencia 390, que concluyó con la disolución del vínculo matrimonial que unía a *** y ***; se declaró disuelta la sociedad conyugal que con motivo del matrimonio tenían establecida las partes; no se aprobó el convenio y se dejaron a salvo los derechos de las partes para que lo hicieran valer en la vía incidental. 6. Finalmente, el diez de septiembre de dos mil veinte, se declaró firme la sentencia emitida en el juicio y se ordenó remitir el asunto al Archivo Regional de esta ciudad. SEXTO. El impetrante del amparo, en su escrito inicial de demanda, en esencia refiere que las autoridades responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aduce que no fue oído ni vencido en el procedimiento de origen, porque no fue emplazado al mismo. Asimismo, en su ampliación de demanda aduce que el emplazamiento realizado por el Actuario responsable no colma las formalidades esenciales del procedimiento, previstas por la fracción III del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que éste no se cercioró que el emplazamiento se llevara a cabo en el domicilio señalado por la actora, pues resulta insuficiente que se haya cerciorado del nombre de la calle, número, color y material de la casa, pues la diligencia se llevó a cabo con un formato o machote, sin especificar correctamente el cercioramiento del domicilio, pues no se llenaron los campos relativos a qué existe enfrente de la casa, como barda, portón, reja o alguna otra característica particular. Que dicha diligencia de emplazamiento tampoco cumple con la formalidad prevista en la fracción IV del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues aduce, que los anexos con los que se corrió traslado al momento del emplazamiento no coinciden con los mencionados por el Juez responsable en el auto de diez de agosto de dos mil veinte; además de que la descripción realizada por el actuario respecto de esos anexos, es deficiente. Finalmente, aduce el quejoso que la cita de espera tampoco cumple las formalidades esenciales del procedimiento, pues aduce que el actuario responsable actuó de forma arbitraria, no haciendo uso de la lógica ni de la experiencia, pues se basa en argumentos ya preestablecidos, fijados o elaborados previamente, al hacer uso de formatos o machotes no aplicables al caso concreto. Dichos conceptos de violación son infundados e ineficaces, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues no se advierte que haya habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo dejara sin defensa por afectar sus derechos. El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del precepto constitucional en cita, en esencia, se desprende que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De lo anterior, se obtiene que el requisito para que cualquier acto de autoridad pueda llegar a privar de su libertad, propiedad, posesiones o de sus derechos al gobernado, deberá dársele la oportunidad previa de defenderse en juicio; esto es, el debido respeto al derecho fundamental de audiencia que impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo, para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa; puesto que de no cumplirse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que no es otro que evitar la indefensión del afectado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Materias Constitucional y Común, registro 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Es decir, los citados preceptos prevén las formalidades para la práctica de la diligencia de emplazamiento, las que van encaminadas a que esa actuación se entienda personalmente con el demandado a fin de hacer de su conocimiento la demanda instaurada en su contra, ello, para que esté en posibilidad de acudir ante la autoridad respectiva a oponer oportunamente las excepciones y defensas de su intención. No debe perderse de vista que el emplazamiento es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el respeto del derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional y, por eso, el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dispone que el emplazamiento deberá realizarse preferentemente al interesado; situación que al no poderse realizar, la ley establece cómo se debe proceder si a la primera búsqueda el interesado no es encontrado. Las formalidades en que deben ser desarrolladas las actuaciones que giran en torno al emplazamiento, se encuentran contenidas las fracciones del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que dispone: "ARTÍCULO 67.- Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: I.- Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Solo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplearse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el Artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; II.- Tratándose de personas morales, asociaciones, agrupaciones, instituciones o bien dependencias o servicios de la administración pública, el emplazamiento se hará por conducto de las personas u órganos que las representen. Si éstas fueren varias, el emplazamiento se tendrá por válido cuando se haga a cualquiera de ellas. Si la representación corresponde a una junta o colectividad, bastará que se haga a la persona que la ostente; III.