Héctor González Luna (Occiso)
Expediente 1071/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 57 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Héctor González Luna (Occiso)
- HÉCTOR GONZÁLEZ LUNA (OCCISO) y Otros.
- CLAUDIA MARÍA CASTILLERO DEL SAZ URIBE (ALBACEA) y Otros.
- Claudia María Castillero del Saz Uribe (Albacea)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. I. Escrito de cuenta. Intégrese a los autos el escrito signado por Jonathan Juárez Tapia, autorizado del tercero interesado Homero de Jesús Flores Robles en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; mediante el cual solicita que este órgano jurisdiccional requiera a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla que deje sin efecto jurídico toda anotación marginal que hubiere asentado en el folio real inmobiliario identificado con el número 0052239-1, con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo y de su incidente de suspensión. Al respecto, dígase al promovente que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, pues al margen de que por acuerdo de ocho de agosto del año en curso se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, tanto en el expediente principal de este juicio como en su incidente de suspensión no se ordenó anotación marginal alguna; no obstante, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer ante las instancias correspondientes en caso de que la referida autoridad haya realizado un acto en contravención de sus derechos. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por haberse presentado físicamente. Notifíquese por lista al promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Escrito de cuenta. Intégrese a los autos el escrito signado por Jonathan Juárez Tapia, autorizado del tercero interesado Homero de Jesús Flores Robles en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse -a su costa- copia certificada por triplicado de la constancia que indica, autorizando para tal efecto a las personas que menciona en su escrito de cuenta, quienes, en su caso, deberán comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma). II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por haberse presentado físicamente. Notifíquese por lista al promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. I. Escrito de cuenta. Intégrese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado del tercero interesado ******************** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse -a su costa- copia certificada por triplicado de la constancia que indica, autorizando para tal efecto a las persona que menciona en su escrito de cuenta, quienes, en su caso, deberán comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma). II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por haberse presentado físicamente. Notifíquese por lista al promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintitrés. A. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. I. Antecedentes. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, ante la entonces denominada Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, ********************, en su carácter de albacea provisional de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. Auto de radicación y admisión. Por acuerdo dictado el siete de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-denominación actual- registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 1071/2022; asimismo, admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables, fijo hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, inciso d), de la ley de la materia, se tuvo y se emplazó con el carácter de tercero interesado a ******************** -imputado de origen-, quien, mediante escrito recibido en este juzgado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós -registro 18303 de 2022-, se apersonó al presente juicio con dicho carácter. Primera ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ante la entonces denominada Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, la quejosa amplió su demanda de amparo, en relación con el acto que hizo consistir en: ( La inscripción número 15********************0802 de 10 de octubre de 2022 en el folio real inmobiliario ******************** de los registros del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, relativa al segundo aviso preventivo y definitivo solicitado por la Notaría Pública número 19 de la ciudad de Puebla, correspondiente a una protocolización de oficio de segregación, disolución de copropiedad y aplicación de bienes sobre el bien inmueble identificado como predio número oficial ********************, fusionado al polígono denominado"********************", ubicado al lado ********************, en San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla. Trámite de la primera ampliación. Previa ratificación del referido escrito, por acuerdo emitido el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la ampliación de demanda, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Segunda ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, directamente ante este órgano jurisdiccional, la quejosa amplió nuevamente su demanda de amparo, en relación con el acto que hizo consistir en:( La determinación dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (sic), dentro de la carpeta de investigación ********************, por la cual, la autoridad responsable 2. ********************, Agente del Ministerio Público comisionado a la Unidad Especializada de Investigación y Licitación de Delitos de Abuso de Confianza y Fraude de la Fiscalía General del Estado de Puebla, estableció que había causado estado la diversa resolución de no ejercicio de la acción penal de treinta de agosto de dos mil veintidós. Trámite de la segunda ampliación. Por auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la ampliación de demanda, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercera ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, directamente ante este órgano jurisdiccional, la quejosa amplió nuevamente su demanda de amparo, en relación con el acto que hizo consistir en:( La determinación dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación ********************, por la cual, el referido fiscal responsable estableció que había causado estado la diversa resolución de no ejercicio de la acción penal de treinta de agosto de dos mil veintidós. Cuarta ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el mismo seis de diciembre de dos mil veintidós, directamente ante este órgano jurisdiccional, la quejosa amplió nuevamente su demanda de amparo, en relación con los conceptos de violación encaminados a combatir el oficio 1424/2022 de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emitido dentro de la carpeta de investigación ******************** -acto reclamado en el escrito inicial de demanda-. Trámite de la tercera y cuarta ampliación. Por auto dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite las ampliaciones de demanda, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En resolución dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, al estimar actualizada, de forma manifiesta, notoria e indudable, diversas causales de improcedencia, determinó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que se radicó con el número de amparo en revisión R******-0/2023 de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en donde mediante ejecutoria emitida el treinta de marzo de dos mil veintitrés, revocó el sobreseimiento decretado y ordenó la continuación del procedimiento. Cumplimiento a la ejecutoria. En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y continuó con el trámite del presente juicio. Ampliación de competencia y cambio de denominación de este órgano jurisdiccional. En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Cita para audiencia. En acuerdo de veintisiete de junio del actual, se fijaron las diez horas con dos minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. II. Análisis de la causal de improcedencia. Sentado lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se actualiza, de forma manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia de cesación de efectos, prevista en el artículo ********************1, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Se explica. De la interpretación que se realiza de la aludida disposición legal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: i) Por revocación. Hipótesis que se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la persona gobernada es restituida en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; y, ii) Por sustitución. Hipótesis que se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, el primer supuesto se entiende por la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje alguna huella. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la existencia legal del segundo supuesto antes mencionado dentro de la contradicción de tesis 83/2012, en donde determinó que el desechamiento del recurso idóneo y el efecto que éste genera provocan que la resolución que se pretende recurrir quede firme, sustituya procesalmente a la impugnada y, por ende, que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, relativa a la cesación de efectos. Sentado lo anterior, en el particular, se tiene que ********************, en su carácter de albacea provisional de ********************, reclama en el presente juicio lo siguiente: 1. El oficio 1424/2022 de 21 de septiembre de 2022, emitido dentro de la carpeta de investigación ********************, por el cual se ordenó la cancelación de la anotación marginal número ******************** de 22 de junio de 2021, inscrita en el folio real inmobiliario ******************** del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla y derivada del diverso oficio 1432/2021 de 18 de junio de 2021, por el que se ordenó la suspensión de cualquier trámite, movimiento administrativo, cambio de propietario u otro movimiento sobre el bien inmueble identificado como predio número oficial ********************, fusionado al polígono denominado "********************", ubicado al lado ********************, en San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla -acto reclamado en el escrito inicial de demanda-; 2. Su ejecución, que -a decir de la promovente- se tradujo en las inscripciones números 1554********************48 de 27 de septiembre de 2022 y 15****************************************78 de 29 de septiembre de 2022, ambas realizadas en el