Hector Garcia Martinez

Expediente 1121/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1121/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Hector Garcia Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a sus autos el escrito del quejoso Héctor García Martínez, mediante el cual se desiste del presente juicio de garantías; por lo tanto, dada la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al ocursante para que ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no desistido de la demanda de amparo, con sus consecuencias legales inherentes. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción que corresponda para que realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Héctor García Martínez, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1121/2021-; Notifique a la parte quejosa el presente proveído; Al momento de la diligencia ponga a la vista del quejoso el escrito con registro de entrada 21563; y lo requiera para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si ratifica el mismo; Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. Asimismo, las notificaciones que se encomienda deberán practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. -Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021; -Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; También se aprecia que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; y, turnado físicamente a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente; Que en la demanda con la que se dará cuenta se reclaman actos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 15 de la Ley de Amparo (urgentes). Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1121/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realice lo siguiente: ÚNICO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama en esta vía constitucional, pues omitió expresar dicha protesta, la cual constituye un requisito formal que debe contener la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que la omisión en que incurrió la parte promovente resulta relevante a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación del inconforme narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento la parte promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones del acto reclamado, pues no se advierte capitulo respectivo en la demanda de amparo, por lo que deberá narrar los antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.127/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página treinta y dos, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la ley de amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO SOLICITADA. No pasa inadvertido para este juzgador que el promovente solicita la suspensión de plano respecto al acto reclamado consistente en su detención y/o privación ilegal de la libertad; sin embargo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano de dicho acto reclamado; lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que del contenido de la demanda que dio origen al presente controvertido constitucional, se advierte que los actos que por esta vía se combaten, no se ubican en alguna de las hipótesis previstas en dicho numeral, máxime que la demanda fue promovida por propio derecho y firmada por el quejoso directo. De igual forma, al haber señalado como autoridad responsable ordenadora al Juez Primero de lo Penal del Estado de Puebla, es inconcuso que aquélla cuenta con facultades constitucionales y legales para emitir órdenes privativas de libertad dentro de procedimiento judicial, como formas de conducción al proceso, razón por la que se estima improcedente decretar la suspensión de plano, en relación con el acto precisado. SOLICITUD DEL QUEJOSO PARA EL EFECTO DE QUE SE ORDENE SU LIBERTAD. De igual forma, respecto a la solicitud que hace el promovente, en el sentido que se ordene su libertad, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues dicho tópico únicamente podría será materia de análisis de fondo, al momento de dictar sentencia. Además, en todo caso, tal petición deberá realizarse directamente ante el juez de la causa, en virtud de que dicha potestad es el órgano jurisdiccional facultado para seguir, a petición del imputado, el procedimiento de revisión de medidas cautelares, incluyendo la de prisión preventiva, decretadas por mandamiento de autoridad judicial, de conformidad con lo estipulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tan es así, que la nueva legislación que rige el juicio de control constitucional, ya no prevé la posibilidad de solicitar al juez de Distrito la libertad caucional, de lo que se sigue que ha sido voluntad del legislador someter el tema de la prisión preventiva a la jurisdicción exclusiva del juez de la causa. Orientan el criterio del suscrito Juez de Distrito, en lo conducente, las tesis de rubro y texto siguientes: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LA PETICIÓN PARA QUE SE CONCEDA ESTE BENEFICIO EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, DEBE REALIZARSE ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA Y NO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. La petición para que se conceda el beneficio de la libertad provisional bajo caución en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, debe realizarse ante el Juez de la causa y no dentro del incidente de suspensión, ya que es el órgano jurisdiccional facultado para seguir, a petición del imputado, el procedimiento de revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en el sistema mixto o tradicional, de conformidad con los artículos 153 a 171 del código