Héctor Hernández Andrade
Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor Hernández Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el quejoso ********************, interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción IV), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso Héctor Hernández Andrade, en atención a su contenido, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento formulado por auto de quince de mayo del año en curso, respecto a la demanda de amparo presentada contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 449/2023/II-B. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda así como el escrito aclaratorio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron los hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,3 de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa reclama a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: -La interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca 666/2023, a través del cual se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio civil 536/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. -El auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el toca 666/2023, por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitida dentro del citado expediente, por el cual se declaró firme la misma. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE CAUSAS MANIFIESTAS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4,4 del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÒN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. En el caso, la suscrita considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXl, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. De ese modo, si el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca 666/2023, por los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio civil 536/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y contra esa determinación interpuso recurso de reposición, es inconcuso que tal actuación judicial, sustituyó a la reclamada, consistente en la interlocutoria de dieciocho de abril de la presente anualidad; por lo que han cesado sus efectos. En efecto, de la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Así las cosas, la resolución de dieciocho de abril del año que transcurre, ya no puede ser sujeto a examen en este juicio de amparo como lo pretende la quejosa, dado que no podría estudiarse su legalidad o constitucionalidad sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo, el cual no obstante también es impugnado en la presente vía. Ilustra las consideraciones anteriores, por las razones jurídicas que aporta, la tesis aislada III.3o.C.23 K, que en materia común emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, de enero de 1997, página 410, de la Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Respecto a dicho acto reclamado, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que, los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza, no son de aquellos que produzcan efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 61, fracción XXlll y 107, fracción V, y 172, fracciones VI, IX, y XII, de la Ley de la Materia, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" ""Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por otro lado, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, conviene precisar que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo el artículo 172 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución imposible de reparar; o sea, cuando afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio natural, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Una vez precisado lo anterior, debe destacarse que el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el toca 666/2023, por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitida dentro del citado expediente, por el cual se declaró firme la misma, en el sentido de declarar improcedente el recurso de apelación impetrado contra la determinación de veinticuatro de noviembre del año pasado, dictada en el juicio civil 536/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por la cual se admitió la prueba pericial en agrimensura ofrecida por su contraparte, por lo que se puede advertir con claridad que se está en presencia de un acto dictado dentro de juicio, que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, resulta incuestionable que dicha actuación no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que, únicamente pudiera implicar una infracción a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Máxime que las consecuencias de la resolución reclamada, no implica necesariamente una sentencia desfavorable a los intereses de la parte interesada. En ese sentido, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si el inconforme obtiene sentencia favorable en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de la determinación que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo; lo que corrobora la causa de improcedencia invocada. Adquiere aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 175 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 144, del tomo VI del "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra "actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, cobra vigencia la tesis P./J. 24/92, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la tesis I.1º.A.7 K 7 , pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1231, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del promovente, y por tanto, no es de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción artículo 61, fracciones XXI y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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