folio real inmobiliario ******************** del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla; la primera relativa al oficio reclamado antes referido y la segunda relativa al primer aviso preventivo solicitado por la Notaría Pública número 19 de la ciudad de Puebla, correspondiente a una protocolización de oficio de segregación, disolución de copropiedad y aplicación de bienes sobre el bien inmueble identificado como predio número oficial ********************, fusionado al polígono denominado"********************", ubicado al lado ********************, en San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla -actos reclamados en el escrito inicial de demanda-; 3. La inscripción número 15********************0802 de 10 de octubre de 2022, efectuada en el folio real inmobiliario ******************** del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, relativa al segundo aviso preventivo y definitivo solicitado por la Notaría Pública número 19 de la ciudad de Puebla, correspondiente a una protocolización de oficio de segregación, disolución de copropiedad y aplicación de bienes sobre el bien inmueble identificado como predio número oficial ********************, fusionado al polígono denominado"********************", ubicado al lado ********************, en San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla -acto reclamado en la primera ampliación de demanda-; y, 4. La determinación dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación ********************, por la cual, la autoridad responsable 2. ********************, Agente del Ministerio Público comisionado a la Unidad Especializada de Investigación y Licitación de Delitos de Abuso de Confianza y Fraude de la Fiscalía General del Estado de Puebla, estableció que había causado estado la diversa resolución de no ejercicio de la acción penal de treinta de agosto de dos mil veintidós -acto reclamado en la segunda y tercera ampliación de demanda-. Luego, de las documentales aportadas en autos, consistentes en diversos registros tanto escritos como de audio y video derivados de la carpeta de investigación de origen y de la carpeta judicial de control judicial previo ********************; las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte, en lo que interesa, la siguiente información:( No ejercicio de la acción penal. El treinta de agosto de dos mil veintidós, el fiscal responsable determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de la indagatoria de origen.( Impugnación en términos del artículo 258 del CNPP. El catorce de septiembre de dos mil veintidós,********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, tuvo a la ahora promovente solicitando control judicial para combatir la resolución de no ejercicio de la acción penal.( Oficio reclamado. Mediante misiva 1424/2022 de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el fiscal responsable ordenó al Registrador Público de la Propiedad de la CircunscripciónTerritorial de Cholula, Puebla que dejara sin efectos la anotación marginal número ******************** de 22 de junio de 2021, inscrita en el folio real inmobiliario ******************** del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla y derivada del diverso oficio 1432/2021 de 18 de junio de 2021.( Firme no ejercicio de la acción penal. El diez de octubre de dos mil veintidós, el fiscal responsable declaró que había causado estado la determinación de treinta de agosto de dos mil veintidós.( Resolución judicial. En audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en lo que interesa, revocó la resolución de treinta de agosto de la misma anualidad, relativa al no ejercicio de la acción penal, y ordenó a la fiscalía a dictar una nueva con libertad de jurisdicción, subsanando los vicios de forma detectados; de igual forma, instruyó a la representación social revocar el oficio 1424/2022 de 21 de septiembre de 2022 -acto reclamado- y sus consecuencias; esto es, remitir un oficio al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla para el efecto de que no retirara la anotación marginal número ******************** de 22 de junio de 2021, inscrita en el folio real inmobiliario ******************** y derivada del diverso oficio 1432/2021 de 18 de junio de 2021; y, en caso de haberlo hecho, regresara las cosas al estado que tenían antes de que se le remitiera el citado oficio reclamado, precisando, además, que debían quedar sin efectos las consecuencias que se dieron por haber levantado dicha anotación marginal.( Primera parte del cumplimiento a la determinación judicial. El veinticinco de abril de dos mil veintitrés, el fiscal responsable remitió al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla el oficio********************30/2023, por el cual, le ordenó suspender cualquier trámite y/o movimiento administrativo y/o de traslativo de dominio respecto del bien inmueble identificado como predio número oficial ********************, fusionado al polígono denominado "********************", ubicado al lado ********************, en San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla, inscrito con el folio real inmobiliario********************. Oficio que se recibió con la boleta de "ingreso" 202321151.