Héctor Javier Herrera Gómez
Expediente 1968/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1968/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2018
Partes del expediente
- Héctor Javier Herrera Gómez
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico (fojas 165 a la 166), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diez de agosto del año en curso (folio 167), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que pase inadvertido que por un error se asentó como fecha del acuerdo el diez de agosto de la presente anualidad, siendo el correcto el diez de septiembre del año en curso, dado que fue el que se notificó y en esencia, se le hizo del conocimiento de la parte quejosa el acatamiento a la sentencia concesoria del amparo informado por la autoridad responsable. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 100 a la 116), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $17,534.48 (diecisiete mil quinientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos de Fomento a la Educación, Asistencia Social y Universidad Autónoma de Nayarit, debidamente actualizada y sin la cantidad de "$280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente; asimismo, sin el cobro correspondiente a cancelación de inscripción que ascendió a $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), de cuya resta se obtiene el numerario de $17,106.48 (diecisiete mil ciento seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de septiembre de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho de 132.009. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.761251126817111; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $17,106.48 (diecisiete mil ciento seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, al Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $17,290.16 (diecisiete mil doscientos noventa pesos con dieciséis centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (foja 166). Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que devolvió un excedente de $183.68 (ciento ochenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional); empero, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de requerirla, así como los que efectúe el quejoso para entregarla, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de agosto del año en curso (foja 326), se requirió a Joaquina Rivas Chaparro, perito propuesta por el Director del Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días, compareciera a este Juzgado de Distrito, a fin de aceptar el cargo que le fue conferido, o en su caso, manifestara el impedimento legal que tuviera para ello, sin que a la data lo hubiere hecho, no obstante de encontrarse debidamente notificada como se advierte de la constancia respectiva que obra agregada en autos (foja 329). Consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, requiérase de nueva cuenta a Joaquina Rivas Chaparro, perito en materia de topografía, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a la notificación del presente proveído, se sirva comparecer ante este Juzgado de Distrito, a efecto de aceptar el cargo que le ha sido conferido, bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna dentro del plazo indicado, se entenderá su desinterés para aceptar el mismo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cinco de septiembre del año en curso y anexos al mismo (fojas 115 a 117), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Paulita Genoveva Ramos Barajas. Mediante proveído de siete de septiembre de la presente anualidad (foja 118), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó a la parte quejosa de manera personal el diez de septiembre actual (foja 119), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 64 a 86), en el que se determinó por conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista respecto del refrendo anual de permiso de venta de bebidas alcohólicas número 97003593 realizado a través de la institución bancaria BBVA Bancomer el once de abril de la presente anualidad, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097003593A15953203, realizado el once de abril de dos mil dieciocho, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. Luego, a través del oficio DJC/4910/2018, de cinco de septiembre de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, en esa misma data (fojas 115 a 117), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó copia de recibido del cheque número 0763 (setecientos sesenta y tres), expedido por la Institución Bancaria Santander, Sociedad Anónima, a nombre de la parte quejosa Paulita Genoveva Ramos Barajas, mismo que fue recibido por ésta y del que se advierte que devolvió la cantidad de $5,448.53 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 53/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $5,428.79 (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil dieciocho y en el mes de agosto se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto actual. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de julio de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de julio de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $5,428.79 (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $5,448.53 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 53/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al pago efectuado $5,428.79 (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 79/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $19.74 (diecinueve pesos 74/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad $5,448.53 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 53/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $5,451.53 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 53/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $5,448.53 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 53/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $3.01 (tres pesos 01/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el libelo suscrito por el Encargado de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Nayarit, mediante el cual propone como perito para el desahogo de la prueba en materia de contabilidad a José Luis Román Miranda, quien puede ser notificado en las instalaciones de esa Coordinación Estatal. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, requiérase a José Luis Román Miranda, perito en materia de contabilidad, en el domicilio oficial que ocupa la Delegación de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a la notificación del presente proveído, se sirva comparecer ante este Juzgado de Distrito, a efecto de aceptar el cargo que le ha sido conferido, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello.
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