Hector Fabian Correa Espino
Expediente 976/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 48 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hector Fabian Correa Espino
- Hector Fabian Correa Espino y Otros.
- Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa y a la parte Tercera Interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado, así como en el sistema del sise, la determinación de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues dicho término transcurrió para las parte quejosa y tercero interesado del cinco al diecinueve de septiembre del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente no se exhibió garantía alguna dentro del incidente de suspensión respectivo y obran documentos originales exhibidos por las partes dentro del presente sumario. Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 976/2018, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obran documentos exhibidos por la parte quejosa y tercero interesado, de conformidad con el punto décimo primero del Acuerdo General en cita requiérasele para que dentro del plazo de noventa días acuda ante este juzgado a recoger dichos documentos, apercibidas que de no hacerlo en dicho plazo, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa y a la parte Tercera Interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 976/2018, promovido por Héctor Fabián Correa Espino, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Héctor Fabián Correa Espino, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. En proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 29), se desechó la demanda de amparo respecto del acto atribuido al Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad; y, se admitió en relación a los actos reclamados al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo y al Actuario adscrito a éste y se registró bajo el número de expediente 976/2018, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se reconoció carácter de tercero interesado a Gustavo Adolfo Jasso Villicaña, en su carácter de actor y parte vencedora en el juicio sumario civil hipotecario de origen, por lo que se ordenó su emplazamiento. El veintiuno de enero de dos mil diecinueve (foja 77), y toda vez que se advirtió que la orden de desalojo reclamada fue diligenciada por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Ciudad Hidalgo; se requirió al quejoso para que precisara si deseaba señalarlo como autoridad responsable; sin embargo, no lo hizo, por lo que en auto de veintiuno de febrero siguiente (foja 94), se efectivo el apercibimiento contenido del proveído citado en primer término y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Tercero. Incidente de objeción de falsedad de documentos. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 95-100), la apoderada jurídica del tercero interesado Gustavo Adolfo Jasso Villicaña presentó incidente de falsedad de documento y firma notarial del contrato privado de compra venta exhibido por la parte quejosa, motivo por el cual, llegada la fecha señalada se suspendió la audiencia constitucional y se dio trámite al incidente de objeción de documentos respectivo, ordenando substanciarlo en la misma pieza de autos, se dio la correspondiente intervención a las partes y se admitieron y desahogaron las pruebas que en relación al mismo fueron oportunamente ofrecidas. Finalmente, el diecinueve de agosto del año en curso, se reanudó la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; por lo que se procede resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: Del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán ( La falta de llamado al juicio sumario civil hipotecario 954/2012, promovido por Gustavo Adolfo Jasso Villicaña contra Oliva García Camacho, en el que se ordenó poner al actor en posesión real y material del inmueble de su propiedad ubicado en el lote 6, manzana J, de la calle Cuitláhuac esquina con Hermenegildo Galeana, número 16, fraccionamiento "La Puerta", en Ciudad Hidalgo, Michoacán y en consecuencia, todo lo actuado en el mismo. Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán ( La diligencia desahogada dentro del exhorto 121/2016, formado con motivo del diverso 276, en la que se entregó al actor del juicio de origen en posesión real y material del inmueble materia del litigio. Del Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán ( La ejecución de los actos precisados en el párrafo que antecede. Tercero. Inexistencia del acto reclamado al Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán. El Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, al rendir su informe justificado (foja 43) adujo que el acto reclamado únicamente era cierto en el sentido de que en el juzgado al cual se encuentra adscrito, fue ingresado el exhorto remitido por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán el que se registró como 121/2018, el cual fue recibido el veinte de octubre de dos mil dieciséis y se regresó diligenciado el doce de enero de dos mil diecisiete mediante oficio 113/2017, pero que no intervino en la diligenciación ni cumplimentación de la orden de desalojo impugnada. Negativa que se constata de las constancias que remitió el mencionado juez, de las que se advierte que la orden de desalojo se llevó a cabo por el Secretario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán (fojas 418-421, del tomo de pruebas). En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 48 y 41). Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consistentes en copia certificada el juicio sumario civil hipotecario 954/2012 (un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Resolución del incidente de objeción de documentos. Es procedente el análisis de la objeción planteada por la apoderada jurídica del tercero interesado Gustavo Adolfo Jasso Villicaña, respecto del contrato privado de compra-venta exhibido por el quejoso Héctor Fabián Correa Espino, celebrado con María Oliva García Camacho y/o Oliva García Camacho el siete de noviembre de dos mil tres, respecto del bien inmueble ubicado en el lote 6, manzana J, calle Cuitláhuac número 16, fraccionamiento "La Puerta", de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Tal documento al ser presentado por una de las partes, en este caso por la parte quejosa, y al no estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, reviste el carácter de documento privado, por lo que es susceptible de ser objetado de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Amparo. Luego, con la finalidad de examinar la objeción de que se trata conviene señalar que Héctor Fabián Correa Espino, acudió al amparo con apoyo en el argumento de que se le vulnera su derecho de posesión y de propiedad sobre el inmueble ubicado en el lote 6, manzana J, calle Cuitláhuac número 16, fraccionamiento "La Puerta", de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mencionado en párrafos anteriores, por no habérsele llamado al juicio de origen. Para acreditar la propiedad del inmueble que por esta vía defiende, exhibió copia cotejada ante el licenciado Juan Cutberto Tenorio González, Notario Público Número 57, con ejercicio y residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, del contrato de compra-venta que celebró con María Oliva García Camacho y/o Oliva García Camacho el siete de noviembre de dos mil tres, respecto del citado bien raíz. Atento lo anterior, el tercero interesado por conducto de su apoderada jurídica, mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, presentó incidente de falsedad de documento y firma notarial del documento descrito, toda vez que aduce -en esencia- que la firma y sellos notariales estampados en el contrato son apócrifos y que es falso el continente o forma así como la ratificación del mismo, ya que no corresponde a la temporalidad asentada en la ratificación de firmas, sino de un instrumento elaborado y confeccionado recientemente. A efecto de demostrar lo anterior, el tercero interesado en ese mismo escrito, ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía y en documentoscopía dentro del incidente de objeción de documentos, así como diversas documentales, instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana. En proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 176 y 177) se admitieron diversos medios probatorios dentro del incidente de objeción de documentos, tales como pruebas documentales, pericial en documentoscopía y grafoscoía grafoscopía; prueba instrumental de actuaciones y prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humano. De las pruebas admitidas se obtuvo lo siguiente: Del ejemplar del Periódico Oficial del Estado, de diecinueve de enero de dos mil quince, tomo CXXXV, número 33, el deceso del licenciado Juan Cutberto Tenorio González, Notario Público número 57 del Estado (foja 104, del juicio de amparo). Del oficio DNAGN/5458/2018, el Director del Notariado y Archivo General de Notarías, informó al tercero interesado que se encuentran los registros del sello y firma del extinto licenciado Juan Cutberto Tenorio González, Notario Público número 57 del Estado, se tienen registrados en el Libro de Registro de Sello y Firma de los Notarios Públicos del Estado de Michoacán, mismo que se lleva en esa dirección (foja 101, bis, del juicio de amparo). Del oficio DNAGN/5458/2018, el Director del Notariado y Archivo General de Notarías, a petición del tercero interesado, manifestó: Durante el año 2003, el licenciado Juan Cutberto Tenorio González, fungió como Notario Público número 57 del Estado, con residencia en Zitácuaro, Michoacán. Dicha notaría se encontraba en la calle Morelos Norte, número cinco, zona centro de Zitácuaro. Durante el año dos mil tres, no presentó ninguna ausencia en el ejercicio de sus funciones notariales. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta, emitido por el entonces Gobernador de Michoacán, fue designado Notario Público número cincuenta y siete en el Estado; y, posteriormente en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, se declaró el cese del mismo, en virtud de su fallecimiento. Dentro del expediente personal del referido notario, obra su acta de defunción, en la que se hizo constar el fallecimiento del ciudadano Juan Cutberto Tenorio González, el siete de noviembre de dos mil cuatro en Zitácuaro, Michoacán. Como consta del acta de cierre de protocolo de veinticinco de febrero de dos mil cinco, realizada con motivo del fallecimiento del notario público en mención, tanto el sello como los protocolos correspondientes a dicha notaría, fueron recogidos por la Dirección a su cargo, a excepción de los protocolos que contenían asuntos pendientes de trámite, los cuales fueron encomendado al licenciado Luis Cutberto Tenorio González, en virtud de su nombramiento como titular del citado oficio público. No existe constancia alguna de ratificación