Héctor Francisco Banda Delgado
Expediente 1798/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1798/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Héctor Francisco Banda Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva. No existen constancias por devolver a la autoridad señalada como responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con un oficio con registro 12431. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz el veintidós de agosto de este año en el amparo en revisión administrativo 377/2019; y los autos del juicio de amparo 1798/2018. Acúsese el recibo de estilo. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictada por este juzgado y sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. En atención a que la sentencia de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, por tanto, guárdese por separado; en cuanto al duplicado del incidente, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy* Razón. Esta foja corresponde a la última del auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 1798/2018. Conste.
- Principal
Juicio de Amparo: 1798/2018 El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 4004. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Ruth Calderón Babún, en su carácter de síndica Municipal de Zacatecas, Zacatecas; contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. /Ale Aguilar
- Principal
Juicio de Amparo: 1798/2018 treinta y uno de enero de dos mil diec El once de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 3135. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a once de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por Ruth Calderón Babún, síndica del municipio de Zacatecas, por la que interpone recurso de revisión; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos; distribúyase entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1798/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Héctor Francisco Banda Delgado, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridad siguiente: Autoridad responsable: Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado: "a).- El acto materialmente administrativo unilateral elaborado y firmado por la ahora autoridad responsable mediante oficio 02/2018 de fecha ocho de octubre del año en curso, dentro de la cual determina el inicio del procedimiento de investigación administrativa por presuntas causas de rescisión de la relación de trabajo que imputa a mi persona; b).- El acto materialmente administrativo unilateral que suspende mis labores sin goce de sueldo por el plazo de dos meses hasta en tanto quede concluido el procedimiento administrativo señalado en el inciso anterior, suspensión que según dijo la responsable surte efectos a partir de la fecha de notificación del oficio 02/2018 de fecha ocho de octubre del año en curso, siendo que dicho oficio me fue notificado en esa misma fecha". Acto que considera violatorio de los artículos 1º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; órgano jurisdiccional que en proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda; ordenó su registro con el número de expediente 1798/2018; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, constitucionales; 1°, fracción I, 33, 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: El oficio 002/2018 suscrito por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, notificado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se informa al quejoso el inicio del procedimiento de investigación administrativa 002/2018 por presuntas causas de rescisión de la relación de trabajo y se le suspende de sus labores sin goce de sueldo por el plazo de dos meses o hasta en tanto quede concluido dicho procedimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando que antecede, pues así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado (fojas 19 a 24). Certeza que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó la responsable a su oficio SMZ/234/2018, el cual remitió en alcance a su informe justificado; mismas que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio biinstancial. Virtud que el análisis de las causales de improcedencia en el presente sumario constitucional es de orden público y de estudio preferente, independientemente de que las partes lo hayan alegado o no, de acuerdo con lo que prevé el ordinal 62 de la Ley de Amparo, se impone el examen correspondiente. Al respecto, la autoridad responsable señala que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo que el acto reclamado no es definitivo dado que puede acudir al procedimiento a hacer valer la garantía de audiencia; además, puede hacer valer su inconformidad ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje previo al juicio de amparo. El citado argumento de improcedencia deviene infundado, en tanto que no existe obligación del quejoso de agotar el medio de defensa contemplado en la Ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas; lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, el oficio que da inicio al procedimiento de rescisión de la relación laboral del quejoso e impone la suspensión de labores sin goce de los emolumentos correspondientes, constituye un acto de imposible reparación que, como tal, hace procedente el juicio de amparo, sin que se encuentre obligado a acudir al citado procedimiento a hacer valer la garantía de audiencia, ni promover el juicio correspondiente ante la autoridad laboral, en tanto que en uno u otro no existe o se dispone la suspensión de los efectos del acto reclamado; además que, el quejoso se duele de violaciones directas a sus derechos fundamentales previstos en la constitución federal, ante lo cual, no existe obligación de agotar el requisito de definitividad como la propia fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo lo dispone. