Héctor Elmer Ramírez Ramírez

Expediente 23/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
23/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Héctor Elmer Ramírez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    P. 23/2019 5-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. 1. Firmeza del auto en el que se desechó la demanda de amparo. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de catorce de este mes, en el que se desechó de plano su demanda de amparo por notoriamente improcedente -fojas 11 a 15-. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del acuerdo de desechamiento, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. 3. Archivo. En virtud de que en proveído de catorce del mes actual -fojas 11 a 15-, se desechó de plano la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha ha quedado firme tal determinación; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de tal característica, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. 5. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil diecinueve. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo escrita presentada el diez de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada el once siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por Héctor Elmer Ramírez Ramírez, contra actos del juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 23/2019. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la misma ley. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. .. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que este juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, más no una segunda o ulterior instancia de impugnación del acto reclamado; por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación. En ese tenor, es necesario destacar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el cuaderno de tercería excluyente de dominio promovida en el juicio ejecutivo mercantil 137/2017, del inventario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, mediante la cual se declaró procedente dicha tercería -fojas 3 y 4-. Al respecto, el artículo 1336 del Código de Comercio establece: "Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. De dicho numeral se advierte que para combatir las resoluciones que se dicten en los procedimientos mercantiles, el legislador instituyó el recurso de apelación, el cual tiene como objeto que un Tribunal Superior confirme, reforme o revoque la determinación impugnada, siempre que dicha resolución admita ese recurso. Respecto a las resoluciones que admiten el citado medio de impugnación, es preciso señalar que del contenido del capítulo XXV del Código de Comercio ("De la Apelación"), se aprecia que la procedencia de dicho recurso depende, esencialmente, de la cuantía del asunto. En relación a dicho tópico (cuantía), es conveniente precisar que si bien la tercería excluyente de dominio en materia mercantil se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que dicha circunstancia no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería, pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio del que deriva, en términos del artículo 1362 del Código de Comercio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro 2011118, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del procedimiento y en relación con las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del mismo procedimiento, que pueda tener por resultado modificarlas, revocarlas o nulificarlas (principio de definitividad de las resoluciones jurisdiccionales). Si esto es así, la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no es un recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en los términos previstos por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o el dominio de uno, varios o todos los bienes afectos al juicio en el cual se promueve, es inconcuso que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en el que hace valer su pretensión. La conclusión que precede encuentra sustento en la jurisprudencia 1ª. /J. 94/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN." Por otro lado, es importante señalar que el artículo 1339 del Código de Comercio establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. En consecuencia, si la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el cuaderno de tercería excluyente de dominio promovida en el juicio ejecutivo mercantil 137/2017, del inventario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, es de cuantía indeterminada, el quejoso, previo a acudir a esta instancia constitucional, tenía la obligación de agotar el recurso de apelación, previsto en el artículo 1336 en relación con el diverso 1339 Bis, ambos del Código de Comercio, en virtud que con dicho medio de impugnación puede anular el acto reclamado. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la apelación no tenga efectos suspensivos, ya que tal circunstancia en modo alguno constituye una excepción al principio de definitividad; de modo que, como se dijo, el quejoso tenía la carga procesal de agotar dicho recurso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.1º.J785 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, de plano, procede desechar la demanda de amparo. Con lo anterior, de ninguna manera se desconoce que la parte quejosa también señala como acto reclamado la orden de entregar al tercero opositor la unidad de motor objeto de la tercería excluyente de dominio; sin embargo, se advierte que dicha orden es consecuencia directa de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho; por lo que, en caso de lograr la modificación o revocación de esa determinación (mediante el recurso de apelación), la referida orden quedaría sin efectos. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza con las facultades que prevé dicho numeral al licenciado Ignacio Santiago Ramírez, por estar dado de alta en el sistema de registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las demás personas mencionadas en el proemio de la demanda, en razón de no estar dadas de alta en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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