mencionado. Además, de dicho precepto transitorio se advierte que para la revisión y, en su caso, sustitución de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, se prevé toda una secuela procedimental que, por disposición expresa del legislador, debe sustanciarse necesariamente ante el Juez de la causa, la cual comprende dar vista a las partes, oportunidad al Ministerio Público adscrito de investigar y acreditar lo conducente, y el desahogo de la audiencia correspondiente, a fin de resolver lo pertinente sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas referidas. Procedimiento que se justifica en tanto que para la revisión y eventual cese o sustitución de las medidas cautelares, debe respetarse el derecho de audiencia de las partes en el proceso penal, lo cual conlleva la ponderación no sólo de los derechos y circunstancias del inculpado o imputado, sino de los derechos y peculiaridades de la víctima u ofendido, y de la intervención del Ministerio Público en la investigación respectiva, para determinar si procede modificar el estatus de aquéllas; de ahí que dicho procedimiento únicamente sea sustanciable ante el Juez natural, al ser quien tiene la posibilidad de desahogarlo en la vía incidental y además tiene a su alcance el expediente de origen, es decir, todo el material convictivo para hacer un pronunciamiento de esa naturaleza y trascendencia; máxime que la facultad otorgada en el artículo quinto transitorio indicado es diversa a la que tenía el Juez de Distrito para decretar la libertad provisional bajo caución, en términos del artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo abrogada, conforme al numeral 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008), pues en la primera únicamente se requería realizar una valoración sobre la naturaleza del delito imputado y determinadas circunstancias particulares del inculpado; en cambio, en la segunda se requiere dar vista a las partes para que la representación social investigue y acredite lo conducente, así como el desahogo de la audiencia correspondiente." "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ATENTO AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL -EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 2008- Y 136 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL TRÁMITE DE LA MEDIDA SEA CONFORME A ESTA ÚLTIMA LEGISLACIÓN. En atención al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, es improcedente conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro del incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el medio de difusión indicado el 18 de junio de 2008 y 136 de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando el trámite de la medida sea conforme a esta última legislación, pues ya no puede solicitarse, aun bajo sus disposiciones, la libertad provisional bajo caución, porque en el artículo transitorio invocado está previsto el medio procesal para obtener la revisión de la medida de prisión preventiva, y como ese examen debe realizarse por el Juez de la causa, bajo las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (con audiencia de la partes, para dar al Ministerio Público la oportunidad de justificar o no la necesidad de la medida), dicha figura es incompatible con la naturaleza del trámite del incidente del juicio de amparo. Lo cual, inclusive, resulta evidente si se tiene en consideración que en la nueva legislación que rige el juicio de control constitucional, ya no se prevé la posibilidad de solicitar al Juez de Distrito la libertad y que, además, en el propio decreto se suprimió del artículo 191 de la ley de la materia, la porción normativa que disponía que, en amparo directo, la autoridad responsable estaba facultada para poner en libertad caucional al quejoso si éste lo solicitaba y su petición era procedente. De lo que se sigue que ha sido voluntad del legislador someter el tema de la medida cautelar de prisión preventiva a la jurisdicción exclusiva del Juez de la causa, en cuanto a su imposición, revisión, sustitución, modificación o cese." DOMICILIO. No obstante que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Asimismo, téngase como domicilio de la parte quejosa, el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su libelo de cuenta, pues el promovente, no proporcionó datos de sus cédulas profesionales, a fin de corroborar que las mismas se encuentran registradas ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrán ser autorizados en los términos planteados. SE REQUIERE AL QUEJOSO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el aquí amparista se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autoriza a persona alguna en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lo que, siguiendo las reglas que fija la jurisprudencia que a continuación se cita, para la asistencia jurídica en los juicios de amparo de los quejosos privados de su libertad, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al peticionario de amparo para que, en el momento de la diligencia de notificación del presente auto o en el plazo de tres días computado legalmente, nombre a un abogado que lo represente en este juicio, y apercibido que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional les nombrará uno de oficio. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, dicen: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. PRUEBAS. Según lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó en copia simple a su escrito inicial de demanda, las cuales se desahogan dada su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN...

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