número 521, de doce de noviembre de dos mil tres, toda vez que como se desprende del acta de cierre de protocolo, en día notaría no se llevaba numeración de orden consecutivo para actas, poderes y contratos varios. No existe duplicado del documento a que se refiere, por los motivos señalados. En el archivo a su cargo, se tienen bajo resguardo los libros de protocolo correspondientes al licenciado Juan Cutberto Tenorio González, en cuanto Notario Público 57 (foja 102, del juicio de amparo). Documentales e información las anteriores, a las que de conformidad con el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, dado que este juzgador está facultado para apreciarlas libremente y como en el caso ninguna de las partes formuló objeción en cuanto a su alcance y valor probatorio, el suscrito otorga esa tasación. Por otra parte, José Luis Calderón Solís, perito de la parte tercera interesada, rindió el dictamen encomendado mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 306 a 363), el cual fue ratificado en acta de seis de junio siguiente y por rendido en auto del día siguiente. Estudio pericial en el que, el especialista asentó a manera de conclusiones: "PRIMERA. Del resultado del estudio grafoscópico efectuado a las firmas señaladas como dubitadas, que se encuentran estampadas en la hoja donde se encuentra redactada la ratificación del contrato de compraventa, de fecha 12 de noviembre del año 2003, a nombre del Notario Público número 57, en comparación con las firmas indubitadas que se describen en el presente y que obran en los archivos descritos en el presente, se concluye, que las dos firmas que obran en la hoja de la ratificación notarial no corresponden al mismo origen gráfico de las firmas indubitables de comparación, ya que éstas no presentan las mismas particularidades y gestos gráficos de las indubitadas, no habiendo sido manuscritas del puño y letra del LIC. JUAN CUTBERTO TENORIO GONZÁLEZ, en ese entonces Notario Público nú mero 57, con ejercicio en la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán. SEGUNDA. Del resultado del estudio grafoscópico efectuado a las firmas señaladas como dubitadas, que se encuentran estampadas en la hoja donde se encuentra redactada la ratificación del contrato de compraventa, de fecha 12 de noviembre del año 2003, a nombre del Notario Público número 57, en comparación con las firmas indubitadas que se describen en el presente y que obran en los archivos descritos en el presente, se concluye, que las dos firmas que obran en la hoja de la ratificación notarial no corresponden al mismo origen gráfico de las firmas indubitables de comparación, ya que éstas no presentan las mismas particularidades y gestos gráficos de las indubitadas, no habiendo sido manuscritas del puño y letra del LIC. JUAN CUTBERTO TENORIO GONZALEZ, en ese entonces Notario Público número 57, con ejercicio en la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, ya que se trata de firmas falsificadas por asimilación de grafía, por una persona que tenía una relación laboral o una vinculación filial con el Notario Público. TERCERA. Como resultado del estudio pericial y tomando en consideración, el tipo de soporte, el formato, contenido impreso y tipo de impresión, tanto del contrato de compraventa y la ratificación notarial de fecha 12 de noviembre del año 2003, de acuerdo a sus elementos materiales con los que se encuentran efectuados, estos no corresponden a los documentos efectuados en esa misma época o fecha que se señala en los mismos, ya que de acuerdo a la comparación con las mismas características de las escrituras que se señalan como documentos indubitados y que fueron elaborados en la Notaría Pública número 57, a cargo en ese entonces del Licenciado JUAN CUTBERTO TENORIO GONZÁLEZ, los documentos cuestionados presentan diferencias notables de tipo de formato, tipo de impresión y configuración en general de los documentos, con los instrumentos notariales elaborados en la misma época en la Notaria pública número 57, por lo que los documentos cuestionados,. CUARTA. de acuerdo al resultado del estudio de las características físicas y materiales, así como de la diferencia de origen grafico de las firmas dubitadas en relación con las indubitadas, y del diseño y tipo de sellos estampados en los documentos cuestionados respecto de los sellos indubitados, los documentos cuestionados no corresponden a la fecha o época que se señalan como de su suscripción, es decir, que por las notables diferencias graficas de las firmas del Notario Público y de los sellos impresos en los documentos cuestionados, estos no concuerdan con las características de la firmas y sellos utilizados por el Notario Público número 57, Licenciado JUAN CUTBERTO TENORIO GONZÁLEZ, en ese entonces con ejercicio en la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, por lo que de acuerdo a las diferencias de sus características físicas y materiales tanto de las firmas, como de los sellos impresos, los documentos cuestionados no corresponden a la época y año que se consigna en los mismos, ya que difieren notablemente con los documentos elaborados por el Notario Público número 57 en la misma época o fecha de su elaboración y que se tomaron como indubitados. QUINTA. La fundamentación y la metodología aplicadas en el presente, se encuentran ampliamente plasmadas en los capítulos de antecedentes, metodología y consideraciones". Por su parte, el perito