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será precisamente el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física, y si jurídica, en el domicilio social, en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios salvo que se trate de sucursales con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por, o con intervención de ellas. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; IV.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; V.- Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique en el lugar del juicio, pero sí dentro del mismo distrito judicial, el juez podrá encomendar la diligencia al inferior más cercano al lugar donde aquélla radique. Si se halla en otro distrito o fuera del Estado pero dentro de la República, y fuere conocido su domicilio, el emplazamiento se le hará por exhorto. Si una vez despachado el exhorto sobreviniere un cambio de domicilio de la persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del juez requerido, éste se entenderá facultado para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de nuevo exhorto, bastando que así lo pida la parte interesada ante el juez exhortado; él requeriente hará saber tal facultad al requerido; Cuando el exhorto deba ser diligenciado por un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado o perteneciente a otro Poder Judicial del País, con el que institucionalmente se hubiere convenido el envío electrónico del exhorto, la parte interesada podrá solicitar que su envío se realice a través de la Comunicación Procesal Electrónica y asumirá la obligación de hacer el pago de derechos por las impresiones que, en su caso, el Juez exhortado vaya a realizar para el debido cumplimiento de la encomienda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. VI.- Si se ignorase el domicilio de la persona por emplazar se hará por edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por tres veces consecutivas y se fijarán, además en la puerta del juzgado; se comunicará al interesado que deberá presentar su contestación dentro del término de sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación. En este caso, si el juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho, y se lo mandará practicar en el domicilio ya conocido; y, VII.- Cuando se trate de personas inciertas o ignoradas, el emplazamiento se hará por edictos en la forma que se prescribe en la fracción anterior; pero en este caso los edictos deberán contener, además, datos bastantes para que las personas inciertas o ignoradas puedan identificar su interés en el negocio de que se trate. En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que aquél se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado; tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites." De dicho precepto legal se desprende que en la práctica del emplazamiento deben observarse las reglas siguientes, tratándose de personas físicas: a) El emplazamiento se hará directamente a la persona física, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. b) El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo. c) El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. d) La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente. Expuesto el marco normativo al que las autoridades jurisdiccionales deben ajustar sus actuaciones para practicar el emplazamiento, cobra relevancia en el presente caso, aquélla actuación en donde el funcionario deberá levantar acta circunstanciada, lo que implica que deberán asentarse todos los datos pormenorizados de la misma. Ahora bien, las formalidades esenciales en el procedimiento del juicio de divorcio incausado 450/2020, promovido por *** en contra de ***, se encuentran cumplidas, en virtud de que conforme a las constancias escaneadas con antelación, se advierte que el actuario adscrito al Juzgado responsable cumplió con lo dispuesto por las referidas disposiciones constitucional y legal. Es así, toda vez que de la constancia de cita de espera de doce de agosto de dos mil veinte, se evidencia que al tratarse de persona física la que debía ser emplazada, en el caso ***, lo buscó directamente, pues no existe constancia en autos de que carezca de capacidad procesal (fracción I del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas). El emplazamiento se inició (cita de espera) el doce de agosto de dos mil veinte a las once horas con cinco minutos, en el domicilio señalado por la parte actora, siendo éste el ubicado en calle Fray Juan de Zumárraga número 1107, entre las Avenidas Porfirio Díaz y Antonio Moreno, colonia Ribera del Bravo, que es el lugar en que habitaba el que deberá ser emplazado; es así pues el notificador se cercioró de que el domicilio señalado por la actora para la práctica del emplazamiento es el mismo en el que se constituyó y en el que *** habita, ya que para justificar lo anterior, asentó que se cercioró que se encuentra en el domicilio ordenado, por medio del GPS de su teléfono celular, lo que corroboró al tener a la vista el nombre de la calle Fray Juan de Zumárraga, ubicado en la esquina de la calle, el número exterior 1107 del citado inmueble, el cual se encuentra en la pared, y los signos exteriores: casa color café de dos pisos, hecha de material block; demás, por haberse constituido en anteriores diligencias en esa misma calle y