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J.115/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, registro 193142, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, página 448, Materia(s) Común, Administrativa, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Así como la diversa 2a./J. 57/2000, de la misma instancia judicial, con registro 191503, Novena Época, publicada en el citado medio de difusión oficial, Tomo XII, Julio de 2000, página 106, Materia(s) Común, Constitucional, del contenido siguiente. "RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, V y VII, de la Constitución General de la República, se desprende que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado y, en ningún caso, a los terceros extraños al mismo, pues en relación a éstos, dicho precepto constitucional no establece restricción alguna para la promoción del amparo. En esa virtud, si se toma en consideración que una ley secundaria no puede ir más allá del precepto constitucional que reglamenta, resulta incuestionable que lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, no debe estimarse como una limitación para que el tercero extraño al procedimiento del que emana el acto reclamado acuda al juicio de garantías, sino como una excepción más al principio de definitividad en favor de las partes de dicho procedimiento; por tanto, cuando se reclama un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el tercero extraño al procedimiento respectivo, en ningún caso, tiene la obligación de agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional." Así, al no actualizarse la causal de improcedencia alegada por la responsable ni advertirse de oficio la actualización de diversa, se procede al análisis del fondo del asunto. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. No se transcribirán los conceptos de violación hechos valer, pues la formalidad que sobre el dictado de las sentencias de garantías impone el artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con el 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se refiere a los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales se satisfacen por la autoridad de orden constitucional, cuando precisa los puntos sujetos a debate, los estudia y les da respuesta vinculada y correspondiente a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis y en ese contexto, se reitera, ninguna afectación se causa por la simple falta de transliteración. El peticionario de derechos fundamentales señala en su único concepto de violación que el oficio que impugna está insuficientemente fundado y motivado pues de ninguno de los artículos en los que se sustenta se desprende la competencia de la autoridad emisora -Síndica Municipal-, para acordar por sí sola, sin que exista acuerdo de cabildo al respecto, y sin ser la titular de la entidad pública -como lo exige la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas- el inicio del procedimiento de investigación administrativa por presuntas causas de rescisión de la relación de trabajo; asimismo, los numerales que señala en el oficio, tampoco le facultan para ordenar la suspensión de su salario por dos meses o hasta que concluya el procedimiento de referencia, circunstancia con la cual se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Lo anterior es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional conforme a los siguientes razonamientos. El derecho de acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, previsto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el principio de mayor beneficio jurídico, conforme al cual, los órganos jurisdiccionales federales deben atender los conceptos de violación que conduzcan a la concesión del amparo y a la eliminación de la totalidad de los efectos del acto reclamado para no retardar, con apoyo en tecnicismos legales, el ejercicio de ese derecho y propiciar que se resuelva en el menor tiempo posible y en definitiva el fondo de los asuntos en los que el acto de autoridad será declarado inconstitucional. Ahora, el primer párrafo del artículo 16 constitucional establece el derecho fundamental de seguridad jurídica de que goza todo gobernado y, en específico, al tema de legalidad en los actos de autoridad que tiendan a causar molestia en su esfera jurídica, el cual establece, que todo acto de autoridad que cause molestia al particular gobernado limitando su esfera jurídica, debe emitirse por escrito, surgir de autoridad que cuente con facultades legales para su emisión y además en él se deben precisar con exactitud los preceptos en que la citada autoridad funda tanto su competencia como el acto que emite y con igual exactitud se deben indicar las razones motivos o circunstancias que determinaron su voluntad para resolver de esa forma, así como su adecuación a la hipótesis normativa. El fundamento de ese derecho es el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de su actuación está subordinada a que se ubique en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Otra vertiente de dicho derecho fundamental de legalidad deriva de la forma como funda y motiva su acto, que