Héctor Daniel Alvarado Cano

Expediente 934/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
934/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Héctor Daniel Alvarado Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que el promovente de amparo interpusiera recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de octubre del presente año, transcurrió del veintinueve de octubre al cinco de noviembre de dos mil diecinueve; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, en cumplimiento al punto decimoprimero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en párrafos que anteceden, prevéngase a la parte quejosa, para que de estimarlo conveniente solicite la devolución de la documental que anexó a su demanda de amparo, para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente.

  2. Principal

    ...se tiene por no presentada la demanda...archívese el asunto como concluido.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Daniel Alvarado Cano, quien se ostenta como apoderado legal de Alma Nataly Rivera Méndez y demás actores del expediente laboral número 277/2011-1, contra el acto que reclama de los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 934/2019 IV - A. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. De la interpretación armónica de los artículos 108, 113, 114 y 115, todos de la Ley de Amparo, se advierte que al inicio del juicio de garantías se presentan distintas situaciones a resolver por parte del Juez de Distrito, atendiendo al caso concreto que se presenta ante su jurisdicción. Entre esas situaciones, se encuentra el caso de que se advierta alguna irregularidad en el referido ocurso de demanda, o bien, se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el promovente pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda el apercibimiento de ley, ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que el promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de garantías. En ese contexto, sí existe una imprecisión de los actos reclamados, a efecto de no dejar en estado de indefensión al solicitante de amparo, debe requerirlo por no haber expresado con precisión los actos reclamados. Lo que cobra relevancia si se toma en consideración, que a fin de impartir una recta administración de justicia, el juez de amparo debe conocer con exactitud la intención del promovente, armonizando los datos y elementos que conformen la demanda de amparo, lo que debe hacerse, tomando en cuenta los actos señalados por el quejoso en armonía con los demás hechos relatados en la demanda correspondiente. IMPRECISIONES QUE SE APRECIAN EN EL ESCRITO DE DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; ahora bien, la parte quejosa en su demanda de amparo reclama: - El auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el expediente 277/2011-1. Así mismo, el promovente aduce instar la demanda de amparo en su carácter de apoderado legal de Alma Nataly Rivera Méndez y demás actores del expediente laboral número 277/2011-1 del índice del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y en contra de esta y del Presidente y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Sin embargo, el referido promovente omitió anexar el original, o bien copia certificada del documento con el que acredita la personalidad que aduce, es decir, apoderado legal de Alma Nataly Rivera Méndez, esto, por que si bien es cierto que exhibió una copia simple del auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el expediente 277/2011-1, no menos lo es que tal documental carece por sí misma de valor probatorio pleno, por ser una copia simple, que sólo podría generar presunción de la existencia del documento con el que pretende acreditar el carácter que dice tener; empero, ésta no está concatenada con algún otro elemento probatorio distinto, para justificar el hecho que se pretende demostrar; por lo que, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, deberá exhibir las constancias pertinentes para acreditar el carácter que dicen tener. No es óbice a lo anterior que también anexara el original del acuse del escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que no acredita que sea apoderado de la quejosa, sino únicamente acredita que presentó promoción con tal carácter, sin que se acreditara que ante la autoridad responsable efectivamente sea apoderado legal de Nataly Rivera Méndez. Además de que el referido promovente también adujo ser apoderado legal de los "demás actores" del expediente laboral número 277/2011-1 del índice del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, sin que precisara si únicamente promueve la presente demanda en representación de la mencionada Rivera Méndez o si también lo hace en representación de los demás actores, así como los nombres de estos, finalmente, el mencionado promovente refiere señalar como autoridades responsables al Presidente y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y dado que el acto reclamado se hace consistir en el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el expediente 277/2011-1, sin embargo no precisa el acto que reclama al Presidente y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 2a./J. 32/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Por tanto, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I y IV, y 114, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo, requerir al promovente, para que en el acto de la notificación de este proveído o dentro del plazo de cinco días, manifieste bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, el promoverte de amparo cumpla con lo siguiente: Exhiba el original, o bien copia certificada del documento con el que acredite el carácter de representante legal o apoderado de Alma Nataly Rivera Méndez y de cualquier otra persona que señale como quejosa. En apoyo de lo anterior es de invocar la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Especifique cuál es el acto que reclama al Presidente y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, asimismo deberá narrar bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyan los antecedentes del acto que les reclame. Precise a favor de quien o quienes promueve el juicio de amparo, para lo cual deberá de indicar el nombre de cada una de las personas en cuyo nombre pretenda promover la demanda. Lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en el inciso a) y b), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. En cambio, de cumplir cabalmente con lo ordenado en los incisos a) y b), pero no con lo precisado en el c), únicamente se admitirá la demanda por cuanto hace a Alma Nataly Rivera Méndez. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J.36/2001, publicada en la página setenta y nueve, del Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/2000, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Todo lo antes expuesto y requerido resulta trascendental para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la admisión de la demanda, así como para que la autoridad señalada como responsable esté en aptitud de dar contestación a la demanda de amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee. AUTORIZADOS. Por cuanto hace a su petición en el sentido de que se tengan como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los mencionados en su demanda de amparo, dígasele que una vez que los designe se acordará lo conducente, toda vez que en su demanda de amparo no asentó a ningún autorizado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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