colonia y por el dicho de una persona mayor de edad del sexo femenino quien salió del interior de la vivienda en la que el actuario estaba constituido, quien dijo llamarse Ma. Francisca Reyes Duarte y se identificó con credencial de elector número de folio 0854103633474 (fracción III del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado). Luego, preguntó a la persona con quien entendió la diligencia si en el domicilio antes citado y en el que se encontraba constituido habita el demandado buscado, manifestando que ***, sí vive en ese domicilio en el que se encontraba constituido; por lo que requirió a la persona con quien entendía la diligencia para que le informara si era pariente o doméstico del demandado o si vivía en el domicilio en el que se encontraba constituido, a lo que dicha persona dijo ser familiar del demandado en cita; hecho lo cual le solicitó la presencia del antes nombrado, a lo que manifestó que de momento no se encontraba por lo que al no poder entender el emplazamiento directamente con el interesado por no estar presente, dejó un citatorio con la persona que lo atendió para que el demandado lo esperara en su domicilio el trece de agosto de dos mil veinte a las once horas (fracción IV del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado), haciéndole saber que en caso de no esperarlo, se entendería la diligencia conforme lo establecen los artículos 66, 67 y 68 del referido ordenamiento legal, con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona mayor de edad que viva en la casa; y al requerir la firma de la persona con quien entendió la diligencia dijo que no quería firmar de recibo del citatorio. En la hora y fecha señaladas en la cita de espera, el actuario levantó acta de emplazamiento por cédula de la que se evidencia que en cumplimiento a lo ordenado en la ley secundaria, y a fin de respetar la garantía de audiencia que conlleva el debido proceso, se constituyó en el domicilio de trato, y se cercioró de que era el señalado por la parte que lo pidió y en el que la persona física demandada *** habita, por lo que previo llamado, salió del domicilio una persona ante la cual se identificó, quien dijo llamarse Ma. Francisca Reyes Duarte, y le manifestó que el domicilio donde se encontraba constituido era el correcto, por lo que preguntó si en ese lugar habita el demandado antes nombrado, a lo que dicha persona informó que sí vive *** en ese domicilio donde se encontraba constituido, por lo que requirió a la persona con quien entendía la diligencia informara si era pariente o doméstico del demandado o si vivía en el domicilio en el que estaba constituido, a la que dijo ser familiar del demandado; luego le requirió por la presencia de este último, a lo que expresó que de momento no se encontraba, no obstante la cita de espera dejada para la hora y fecha de la diligencia de emplazamiento; acto continuo, el Actuario responsable procedió a emplazar a juicio a *** por medio de cédula y por conducto de la persona que lo atendió, dando lectura íntegra al acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar dentro de los autos del expediente número 450/2020, que se contiene inserto en la cédula de notificación, y le hizo saber que se concedía el término de diez días para que el demandado produjera su contestación ante el juzgado en el que se sigue el juicio, si a sus derechos conviniere, corriéndole traslado a la demanda por medio de la persona que lo atendió con las copias simples de la demanda, copia de los documentos anexos a la misma, consistentes en demanda constante de cuatro fojas, convenio dos fojas, acta de matrimonio número 190, actas de nacimientos números 132, 231 y 1921, cumplimiento de prevención constante de dos fojas, así como copia del auto que se notifica contenido en la cédula de notificación, los cuales recibió y manifestó que no quiere firmar de recibida la cédula de notificación (fracción IV del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas). Ahora, impuestos de la cédula de notificación, se advierte que la misma contiene mención del juicio de que se trata (expediente número ***), relativo al juicio de divorcio incausado promovido por *** en contra del ahora quejoso, así como la inserción del auto o proveído que debió notificarse, en el caso el de diez de agosto de dos mil veinte, la cual fue dejada en poder de Ma. Francisca Reyes Duarte. Con lo anterior queda claro que, contrario a lo manifestado por el quejoso, el actuario responsable cumplió con todas las formalidades legales y constitucionales para la práctica del emplazamiento al juicio de origen de la parte demandada en el mismo, aquí quejosa; de ahí que no se violan sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, pues la diligencia de emplazamiento en todas sus etapas se siguió conforme a las formalidades establecidas en el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, pues se respetó su garantía de audiencia, y con ello el debido proceso del juicio de origen, por lo que, el concepto de violación enderezado al respecto es infundado. Por otra parte, aduce el quejoso que el emplazamiento tampoco cumple con la formalidad prevista en la fracción IV del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues aduce, que los anexos con los que se corrió