Héctor Flores Piedra
Expediente 680/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Héctor Flores Piedra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Héctor Flores Piedra, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Héctor Flores Piedra, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 680/2020, que le corresponde y fórmese expediente físico y electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente administrativo 210/2019, en el que la autoridad responsable sobreseyó el procedimiento administrativo iniciado en contra de la Jueza y Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Atención a la Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo. En ese orden de ideas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." Esto es así, al considerar el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, consultable en el tomo XXIII, enero de 2006, materia administrativa, Novena Época, registro: 176129 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." De lo expuesto, se advierte que si bien cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia en su caso el procedimiento administrativo correspondiente; sin embargo, ello no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación optima del servicio público de que se trate; por ende, sólo se otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias careciendo de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del asunto por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar la responsabilidad administrativa. Sentado lo anterior, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso se advierte lo siguiente: ". A). Preciso que el suscrito soy demandado en el expediente familiar 19/2019, mismo que se radicó por la acción de violencia en mi contra por parte de la C. CECILIA BRINGAS REYMUNDO. . F). Ahora bien, la pericial practicada al disco compacto de la escucha, se desprende que mi hija nunca utilizó el término tocar, sino limpiar, como una cuestión de higiene y de limpieza, entonces la alteración del acta levantada por las servidoras públicas denunciadas fue tendenciosamente para afectar al suscrito y beneficiar a mi contra parte, cuando existe una total discrepancia entre las dos actas y términos ya que utilizaron el término "tocar" para poder suspenderme la convivencia siendo ya casi dos años los que llevo sin ver a mi hija por la parcialidad con la que se están conduciendo dichas servidoras públicas; exhibo en copia certificada la pericial en informática donde se aprecia la palabra correcta que ocupó mi menor hija de limpiar y no tocar, como quedó alterado en el acta por parte de las servidoras públicas. Por tal razón solicité al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerreo a través de una queja, que se investigaran tales anomalías y que se fincara la responsabilidad que correspondiera a las funcionarias denunciadas por haber alterado la referida actuación judicial, lo cual no ocurrió, lo cual me causa agravio y evidentemente a mi menor hija también. ." En ese orden de ideas, si el fin que persiguió la instauración del procedimiento administrativo de origen, fue resolver si las funcionarias judiciales contra las que se interpuso la queja (Jueza y Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Atención a la Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo), cometieron o no alguna falta en el ejercicio de su cargo, la resolución impugnada no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, de acuerdo al criterio jurisprudencial citado, el cual es obligatorio para este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, tomo III, Materia Común, Página 2365, Registro 2010368, de rubro y texto: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." De esta forma, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que al efecto indica. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a Brenda Adilene Sotelo Esteban, Blanca Elizabeth Sotelo Esteban y Manuel Leyva Sánchez, sin las restantes atribuciones que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial que antecede. La parte quejosa señala el correo electrónico el siguiente: soes1904@outlook.com y como número de teléfono celular 7471053813; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.
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