obligadamente debe constar por escrito, sólo así se conocerán sus fundamentos y motivación; por ende, ante un acto de autoridad indefectiblemente es menester constatar la existencia de: a) Una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido (que le brinde competencia para proceder) y, asimismo que el despliegue de la actuación de esa misma autoridad se constriña en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, b) Los hechos, antecedentes fácticos o circunstancias que permitan desprender con claridad que sí procede aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro, atiende a la exigencia elemental de hacer comprensible y dotado de cierta actitud autoexplicativa como condición de posibilidad de defensa frente a la decisión asumida; es decir, debe dejarse constancia de los actos de prueba producidos de los criterios de valoración utilizados y del resultado de esa tasación; todo ello con la necesaria precisión analítica. En efecto, el artículo constitucional en el párrafo que se examina, consagra uno de los derechos fundamentales que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la garantía de legalidad consagrada en la Constitución Federal establece como uno de los elementos esenciales, que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados, esté fundado y motivado. Cuando se dice que un acto es legal, es porque respeta la norma fijada por el legislador, se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, así como todo acto de autoridad deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico del Estado, es la suprema garantía y su efectividad constituye la normalidad de un régimen jurídico. La garantía de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en dicha garantía. La exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de controvertir dichos fundamentos si éstos no fueron correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios, sin que existan excepciones al cumplimiento de dicho deber, esto es, toda autoridad debe, al pronunciar un acto de molestia, fundarlo en ley; es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, ésta es una de las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional. Resulta oportuno señalar que, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación, pues mientras la primera es una violación formal que se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso pueda subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica, de manera que la falta de fundamentación y motivación significa la ausencia de tales requisitos, es decir, se trata de una obligación de forma que obliga a colmar su carencia, la segunda es una violación material o de fondo, que corresponde cuando en el acto de autoridad sí invoca el precepto legal, sin embargo resulta inaplicable al asunto por sus características específicas que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa, o una incorrecta motivación, que sucede en el supuesto en que sí se explicó la cuestión de hecho, pero ello está en disonancia con el contenido de la norma legal aplicable al caso, sea por falta de demostración o por insuficiencia o defectuosa valoración de las pruebas que originaron la emisión del acto, es decir, defecto en el juicio de los hechos, la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales. Funda lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1964, registro 170307, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Asimismo, la diversa jurisprudencia P./J.10/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Octava Época, con registro: 205463, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número. 77, Mayo de 1994, página: 12, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." Ahora, del oficio 002/2018 suscrito por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, notificado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se informó al quejoso el inicio del procedimiento de investigación administrativa 002/2018 por presuntas causas de rescisión de la relación de trabajo y se le suspendió de sus labores sin goce de sueldo por el plazo de dos meses o hasta en tanto quede concluido dicho procedimiento -acto reclamado- (fojas 8 a 11), se desprende que la responsable fundó su actuar en las fracciones I, VI, IX y XII del artículo 29, así como en la fracción X del diverso 23, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, que disponen: "Artículo 29. La o el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación de trabajo a la o el trabajador, sin incurrir en responsabilidad. Para ello, deberá substanciarse un procedimiento al que asistan la o el propio trabajador, la parte denunciante en caso de haberla y la parte sindical correspondiente para garantizar que exista igualdad de condiciones procesales. Lo anterior, siempre y cuando se produzca cualesquiera de las causales siguientes: I.- Que incurra la o el trabajador en faltas de probidad u honradez; o en actos de violencia, discriminación, acoso laboral, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefas o jefes o compañeras y compañeros, o familiares de unos u otros, dentro de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo; (.) VI.- Por desobedecer la o el trabajador, sin justificación, las órdenes que recibe de sus superiores; (.) IX.- Que de manera injustificada abandone sus actividades; (.) XII.- Que incurra en una conducta análoga a las anteriores, igualmente grave y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere". "Artículo 23 . X.- Las y los trabajadores que manejen fondos, valores o bienes, podrán ser suspendidos hasta por dos meses por la o el titular de la entidad pública respectiva, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión. La suspensión referida tendrá por objeto la práctica de la investigación y resolución correspondientes. En caso de que ésta sea absolutoria, se pagarán a la o el trabajador los salarios vencidos y se le reintegrará a su puesto." Los artículos en los que la responsable funda el oficio impugnado, en las fracciones que cita, disponen que la o el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación de trabajo a la o el trabajador, sin incurrir en responsabilidad para lo cual deberá substanciarse un procedimiento al que asistan la o el propio trabajador, la parte denunciante en caso de haberla y la parte sindical correspondiente para garantizar que exista igualdad de condiciones procesales. Asimismo, en el dispositivo legal citado en último término, faculta al titular de la entidad pública para suspender por dos meses al trabajador que maneje fondos, valores y bienes, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión; medida que tendrá como propósito la práctica de la investigación respectiva y resolución correspondiente, pagando salarios vencidos al trabajador en caso de que tal resolución sea absolutoria, reintegrándolo a su puesto. Lo anterior, teniendo como causas -entre otros supuestos- que el trabajador incurra en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, discriminación, acoso laboral, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefas o jefes o compañeras y compañeros, o familiares de unos u otros, dentro de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo; por desobedecer sin justificación las órdenes que recibe de sus superiores; que de manera injustificada abandone sus actividades y que incurra en una conducta análoga, igualmente grave y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo respecta. Así, resulta evidente que la facultad de rescindir la relación de trabajo corresponde, en el caso concreto, al titular de la entidad pública (Presidente Municipal), siempre que se actualice alguna falta de las señaladas con antelación; ello es así, virtud a las siguientes disposiciones legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. (.) II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; (.)" Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas "Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: I. Ayuntamiento: es el órgano de gobierno del Municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad; (.) III. Cabildo: el Ayuntamiento reunido en sesión y como cuerpo colegiado de Gobierno; (.) X. Presidente Municipal: a la presidenta o presidente integrante del Ayuntamiento, responsable de la ejecución de las determinaciones, disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y quien tiene la representación administrativa y en algunos casos la jurídica; (.) XIII. Síndico Municipal: a la síndica o síndico integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financiero y jurídico; (.) Artículo 5. La organización y funcionamiento de los municipios y sus ayuntamientos se regirán por: I. La Constitución Federal; II. Los Tratados Internacionales; III. La Constitución Política del Estado; IV. La presente ley; V. Las leyes y demás disposiciones de carácter general, federal y estatal que les otorguen competencia o atribuciones para su aplicación; VI. La Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal; y VII. Los bandos y reglamentos que cada Municipio expida de acuerdo con sus condiciones territoriales, sociales, económicas, capacidad administrativa y financiera. (.) Artículo 80. La Presidenta o Presidente Municipal tiene las siguientes facultades y obligaciones: (.) III. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, así como aplicar a quienes los infrinjan las sanciones correspondientes, mediante el procedimiento a que hubiere lugar; (.) Artículo 82. Se prohíbe a la Presidenta o Presidente Municipal: (.) IX. Rescindir la relación laboral con los trabajadores sin cumplir con el procedimiento previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas; (.) Artículo 84. La Síndica o Síndico Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Ostentar la representación jurídica del Ayuntamiento; (.) IV. Formular demandas, denuncias y querellas sobre toda violación a las leyes en que incurran los servidores públicos municipales, o los particulares, en perjuicio del patrimonio del Municipio; (.)". Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas "Artículo 160. La o el Síndico es el encargado de vigilar el funcionamiento de la hacienda pública, representa al Ayuntamiento en cuestiones fiscales y hacendarias de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio, así como en todo tipo de juicios en que éste sea parte. Contará además con todas las facultades y obligaciones que le señala la Ley Orgánica del Municipio. (.) Artículo 162. Todas las dependencias administrativas del municipio estarán bajo el mando de la o el Presidente Municipal como titular de la entidad pública, y las facultades y obligaciones de cada uno de ellas serán los que se establecen en la Ley Orgánica del Municipio, el Reglamento de Administración Interior del Municipio de Zacatecas y demás ordenamientos legales aplicables." Como puede apreciarse, el artículo 5 de la Ley orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, establece