Héctor Florencio Castañeda Aldaz
Expediente 887/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Héctor Florencio Castañeda Aldaz
Actuaciones
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- Principal
PRAL 887/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1 Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Tomando en consideración que en proveído de veinticuatro de julio de esta anualidad se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado; con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General de que se trata, por similitud jurídica, este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 6. Certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Asimismo, para que verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que es depurable. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 887/2022 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 887/2022, como se ordenó en acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autorizada y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes de manera física o a través de medios electrónicos. Apertura de la audiencia. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan a) la demanda de amparo promovida por Iván Ortega Ángeles, abogado defensor de Héctor Florencio Castañeda Aldaz e b) informe justificado del encargado del Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Además, hace constar que: a) no existen promociones pendientes por acordar, b) las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto de veinticuatro de julio del año en curso; y, c) a la fecha, no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado rendido por la responsable, con la de la celebración de esta audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. A lo anterior, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. En cuanto a que no han transcurrido los ocho días a que hace referencia el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el caso se estima innecesario que se difiera la audiencia constitucional, dado el sentido de esta resolución; ello, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal; además de que la parte quejosa no solicitó el diferimiento de la misma, como lo establece la hipótesis del numeral 117 invocado; por tanto, debe celebrarse la audiencia constitucional. Fase probatoria. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que la parte quejosa no ofreció prueba alguna. En tanto que la autoridad responsable, encargado del Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió, como justificación a su informe, copia certificada de las siguientes documentales: Certificado médico a nombre del directo quejoso Héctor Florencio Castañeda Aldaz de fecha diecinueve de julio de dos mil veintidós. Estudio médico de fecha veintidós de julio de este año. Tarjeta informativa de veinticuatro de julio de dos mil veintidós. Parte informativo de veinticuatro de julio de este año. Certificado médico penitenciario de veinticuatro de julio de dos mil veintidós. Informe médico de veintiséis de julio de dos mil veintidós. Al respecto, se acuerda: Ténganse por desahogadas las documentales ofrecidas por la citada autoridad responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. Sin medios de convicción pendientes de desahogar, se concluye la etapa probatoria. Etapa de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento; por lo que se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Vistos, para resolver el juicio de amparo 887/2022; y R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo recibida, vía electrónica, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la secretaria de guardia adscrita a este Juzgado el veinticuatro de julio de dos mil veintidós, Iván Ortega Ángeles, abogado defensor de Héctor Florencio Castañeda Aldaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y acto reclamado que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El promovente narró los antecedentes del acto reclamado e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo. En auto de veinticuatro de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno impreso y electrónico con el número 887/2022, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado en los términos ahí indicados y se previno a la parte quejosa. Tercero. Cumplimiento y nueva prevención. Previo cumplimiento a la prevención realizada, en proveído de cinco de agosto de este año, se precisó que toda vez que el directo quejoso Héctor Florencio Castañeda Aldaz había sido trasladado al Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Psiquiátricos, ubicado en San Francisco Tanivet, Oaxaca, a las veintitrés horas con diez minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós (fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo), a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y proveer sobre la admisión del escrito inicial de demanda, se le requirió nuevamente para que manifestara si reclamaba del director del Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Psiquiátricos, ubicado en San Francisco Tanivet, Oaxaca, la falta de atención médica psicológica y psiquiátrica. Cuarto. Admisión. Después, previo cumplimiento a la prevención de cinco de agosto pasado, en auto de veintidós del mes actual se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y la autoridad responsable reside en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo es: La omisión de brindar al directo quejoso la atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como la protección a su integridad física. Acto que se atribuye al director del Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es aplicable la tesis del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. Existencia del acto reclamado. El encargado del Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Al respecto, manifestó que desde que el directo quejoso ingresó al centro penitenciario a su cargo se le proporcionó atención médica; sin embargo, como justificación a su informe, no acompañó documental alguna que robusteciera su dicho, pero si anexó, entre otras documentales, un certificado médico penitenciario de veinticuatro de julio de este año, del que se aprecia que, en atención a la suspensión de oficio y de plano concedida en auto de veinticuatro de julio de este año, se realizó al directo quejoso una valoración médica. Ello, evidencia que la omisión reclamada existía a la fecha de presentación de la demanda (veinticuatro de julio del año en curso); pues fue hasta esa misma data en la que se realizó una valoración médica psicológica y psiquiátrica a Héctor Florencio Castañeda Aldaz. Cuarto. Causal de sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizará si, en la especie, se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ya sea porque las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". A manera de referencia, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que, debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En este juicio se actualiza dicha hipótesis de improcedencia, porque la parte quejosa, como ya se precisó, reclama: La omisión de brindarle la atención médica, psicológica y psiquiátrica y la protección a su integridad física. En tanto que de las documentales que remitió la autoridad responsable encargado del Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, como justificación a su informe justificado, así como al diverso informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en autos, se advierte lo siguiente: El veinticuatro de julio de dos mil veintidós el médico penitenciario estatal adscrito al Centro Penitenciario de Miahuatlán, realizó una valoración médica al quejoso Héctor Florencio Castañeda Aldaz, cuyo diagnóstico fue el siguiente: (Imagen escaneada) En tanto que el veintiséis de julio pasado el aludido quejoso fue trasladado al Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Psiquiátricos (CIEPSI), ubicado en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; ello, en virtud del diagnóstico obtenido y a fin de salvaguardar la salud e integridad del aludido quejoso. Como se ve a continuación: (Imagen escaneada) De lo anterior se advierte que el directo quejoso fue valorado y atendido de acuerdo a sus padecimientos el veinticuatro de julio pasado, por lo que, a fin de salvaguardar su vida e integridad, el veintiséis de julio de dos mil veintidós fue autorizado su traslado al Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Psiquiátricos (CIEPSI), ubicado en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; siendo que, en atención a la prevención que se le realizó en auto de cinco de agosto del año en curso, la parte quejosa manifestó que no era su deseo ampliar la instancia constitucional respecto de la autoridad director del Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Psiquiátricos, ubicado en San Francisco Tanivet, Oaxaca. Por lo anterior, se estima que pretender analizar la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia resultaría contrario a derecho, dado que el mismo ha perdido todo efecto jurídico y no generaría ningún beneficio a la parte quejosa; pues, como se precisó con antelación, cesaron los efectos del acto reclamado como si no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, con el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Héctor Florencio Castañeda Aldaz, contra la omisión de brindarle atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como la protección a su integridad física; que atribuyó al director del Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; ello, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 887/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el encargado del Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, recibido vía correo electrónico institucional, mediante el que rinde su informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y, de ser el caso, efectúen las manifestaciones que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 1.1. Pruebas documentales. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase como pruebas documentales de la autoridad responsable, las constancias que anexa a su informe; mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 887/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintidós. 1. Cumplimiento a prevención. Incorpórese el ocurso suscrito por Iván Ortega Ángeles, defensor del quejoso Héctor Florencio Castañeda Aldaz, mediante el que cumple con la prevención realizada en auto de cinco de agosto pasado; en esas condiciones, se provee: 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea necesario ordenar formar nuevo expediente ni llevar a cabo diverso registro en el libro de gobierno, debido a que se seguirá actuando en el en que se realizaron las prevenciones de veinticuatro de julio y cinco de agosto del año en curso. 3. Demanda sin incidente de suspensión. No es procedente tramitar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el acto reclamado fue materia de la suspensión de oficio, decretada de plano en proveído de veinticuatro de julio de esta anualidad. 4. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la (s) autoridad (es) responsable(s), la(s) que deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. 4.1 Medios habilitados a las responsables para remitir comunicaciones. Con fundamento en los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal; 3, 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo; 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus covid19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, así como presentar promociones físicamente, se requiere a las responsables que: a) envíen comunicaciones oficiales, b) reciban toda clase de notificaciones y c) acusen recibo de las que sean remitidas por este órgano jurisdiccional, mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del siguiente correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx 4.2. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 4.3. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tengan el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le(s) corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó (tomaron) en cuenta para emitir los actos reclamados. 4.4. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 4.5. Informe de diverso juicio de amparo. Asimismo, se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con los actos reclamados o algún otro acto derivado del juicio del que deriva ese acto; en su caso, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 4.6. Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 5. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cincuenta y siete minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 6. Intervención a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar la intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 7. Notificación a la representante social adscrita y a las autoridades. Se ordena que las notificaciones que le correspondan a la a) agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, b) autoridades responsables, c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen en las oficinas relativas, pero de existir imposibilidad para ello, practicarlas por vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Así, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte el concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias de las entidades federativas, publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. 8. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 16/2022), se insta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), que se habilitó en el edificio sede. 9. Se reitera publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 11. Forma de notificación a la parte quejosa. En virtud que el quejoso se encuentra privado de su libertad, se ordena notificar personalmente este auto admisorio a su defensor; ello, atento a lo establecido en el artículo 26, fracción I, segunda parte, de la Ley de Amparo. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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