Héctor Hugo Ríos Contreras

Expediente 53/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
53/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Héctor Hugo Ríos Contreras
  • Director General del CEFERESO #2 Occidente

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio rendido por las autoridades responsables por conducto de su representante, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de enero del año en curso, informan el acato a la suspensión de plano decretada en este asunto, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y anexos, recibido a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ******************** del índice de este juzgado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, sin que sea el caso acusar recibo de estilo correspondiente por así haber sido solicitado por la autoridad oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación proveniente del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, recibido a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 4/2019 del índice de este juzgado, por los motivos que en el mismo expone; acúsese recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, en virtud de que el quejoso Héctor Hugo Ríos Contreras, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco, y tomando en consideración que éste se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, tal como lo prevé el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y con apoyo en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese exhorto a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción para que notifique el proveído de veintiuno de enero pasado, así como este proveído, y para que haga entrega a las autoridades responsables de los oficios que se anexan. Se solicita al juez exhortado que tan pronto sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a este órgano jurisdiccional por el mismo medio con las actuaciones practicadas. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Visto el oficio firmado por el secretario de este juzgado, al cual anexa la demanda de amparo que promueve Héctor Hugo Ríos Contreras, de propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 53/2019-D. Se decreta suspensión de plano Tomando en consideración que el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado, a efecto de no ser trasladado a diverso centro carcelario, acto que atribuye a diversas autoridades administrativas; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado para que cese de manera inmediata cualquier acto tendente al traslado que refiere el impetrante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10A) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del centro de readaptación social donde se encuentra recluido el quejoso, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción de los oficios correspondientes, rindan informe en acato a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Competencia Ahora, de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso Héctor Hugo Ríos Contreras, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco, asimismo, se advierte que señaló como acto reclamado la orden de traslado y su ejecución a diverso centro de reclusión del que actualmente se encuentra. Ante ello, es necesario puntualizar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción anterior, se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. En ese contexto, es inconcuso que los actos reclamados y sus consecuencias jurídicas y materiales no tienen ejecución en esta localidad, en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción, sino en el lugar en el que el quejoso se encuentra recluido, en tanto que se encuentra relacionado con las circunstancias de ejecución de la pena de prisión que cumple en el centro penitenciario en que se encuentra; por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la autoridad competente para conocer de la demanda es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.P.16 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2093, libro 32, julio de 2016, tomo III, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Por lo antes expuesto, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y se declina la competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a fin de que lo turne al juzgado de distrito que corresponda. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1221, libro 47, octubre de 2017, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL. Para fijar la competencia por materia en un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que todos los actos relacionados con la ejecución de las penas, tales como la aplicación de penas alternativas a la prisión, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deba cumplirse una pena, así como todos los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los reclusos y situaciones conexas son de naturaleza penal; asimismo, la Primera Sala del Alto Tribunal ha sostenido que cualquier acto relacionado con las condiciones en las que se lleva la prisión preventiva (como serían los aspectos relacionados con la visita íntima y familiar) debe ser autorizado por el Juez de proceso o de la causa penal, en tanto que dicho periodo se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva. En ese sentido, se concluye que no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad ni de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de Ejecución en Materia Penal, quienes deben asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que pueden acontecer, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, por lo que, tanto el acto reclamado consistente en la negativa a otorgar más tiempo (horas) en la visita familiar e íntima y acortar los días entre visita y visita, como en la desposesión de los documentos jurídicos del sentenciado, cartas de familiares y la falta de entrega de códigos, leyes y pactos internacionales para su defensa legal, por parte de las autoridades penitenciarias, están estrechamente relacionados con la ejecución de la pena que cumplen dentro del centro preventivo donde están internos y, además, representan un problema relacionado con el trato que reciben cotidianamente conforme al nuevo modelo penitenciario de reinserción social; de ahí que corresponde conocer del asunto a un Juez especializado en materia penal y, por ende a un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en esa materia." [Énfasis añadido] Así también, se le solicita al juzgado que le toque conocer del presente asunto, informe a este órgano jurisdiccional la determinación que recaiga a este proveído. Notificación vía exhorto Ahora, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco, y tomando en consideración que éste se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, tal como lo prevé el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y con apoyo en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese exhorto a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción para que notifique este proveído. Se solicita al juez exhortado que tan pronto sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a este órgano jurisdiccional por el mismo medio con las actuaciones practicadas. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano