Héctor Elias Gómez Hernández

Expediente 827/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
827/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Héctor Elias Gómez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del cinco al dieciocho de los corrientes, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de noviembre pasado, dentro del juicio de amparo número 827/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de noviembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 827/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Héctor Elías Gómez Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por la violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Director de Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas (denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como "Delegado de Transporte, Tránsito y Vialidad del Municipio de Guadalupe, Zacatecas"). Acto reclamado: ".la ilegal e indebida detención sin orden judicial o administrativa de la unidad motriz de mi propiedad tipo autobús urbano marcado con el número económico 24 de la Ruta 14 de Zacatecas, marca mercedes Benz modelo 2005, color blanco con líneas café número de motor 366 serie 3MBAA2CN05M009852, tipo MBCAG19/60". Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. El quejoso señala como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el expediente 827/2017; y en proveído de veintidós de septiembre del año en curso se ordenó su admisión (fojas 6 a 9); emplazar a la parte tercero interesada; dar la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del Acta que antecede, la cual forma parte integral de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de una autoridad que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Y la diversa Jurisprudencia que a la letra establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de derechos se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la detención de la unidad motriz marca Mercedes Benz, modelo 2005, color blanco con líneas en café, número de motor 3MBAA2CN05M009852, tipo MBCAG19/60, destinado al transporte urbano de la Ruta 14, con número económico 24. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director de Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas, ya que así lo reconoció expresamente en su informe justificado (fojas 26 y 27). Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad responsable; documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. En ese sentido, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En resumen, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, no es legalmente posible el examen de la litis constitucional planteada. Apoya lo anterior la tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." En el presente asunto, este Juez de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 6o., de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º., de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Las disposiciones citadas consagran uno de los principios que rigen el juicio de derechos, como lo es el de instancia de parte agraviada, es decir, que debe instarse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, un gobernado puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos o legítimos, ya sean personales o patrimoniales. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto ." El interés jurídico se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, el cual deriva de la norma objetiva y que supone la reunión de tres elementos, a saber: a). Un interés exclusivo, actual y directo; b). El reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; y c). Que la protección legal se resuelve a favor del titular de ese derecho otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para que ésta realice la prestación debida. El interés exclusivo, actual y directo, debe ser personal, existir al momento de promover el juicio constitucional y el bien que persigue, conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Asimismo, el agravio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual, por lo que el peticionario de garantías tiene la obligación de acreditar plenamente que el acto reclamado lesionó su esfera de derechos, a fin de que la autoridad que conozca el juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder o negar la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, si las normas objetivas no se refieren a un derecho subjetivo del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnar el acto de autoridad señalado en su demanda de amparo. Así, para demostrar la afectación del interés jurídico en el juicio constitucional, se requiere que se precisen los actos reclamados en la demanda de amparo; el informe justificado de las autoridades responsables y las pruebas que demuestren la existencia conjunta de varios elementos, como son: a). Una persona determinada (parte agraviada, persona física o moral quien ejerce la acción de amparo). b). Un derecho legítimo del agraviado; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e). La afectación del citado derecho, a través del acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De lo anterior deriva que si no se demuestra el conjunto de los apuntados elementos, el promovente del amparo carecerá de interés jurídico para ejercer la acción de defensa de sus derechos constitucionales a través del juicio de amparo. Por tanto, el interés jurídico en esencia implica la legitimación de obrar, o bien, la legitimación activa y el perjuicio. Lo anterior es así, ya que desde el punto de vista del derecho, el interés jurídico no denota simplemente un elemento subjetivo que pueda revelar deseo, aspiración, finalidad o intención, sino