Héctor Hugo Rodriguez Pérez
Expediente 303/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Héctor Hugo Rodriguez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 61 a 65). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia. En el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualizan dos causales de improcedencia, como se analiza. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve (fojas 1 a 5), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Héctor Hugo Rodríguez Pérez, por conducto de su apoderado legal Fausto Tavira Solís, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. IV.- ACTO RECLAMADO: A la primera responsable se reclama: LA OMISIÓN DE ORDENAR EL REGISTRO EN LA CUENTA PÚBLICA, LA DEUDA DEL MONTO TOTAL DE CONDENA, ESTABLECIDA EN EL LAUDO EJECUTORIADO DE FECHA 23 DEL MARZO DE 2015." A la segunda responsable se reclama: LA OMISIÓN DE REGISTRAR EN LA CUENTA PÚBLICA, LA DEUDA DEL MONTO TOTAL DE CONDENA, ESTABLECIDA EN EL LAUDO EJECUTORIADO DE FECHA 23 DEL MARZO DE 2015. En ese sentido, este juzgador advierte que por el acto reclamado al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos trascritos se advierte que la misma norma indica, que se entiende por autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia, que el acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad), en contraposición a las relaciones de coordinación (entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes). Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por tanto, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero no es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, dado que no tiene una relación de supra a subordinación con el particular que tuvo un laudo favorable, sino que la obligación de pago deriva como auxiliar del tribunal laboral, pero sin poder crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular en su esfera de derechos. Es aplicable por las razones que sustenta, la jurisprudencia 2a./J.38/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." En ese contexto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación al acto reclamado a la junta responsable se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual establece en forma expresa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del artículo antes transcrito, se advierte que para que opere la causa de improcedencia antes transcrita se requiere la existencia de los siguientes elementos: a) Que se haya promovido con anterioridad otro juicio de amparo; b) Que ese juicio se encuentre pendiente de resolución, en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Que exista entre ambos juicios coincidencia en cuanto a la parte que figura como la parte quejosa, las autoridades responsables y el acto reclamado. Sentado lo anterior, de la certificación secretarial que antecede, y por ser un hecho notorio los juicios que se tramitan ante este juzgado de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se consulta en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", se tiene a la vista el juicio de amparo 181/2019. Tal juicio se promovió de igual forma por Fausto Tavira Solís, apoderado legal de Héctor Hugo Rodríguez Pérez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de quien reclama: "La omisión a dar seguimiento al embargo y aplicar las medidas de apremio fijadas a la demandada y vinculada al cumplimiento al laudo, dada la contumacia de estas para la eficaz e inmediata ejecución del laudo de fecha 23 de marzo del 2015." Además, del punto seis de los antecedentes del acto reclamado se advierte: "Con fecha 14 de septiembre del 2017; 30 de enero, 05 de marzo, 16 de abril y 06 de diciembre del 2018, se solicitó a la autoridad responsable dar trámite al embargo para hacer efectiva la medida de apremio a la citada secretaria por la omisión a dar cumplimiento al laudo, sin que a la fecha haya acordado dicha circunstancia." (Lo resaltado es propio). Por tanto, de la lectura integral de la demanda de amparo 181/2019, se advierte que la omisión de dar seguimiento al embargo y aplicar las medidas de apremio fijadas a la demandada y vinculada al cumplimiento al laudo, deriva de la falta de acuerdo a los escritos de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, así como de treinta de enero, cinco de marzo, dieciséis de abril y seis de diciembre del dos mil dieciocho, presentado en el juicio laboral 219/2010, reclamada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad Ahora, en la demanda que nos ocupa (303/2019), el quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: "La omisión de ordenar el registro en la cuenta pública, la deuda del monto total de condena, establecida en el laudo ejecutoriado de fecha 23 del marzo de 2015.". Luego, del punto seis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte: "Con fecha 06 de diciembre del 2018, se solicitó a la responsable para ordenar el registro en la cuenta pública para que la misma sea incluida en el presupuesto asignado en este año fiscal, de la deuda contraída por la demandada producto del monto total a que fue condenada la demandada en el presente juicio, sin que a la fecha haya ordenado el registro de la deuda correspondiente." (Lo resaltado es propio). Entonces, de la presente demanda de amparo, se advierte que la omisión de ordenar el registro en la cuenta pública, la deuda del monto total de condena, deriva de la falta de acuerdo al escrito de seis de diciembre del dos mil dieciocho, presentado en el juicio laboral 219/2010, reclamada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad En ese sentido, es notorio y manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de acuerdo al escrito de seis de diciembre de dos mil dieciocho, ya es materia de análisis del primigenio juicio de amparo 181/2019 del índice de este juzgado, el cual se encuentra pendiente de causar ejecutoria; por ende, se trata del mismo quejoso, misma autoridad responsable y mismo acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia P.J.24/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pagina 265, Materia Común, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten". En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con treinta minutos del uno de abril de dos mil diecinueve (foja 13 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración en representación del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional; asimismo, se le tiene como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que relaciona. .
- Principal
Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere.
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