( Segunda parte del cumplimiento a la determinación judicial. En auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad judicial tuvo al fiscal responsable remitiendo copia cotejada de un acuerdo donde dejó sin efectos la determinación de treinta de agosto de dos mil veintidós, relativa al no ejercicio de la acción penal.( Tercera parte del cumplimiento a la determinación judicial. Mediante oficio de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla comunicó a este Juzgado Federal que la anotación marginal con número de inscripción******************** de 22 de junio de 2021, que se ordenó cancelar con motivo del oficio reclamado, se subió nuevamente, pero con el número de inscripción 1********************59325 de 1******************** de junio de 2023. Para acreditar su dicho, remitió la boleta respectiva, de la que se observa que el registrador asentó que la citada anotación marginal retomó su vigencia.( Cuarta parte del cumplimiento a la determinación judicial. Mediante oficio de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla informó a este Juzgado Federal, en lo que interesa, que la anotación marginal 1********************59325 de 1******************** de junio de 2023 (aludida en el punto anterior), antes ******************** de 22 de junio de 2021, seguía vigente y había dejado sin efectos todo lo que surgió durante su vigencia.( Quinta parte del cumplimiento a la determinación judicial. Mediante oficio de seis de julio de dos mil veintitrés, el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla hizo saber a este Juzgado Federal, en lo que interesa, que se cancelaron las inscripciones 15****************************************78 de 29 de septiembre de 2022 -acto reclamado en la demanda de amparo- y 15********************0802 de 10 de octubre de 2022 -acto reclamado en la primera ampliación de demanda-, ambas realizadas en el folio real inmobiliario ********************; relativas al primer aviso preventivo y al segundo aviso preventivo y definitivo, solicitados por la Notaría Pública número 19 de la ciudad de Puebla, correspondiente a una protocolización de oficio de segregación, disolución de copropiedad y aplicación de bienes sobre el bien inmueble identificado como predio número oficial ********************, fusionado al polígono denominado "********************", ubicado al lado ********************, en San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla. Cancelaciones que quedaron registradas, respectivamente, con los números de inscripción 1****************************************7080 y 1****************************************7085. En ese tenor, se estima que, por cuanto a los actos reclamados en esta instancia constitucional, surte la primera hipótesis de cesación de efectos, tomando en cuenta que en acatamiento a la resolución dictada en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del control judicial previo ********************, el juez de control ******************** revocó la determinación de treinta de agosto de la misma anualidad, relativa al no ejercicio de la acción penal, y ordenó que las cosas regresaran al estado en que se encontraban en el folio real inmobiliario******************** hasta antes de la inscripción del oficio 1424/2022 reclamado, por el que el fiscal responsable ordenó al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla que dejara sin efectos la anotación marginal número ******************** de 22 de junio de 2021, derivada del diverso oficio 1432/2021 de 18 de junio de 2021. Luego, dicha resolución judicial fue cumplida por el referido registrador público, pues éste inscribió nuevamente la citada anotación marginal con efectos retroactivos a la fecha de su primera inscripción -22 de junio de 2021- y canceló las inscripciones 15****************************************78 de 29 de septiembre de 2022 y 15********************0802 de 10 de octubre de 2022, ambas realizadas en el folio real inmobiliario ********************; relativas al primer aviso preventivo y al segundo aviso preventivo y definitivo, solicitados por la Notaría Pública número 19 de la ciudad de Puebla, correspondiente a una protocolización de oficio de segregación, disolución de copropiedad y aplicación de bienes sobre el bien inmueble identificado como predio número oficial ********************, fusionado al polígono denominado "********************", ubicado al lado ********************, en San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla. Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión ********************0/2023, reconoció, por un lado, que con el dictado de la resolución del control judicial previo, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dejó sin efectos tanto la determinación del no ejercicio de la acción penal de treinta de agosto de dos mil veintidós como el auto que la declaró firme de diez de octubre del mismo año -acto reclamado en la segunda y tercera ampliación de demanda de amparo-, tal como se desprende de la porción de la ejecutoria respectiva -lo destacado es propio-:"(.) En efecto, respecto del segundo acto reclamado, la resolución que declaró firme el auto que determinó el no ejercicio de la acción penal, en este momento, aunque haya evidencia de que ese no ejercicio se dejó sin efectos y, por tanto, también el auto que se reclamó, al no haber constancia de que efectivamente ya se realizó lo ordenado por el juez de control, es imposible determinar en esta resolución alguna cuestión adicional, relacionada con diversa causa de improcedencia, pues no se cuenta con sustento probatorio para así afirmarlo.