que debe traducirse en una situación o hechos objetivos de los que pueda obtenerse un provecho o beneficio positivo, así, cuando esa situación o hecho objetivo está consignado o tutelado por la ley, se estará en presencia del referido interés jurídico. En consecuencia, se infiere que la legitimación para obrar, vinculada al interés jurídico, consiste en la identidad de la persona del quejoso con el gobernado (en sentido amplio) en cuyo favor la ley protege un derecho y, por tanto, no basta que considere existente la violación aducida, sino que es necesario que compruebe que dicha violación afecta un derecho legítimo protegido y que éste corresponde al peticionario que lo hace valer. Sirve de apoyo al tema la Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona ". En el presente asunto, el quejoso reclama actos de desposesión respecto del vehículo marca Mercedes Benz, modelo dos mil cinco, color blanco con líneas en café, número de motor 3MBAA2CN05M009852, tipo MBCAG19/60, destinado al transporte urbano de la Ruta 14, con número económico 24; aduciendo que dicho autobús lo adquirió mediante contrato verbal de compraventa que celebro con Ramón Márquez, por la cantidad de ciento veinte mil pesos que le pago en su totalidad; por lo que el vendedor le entregó la posesión de ese automotor el diez de septiembre de dos mil dieciséis. Pues bien, en el caso a estudio, no se advierte que con el acto que en esta instancia constitucional se impugna se cause alguna afectación en la esfera jurídica del promovente del amparo, pues no demostró con prueba alguna el aserto que vertió en el sentido de que la unidad motriz cuya desposesión reclama la adquirió por medio de un contrato de compraventa que de manera verbal refiere haber celebrado con Ramón Márquez; y si bien es cierto que con su demanda exhibió un escrito dirigido a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, Delegación adscrita al Municipio de Guadalupe, Zacatecas (foja 5); sin embargo, con dicha documental únicamente acredita que solicitó la devolución del autobús urbano antes descrito, pero en modo alguno demuestra la propiedad del mismo, pues atendiendo a su propia naturaleza resulta jurídicamente ineficaz para justificar ese derecho; por lo que en ese tenor, debe concluirse que el impetrante no demostró con pruebas idóneas que el acto que reclama incida en su esfera jurídica para que pudiera deducir legalmente la acción de amparo; tornándose improcedente al no cumplir con el indicado principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio constitucional. Sin que sea obstáculo para que se patentice la causa de improcedencia analizada, el hecho de que en el presente asunto se haya acreditado la existencia del acto reclamado, pues no por ello puede considerase justificado el interés jurídico del quejoso para promover el presente juicio de derechos, pues de así admitirse, por una parte, equivaldría a darle alcances mayores a los que realmente tiene el informe justificado rendido por la autoridad responsable y que se traducen en la existencia del mencionado acto; y, por otra, la certeza de éste no exime al promovente del amparo de la obligación de demostrar que tal acto afecta su acervo de derechos; lo que en la especie no acreditó en esta instancia constitucional. Es ilustrativa al tema, la Jurisprudencia del rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste puede deparar a la persona en concreto". También es aplicable el criterio que a la letra consigna: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo ". En las relatadas condiciones, al actualizarse en el presente asunto la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 6o., de la Ley de Amparo; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en este juicio de derechos. Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". En ese tenor, al quedar demostrado que este juicio de derechos es improcedente y que debe sobreseerse por los motivos antes expuestos, se considera innecesario estudiar la diversa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable en su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 827/2017 promovido por Héctor Elías Gómez Hernández, contra el acto reclamado al Director de Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas, por los motivos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. L´JJMT/Vicky

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. " Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 827/2017 promovido por Héctor Elías Gómez Hernández, contra el acto reclamado al Director de Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas, por los motivos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. L´JJMT/Vicky

  4. Principal

    El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con: La promoción registrada con el folio 15256. La circunstancia de que los licenciados Humberto Sandoval Rubio (788865) y José Galván Herrera (2257665), tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por Martha Fermina Santiago Calzada, quien comparece en su carácter de tercera interesada; por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele apersonada al presente juicio de amparo; y, autorizando en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la ley citada, a los licenciados Humberto Sandoval Rubio (788865) y José Galván Herrera (2257665), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en Callejón del Moral 106, zona centro de esta ciudad. Asimismo, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente formulando alegatos, con los que se ordena dar nueva cuenta en la etapa correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*

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