Héctor Javier Inda García
Expediente 1150/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2022
Partes del expediente
- Héctor Javier Inda García
- Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit
Actuaciones
- Principal
Tepic, Nayarit, dos de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento de este juzgado la ejecutoria pronunciada por el pleno de dicho tribunal el doce de agosto de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 626/2021 de su índice, relativo a este expediente 1150/2021, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por José Félix González Ríos, autorizado del quejoso Héctor Javier Inda García, en contra del proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado de que se trata para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo. En consecuencia, con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se aprecia que mediante oficios y anexos signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con los referidos comunicados y anexos, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera realizado manifestación al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el diecisiete de junio del año actual, se aprecia que, por una parte, se sobreseyó en el juicio biinstancial en que se actúa y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ". 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Director General Jurídico y la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, asimismo el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Comité de Vigilancia del fondo antes mencionado, así como en el respectivo ámbito de sus funciones, realicen las gestiones necesarias y devuelvan al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 504", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales; debiendo abarcar desde el uno de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que desde esa fecha y hasta la de la presentación de la demanda (catorce de agosto de dos mil diecinueve) aun no transcurría el término de tres años que establece el arábigo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para la prescripción de las aportaciones pensionarias en favor del Fondo. (.)." Cabe precisar, que la citada resolución quedó firme mediante proveído de once de agosto del presente año. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le aplicaran en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modificara la normativa de mérito, hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno destinado al fondo de pensiones; y 2. Devolver al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 504", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales; abarcando desde el uno de marzo de dos mil diecinueve. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que el diez de septiembre de la presente anualidad, se notificó a la quejosa el oficio FP: 1155/2021, en el que se desincorporó lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, para que no se le aplicaran en el presente ni en el futuro tales artículos; asimismo, se destaca que efectuó la devolución por medio de transferencia electrónica de ocho de julio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $16,035.51 (dieciséis mil treinta y cinco pesos con cincuenta y un centavos, moneda nacional), correspondiente a las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 504", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales; abarcando desde el uno de marzo de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b, prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b, del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, agréguese a sus autos el ocurso de cuenta segando por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del recaudador de rentas de dicha secretaría, a través del cual, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Lo que acredita con la documental que adjunta al oficio de mérito. De lo anterior este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, dígase a la autoridad oficiante que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Nayarit "1", con sede en esta ciudad, a través del cual, en atención a la determinación de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, informa que de la consulta realizada a los sistemas institucionales deriva que existen homónimos de tercero interesado Juan Pablo González Rodríguez, por lo que resulta necesario se proporcionen más datos de identificación que permitan tener la certeza de que la información corresponde al contribuyente requerido; por consiguiente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes; sin que haya lugar a efectuar mayor pronunciamiento al respecto en este momento procesal, pues el siete de octubre del año en curso, se emplazó al aludido. Finalmente, como lo solicita se deja sin efectos el apercibimiento contenido en el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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