que la organización y funcionamiento de los municipios y sus Ayuntamientos se regirán, entre otras disposiciones legales, por la misma ley y los bandos y reglamentos que cada municipio expida de acuerdo a las condiciones ahí enunciadas. Asimismo, en el numeral 80 de la ley invocada, se otorgan al presidente municipal facultades y obligaciones de las que destacan cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos estatales y municipales. Por otra parte, el diverso arábigo 82 de la legislación en cita, es claro al prohibir al presidente municipal "Rescindir la relación laboral con los trabajadores sin cumplir con el procedimiento previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas". Ahora, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas, expedido por el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, en su numeral 162 reconoce la titularidad de la entidad pública al presidente municipal al establecer: "Todas las dependencias administrativas del municipio estarán bajo el mando de la o el Presidente Municipal como titular de la entidad pública, y las facultades y obligaciones de cada uno de ellas serán los que se establecen en la Ley Orgánica del Municipio, el Reglamento de Administración Interior del Municipio de Zacatecas y demás ordenamientos legales aplicables." De los preceptos transcritos se desprende que el Presidente Municipal es el responsable de la ejecución de las determinaciones, disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y quien tiene la representación administrativa y en algunos casos la jurídica, además de ser el TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA; en tanto, el Síndico Municipal es el encargado de vigilar los aspectos financiero y jurídico en todo tipo de juicios en que se encuentre involucrado el municipio de Zacatecas, por ejercer su representación. Así, el Presidente Municipal está facultado para cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, así como aplicar a quienes los infrinjan las sanciones correspondientes, mediante el procedimiento a que hubiere lugar; sin embargo, por disposición normativa se encuentra impedido para rescindir la relación laboral con los trabajadores sin cumplir con el procedimiento previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Conforme a lo hasta ahora expuesto, resulta evidente que la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, carece de facultades para la emisión del oficio 002/2018, notificado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se informó al quejoso el inicio del procedimiento de investigación administrativa 002/2018 por presuntas causas de rescisión de la relación de trabajo y se le suspendió de sus labores sin goce de sueldo por el plazo de dos meses o hasta en tanto quede concluido dicho procedimiento; motivo por el cual, el oficio de referencia vulnera el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales facultades se encuentran reservadas para distintas autoridades municipales. Lo anterior es así, toda vez que la aludida funcionaria municipal no puede (por imperio de ley) constituirse en rector del procedimiento administrativo y parte, pues para ello la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en su numeral 105 establece lo siguiente: "Son facultades y obligaciones del titular de la Contraloría Municipal: (.) VII. Conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos municipales que no sean miembros del Cabildo, para que el Ayuntamiento decida si se fincan o no, responsabilidades administrativas; VIII. Aportar al Síndico Municipal los elementos suficientes para que se hagan las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, en caso de probable delito." Dicho de otro modo, de la normatividad vigente reseñada, se desprende que las facultades conferidas a la Síndica Municipal son limitativas, no enunciativas, lo que supone el ejercicio restringido de su función pública, por disposición expresa de la ley, otorgando a diversos organismos municipales las atribuciones que indebidamente ejerció la responsable contra derechos sustantivos del quejoso, pues como parte integrante del Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, tiene funciones específicas que de forma alguna pueden ser ilimitadas, pues, de ser así, incurriría en invasión a la esfera de competencia de los demás integrantes del Ayuntamiento. Lo expuesto, conlleva a declarar inconstitucional el acto que en esta instancia se reclama, por haber sido dictado por autoridad incompetente. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación expuesto por el impetrante, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente el acto que se reclama en esta instancia constitucional. A lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia I.3o.C.J/6 (10a), con registro 2005327, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, página 2895, Décima Época, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Héctor Francisco Banda Delgado respecto del acto reclamado y autoridad señalados en el considerando segundo del presente fallo. Lo anterior, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución y para los efectos que ahí mismo se señalan. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veinte de febrero de dos mil diecinueve en que las labores del juzgado lo permitieron. ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A HÉCTOR FRANCISCO BANDA DELGADO.
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