(.)" Asimismo, advirtió que, al momento de decretarse el primer sobreseimiento fuera de audiencia constitucional -de diecinueve de enero de dos mil veintitrés-, no existían las constancias que avalaran que se dejaron sin efectos las consecuencias legales del no ejercicio de la acción penal y del oficio reclamado, es decir, aquéllas que acreditaran que las cosas regresaron al estado en que se encontraban antes de éstos. Ello, tal como se observa de siguiente porción de la ejecutoria respectiva -lo destacado es propio-:"(.) En esa audiencia, como se advierte de la constancias remitidas, el juez de control determinó dejar sin efectos la resolución de no ejercicio de la acción penal; además, le ordenó al agente del Ministerio Público responsable que remitiera un oficio al Registrador Público de la Propiedad para el efecto de que no retirara la anotación marginal relativa a una medida de aseguramiento y, de haberlo hecho, regresara las cosas al estado que tenían antes de que se le remitiera el oficio que constituye el acto reclamado en el juicio que se revisa, toda vez que el no ejercicio de la acción penal no quedó firme. Precisando que las consecuencias que se dieron por haber levantado la anotación registral, también debían quedar sin efectos. Es importante señalar, que si bien se tiene certeza de que esa audiencia se llevó a cabo y que esos fueron los lineamientos que dio el juez de control para que se cumpliera la misma, hasta este momento no se tiene constancia que acredite que el agente del Ministerio Público Comisionado a la Unidad Especializada de Investigación y Litigación en Delitos de Abuso de Confianza y Fraude de la Fiscalía General del Estado haya dado cumplimiento a ellos. Por lo que, si tal audiencia ya se llevó a cabo, y se resolvió favorablemente para la quejosa lo relativo al recurso interpuesto por la misma, contra la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós en la que se determinó por parte de la autoridad responsable el no ejercicio de la acción penal, pero no se encuentran las constancias que avalen que ya se dejó sin efectos tal resolución y sus consecuencias legales, no es procedente sobreseer en el juicio fuera de audiencia, y debe continuar el trámite del juicio de amparo. En efecto, respecto del segundo acto reclamado, la resolución que declaró firme el auto que determinó el no ejercicio de la acción penal, en este momento, aunque haya evidencia de que ese no ejercicio se dejó sin efectos y, por tanto, también el auto que se reclamó, al no haber constancia de que efectivamente ya se realizó lo ordenado por el juez de control, es imposible determinar en esta resolución alguna cuestión adicional , relacionada con diversa causa de improcedencia, pues no se cuenta con sustento probatorio para así afirmarlo. El mismo caso opera para el tercer acto reclamado, la inscripción 15********************0802 de diez de octubre de dos mil veintidós, relativo al segundo aviso preventivo relacionado al bien inmueble con folio real inmobiliario********************, ya que como se dijo en la resolución del juez de control, las consecuencias de la cancelación de la medida precautoria respecto de la anotación marginal ******************** (sic). Sin embargo, no existe constancia en el juicio de amparo, ni en las constancias que se acompañaron al mismo, que demuestre que el acto reclamado en comento, haya quedado sin efectos. Ahora, si el juez de distrito tuvo noticia de la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós dentro del Control Judicial Previo ********************, mediante oficio 887********************/2022/CHOL remitido por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, al que adjuntó la copia de audio y video de la misma, al momento de decretar el sobreseimiento, el diecinueve de enero de dos mil veintidós (sic), no era posible decretar el sobreseimiento en el juicio al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo ********************1, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del tercero de los actos reclamados. Lo anterior, porque del análisis de la audiencia de ocho de diciembre mencionada, y de los argumentos que dio el secretario encargado del despacho para justificar los sobreseimientos de los tres actos reclamados, existen contraposiciones que, según las constancias que se allegaron al juicio, hacen imposible dictar el sobreseimiento fuera de audiencia. Como se ha establecido, si el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente resolvió con fecha anterior a la del acuerdo recurrido, una cuestión que no permite decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, el trámite dentro del juicio de amparo 1071/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal debe continuar para que, en su momento, y allegado de las constancias pertinentes y necesarias, como las que acrediten que se cumplió con lo determinado por el juez de control ya mencionado, se dicte la resolución que en derecho corresponda, en la cual, inclusive, se puedan advertir