traslado al momento del emplazamiento no coinciden con los mencionados por el Juez responsable en el auto de diez de agosto de dos mil veinte; además de que la descripción realizada por el actuario respecto de esos anexos, es deficiente. Debe decirse que, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Lo que en el caso aconteció, pues el actuario responsable describió los anexos con los que corrió traslado al momento del emplazamiento, sin que el hecho de que la descripción realizada no coincida, según su dicho, con la asentada por el Juez responsable en su auto admisorio, torne ilegal el emplazamiento efectuado o deje en estado de incertidumbre al emplazado, puesto que el actuario cumplió con la obligación impuesta por las disposiciones legales, máxime que en el caso, la única diferencia versa en que en el auto de diez de agosto de dos mil veinte, no se asentó el número de fojas de cada documento; de ahí que sean ineficaces las manifestaciones realizadas en torno a lo anterior. Finalmente, el quejoso aduce que la cita de espera tampoco cumple las formalidades esenciales del procedimiento, porque el actuario responsable actuó de forma arbitraria, no haciendo uso de la lógica ni de la experiencia, pues se basa en argumentos ya preestablecidos, fijados o elaborados previamente, al hacer uso de formatos o machotes no aplicables al caso concreto. Al respecto debe decirse, que si bien los Actuarios utilizan formatos preconstituidos o "machotes", como lo aduce el quejoso, ello no le resta valor a sus actuaciones, pues el actuario para hacer válida una diligencia tiene que cumplir con los requisitos que la ley le exige, los cuales cumplió en su totalidad. En efecto, no son ilegales las actas que se lleven a cabo empleando para su elaboración formatos preestablecidos, "machotes", o computadora e impresora portátiles, pues no existe disposición legal que limite el uso de ese tipo de instrumentos y mucho menos que dicha utilización implique la ilegalidad de la actuación del diligenciario. De igual forma, no se considera ilegal porque no es un requisito que se asiente en qué momento y lugar se llevó a cabo la impresión del documento, pues lo único que debe tomarse en cuenta es que el llamamiento a juicio cumpla con los requisitos que los cuerpos de las normas aplicables señalen. Entonces, la ley no impone al actuario que asiente sus actuaciones en manuscrito, en máquina de escribir o en computadora, dado que, incluso, es legal la utilización de los documentos impresos denominados "machotes", con tal de que en todos los supuestos, dichas actuaciones no se aparten de las formalidades establecidas en la propia ley ni de la más elemental coherencia para con el mundo fáctico del cual parten cuando se realizan, y es que esa clase de actos judiciales se sustentan en la realidad misma y esta, en materia forense se ve traducida en los hechos respecto de los cuales está dando fe o certificando la autoridad judicial, que a su vez, en gran medida, se conforman por intervenciones de las partes vertidas a través de la palabra, todo lo cual le da la sustancia, la certidumbre y la veracidad que, además, la lógica y el sentido común reclaman para este tipo de eventos. Al respecto se cita la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 35, Cuarta Parte, página 64, Séptima Época, registro 242114, que establece: "EMPLAZAMIENTO HECHO EN MACHOTES. El hecho de haber usado para el emplazamiento un documento impreso de los llamados vulgarmente "machotes", no viola ninguna garantía del quejoso, ni le puede causar agravio, porque su uso no está prohibido por la ley, ni existe precepto alguno que estipule una forma especial por escrito, ya sea manuscrita, a máquina, o impresa en parte, y manuscrita en otra parte, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales y del 1396 del Código de Comercio." En esa medida, todas las inconformidades que giran en torno a una supuesta ilegalidad de la diligencia de emplazamiento reclamada, derivada de la utilización de un formato o machote, devienen ineficaces. Por cuanto al documento privado ofrecido como prueba por el quejoso, consistente en la carta de trabajo con horario laboral expedida a su nombre, la misma no demuestra la inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues únicamente se evidencia que labora para la empresa GP Group Servicios Aduanales, Sociedad Civil, como despachador, con un horario laboral de lunes a viernes de diez de la mañana a siete de la noche. Por tanto, de ninguna forma quedaron desvirtuados con medio de prueba eficaz, los actos que constituyen las diligencias de emplazamiento que se reclaman (citatorio y emplazamiento). En las relatadas condiciones, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en este considerando. SÉPTIMO. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley de la materia. OCTAVO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Federal, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ***, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables, señalados en el considerando tercero, por las razones expuestas en considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con dos minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
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