Héctor Hugo Rivera Llanes
Expediente 749/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Héctor Hugo Rivera Llanes
- agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula III-4 Tijuana, Baja California
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual remite testimonio de la resolución dictada en la queja penal 240/2022, en la que se resolvió: "Único. Es infundado el recurso queja interpuesto por ********************, por conducto de su defensor particular, contra la determinación dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales el estado de Baja California, residente en Tijuana, ahora, juez Decimotercero de Distrito en el estado de Baja California, en el juicio de amparo indirecto ******************** de su índice, por las razones expuestas en la consideración V de esta resolución." Acúsese recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del acuerdo en cita; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diez de abril de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Finalmente, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Héctor Hugo Rivera Llanes, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 19 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 749/2022-F. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, virtud que el término de quince días con el que contaba el quejoso para presentar la demanda de derechos fundamentales, trascurrió en exceso, como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]." En esa óptica, la causa de improcedencia contenida en el artículo transcrito, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, los actos que para efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el sumario biinstancial dentro de los plazos que la propia ley señala. Además, cabe precisar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el término de quince días como regla general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, al que el impetrante haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora, del análisis de la demanda se advierte que el impetrante Héctor Hugo Rivera Llanes, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular, reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, la determinación emitida en audiencia de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se le vinculó a proceso por la probable comisión del hecho señalado por la ley como el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, con fines de venta, en la causa penal 74/2022. Luego, al considerar que conforme a los principios de publicidad e inmediación, la audiencia en sí misma implica una participación real en el acto jurídico con el involucramiento de las partes, resulta palmario que los actos que ahí surjan, son del conocimiento de éstas en la misma fecha en la que se llevan a cabo, por lo que es indudable que el quejoso, en su carácter de promovente, es sabedor de la existencia del acto materia de reclamo desde el dos de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, se encuentra actualizada la causa de improcedencia invocada, toda vez que el impetrante no promovió el juicio de amparo dentro del plazo de quince días establecido por el párrafo primero del artículo 17 de la ley de la materia. Consecuentemente, si el escrito de demanda que dio origen a este juicio fue presentado hasta el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es dable concluir que su presentación fue extemporánea, al haberse presentado después de que feneció el plazo que la ley indica para instar el juicio constitucional y, como consecuencia, el acto reclamado se considera tácitamente consentido. Sin que se advierta alguna de las excepciones que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues aún y cuando se trata de un acto privativo de libertad, el mismo se reputa dictado dentro de un procedimiento penal. Virtud de las consideraciones expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por extemporánea la demanda de amparo promovida por Héctor Hugo Rivera Llanes, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular. Autorizados Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Gorgonio Saldaña Sánchez y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Miguel Ángel Alcántara Aburto, hasta en tanto, registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Domicilio Con motivo de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Tijuana, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que todas las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto se le realicen personalmente en dicho centro penitenciario. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Por otra parte, se tienen como medios de comunicación no procesal las direcciones de correo electrónico que proporciona el promovente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/CIBN/sob
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