demostradas plenamente la actualización de alguna o algunas causas de improcedencia, pues el sobreseimiento fuera de audiencia solo puede decretarse cuando se acrediten de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2023 (sic) (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece:(.)" Sin embargo, como se vio, el registrador público inscribió nuevamente -y con efectos retroactivos- la anotación marginal cancelada con motivo del oficio aquí combatido y canceló, especialmente, el primer aviso preventivo y el segundo aviso preventivo y definitivo, solicitados por la Notaría Pública número 19 de la ciudad de Puebla, que fueron consecuencia del levantamiento de la anotación marginal. De ahí que ha quedado superada la imposibilidad para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, advertida por el Tribunal Colegiado en el indicado amparo en revisión, pues es posible concluir que los efectos de los actos reclamados han cesado (primer supuesto: destrucción en forma inmediata, total, incondicional y material del acto reclamado). En efecto, las autoridades a quienes se les atribuyeron los mismos, dejaron de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante del amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento se estimaron vulnerados. La improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. III. Sobreseimiento. En consecuencia, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia constitucional el presente juicio, con fundamento en el artículo ********************3, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la referida causa de inviabilidad de manera manifiesta, notoria e indudable. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de 10 de junio de 2011- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. No se desatiende que a la fecha en que se dicta la presente determinación no han transcurrido los ocho días de vista que se concedieron a las partes por auto de diez de julio de dos mil veintitrés en términos del artículo 117 de la ley de la materia, con diversas constancias remitidas por el registrador público responsable en complemento a sus informes justificados; lo cual, podría constituir una violación a las reglas del procedimiento del juicio, en términos del artículo 93, fracción IV, de la propia ley. No obstante ello, debe indicarse que la causal de improcedencia que ahora se analiza se actualizó de manera manifiesta, notoria e indudable, por lo que este juzgador se encuentra en aptitud de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, habida cuenta que al ser la improcedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público y estudio preferente, el órgano de amparo está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa a la parte quejosa, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. En efecto, en aras de cumplir con la garantía de prontitud en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio aun y cuando no haya fenecido la vista otorgada en términos del aludido artículo 117, pero siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta, notoria e indudable. De modo que, de interpretar de manera rigorista la indicada fracción IV, del artículo 93, implicaría desconocer el aludido principio, pues a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para respetar la aludida vista, cuando resulte incuestionable que a partir de la revisión de las constancias recabadas en el juicio se aprecie la causa de inviabilidad analizada. Además, conllevaría desconocer la figura del sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, del que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2********************/2002-PL, señaló es procedente decretar cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Estimar lo contrario -afirmó-, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al aludido artículo 17 Constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En suma, la parte quejosa, en términos del artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo, tendrá la oportunidad de ofrecer los elementos de prueba que considere conducentes para desestimar la causal de improcedencia ante el Tribunal Colegiado, en caso de que se recurra esta determinación por medio del recurso de revisión. IV. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con dos minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. Integración al expediente físico. La presente resolución se integra al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 2********************3, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la resolución que pone fin a la primera instancia de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado********************, por no haber señalado domicilio para tales efectos; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
Quedan 53 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Hector Ferrer Dominguez1017/2023
- Hector Ferrer Dominguez632/2023
- Héctor Galicia Reyes1400/2016
- HECTOR GALICIA RODRIGUEZ y Otros.1065/2022
- Hector Garcia Martinez1121/2021
- Hector Garcia Sanchez281/2021
- Hector Gonzalez Salinas551/2017
- Hector Gonzalez Salinas390/2017
- Hector Guerrero Bello661/2022
- Hector Guerrero Cambiasso504/2019
- Hector Hernandez Perez146/2021
- Hector Hernandez Perez1164/2016