oficial Josué Perales Palma (solicitado por este juzgado), mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve rindió su dictamen, el cual ratificó el dieciséis de julio del mismo año y se tuvo por rendido el dieciocho siguiente. Estudio en el que el experto concluyó lo siguiente: Primera: LAS FIRMAS plasmadas como del licenciado JUAN CUTBERTO TENORIO GONZÁLEZ, Notario Público número 57 del Estado, en la certificación del contrato privado de compraventa que se presenta celebrado en fecha 7 de noviembre del 2003, por la señora MARÍA OLIVA GARCÍA CAMACHO también conocida como OLIVA GARCÍA CAMACHO como vendedora y por la otra parte el señor HÉCTOR FABIÁN CORREA ESPINO en cuanto a comprador: NO provienen del mismo origen gráfico de las firmas auténticas de dicho fedatario aportadas como base de comparación. Por las razones técnicas vertidas y expuestas en el cuerpo del presente estudio. Segunda: las IMPRESIONES DE SELLO que se encuentran plasmadas como del Lic. JUAN CUTBERTO TENORIO GONZÁLEZ, Notario Público número 57 del Estado, en el contrato privado de compraventa cuestionado, así como en la "CERTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN NOTARIAL NÚMERO QUINIENTOS VEINTIUNO", respecto de dicho contrato, NO corresponden en sus características de estructura y tipografía con las impresiones de sello auténticas que se encuentran registradas a su nombre en la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías del Estado, y a las plasmadas en las escrituras auténticas del mes de noviembre del 2003, que se pusieron a la vista en el Registro Público de la Propiedad, Raíz y de Comercio del Estado, señaladas como base de comparación. Por las razones técnicas vertidas y expuestas en el cuerpo del presente estudio. Tercera: el contrato de compraventa y su ratificación motivo de la presente prueba, NO corresponden en sus características de formato e impresión en relación a las escrituras auténticas del mes de noviembre del 2003, qué fueran aportadas como base de comparación y que se tuvieron a la vista en el Registro Público de la Propiedad, Raíz y de Comercio del Estado. Por las razones técnicas vertidas y expuestas en el cuerpo del presente estudio". Probanzas a las que se concede eficacia demostrativa en términos del artículo 211, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que el valor de la prueba pericial queda a la prudente apreciación del tribunal, y en el caso los peritos designados expusieron el fundamento de su opinión, las técnicas utilizadas en sus respectivo estudios y con base en ellas asentaron las conclusiones a las que arribaron. Atento lo anterior, este Juzgado de Distrito, de conformidad con las pruebas desahogadas y valoradas con antelación, concluye que el documento exhibido por el quejoso consistente en el contrato de compraventa celebrado el siete de noviembre de dos mil tres entre María Oliva García Camacho y/o Oliva García Camacho y Héctor Fabián Correa Espino, contiene elementos que afectan su certeza, pues de conformidad con los dictámenes periciales que al efecto fueron practicados, es posible establecer que las firmas plasmadas como del licenciado Juan Cutberto Tenorio González, Notario Público número 57 del Estado, en la certificación del contrato privado de compraventa materia de la controversia no provienen del mismo origen gráfico de las firmas auténticas de dicho fedatario aportadas; las impresiones de sello que se encuentran plasmadas como del Lic. Juan Cutberto Tenorio González, Notario Público número 57 del Estado, en el contrato privado de compraventa cuestionado, así como en la "CERTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN NOTARIAL NÚMERO QUINIENTOS VEINTIUNO", respecto de dicho contrato, NO corresponden en sus características de estructura y tipografía con las impresiones de sello auténticas que se encuentran registradas a su nombre en la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías del Estado, y a las plasmadas en las escrituras auténticas del mes de noviembre del 2003, que se pusieron a la vista en el Registro Público de la Propiedad, Raíz y de Comercio del Estado, señaladas como base de comparación; y, el contrato de compraventa y su ratificación no corresponden en sus características de formato e impresión en relación a las escrituras auténticas del mes de noviembre del 2003, que fueran aportadas como base de comparación y que se tuvieron a la vista en el Registro Público de la Propiedad, Raíz y de Comercio del Estado. De modo que -se insiste- tales inconsistencias afectan la certeza del documento privado ratificado ante Notario Público, por lo que deben tenerse como ciertas las afirmaciones del tercero interesado y en ese sentido, se determina que el documento privado de compraventa exhibido por la quejosa, carece de validez, y al no existir medios de prueba que favorezcan a la promovente del amparo, se declara fundado el incidente de objeción de documento falso planteado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 183, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 177926, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." Por ello, tal documento carece de valor probatorio para los fines exhibidos en este juicio de amparo. En el entendido que la declaratoria anterior sólo produce efectos dentro del presente juicio, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo, lo cual implica que a este juzgado no le corresponde realizar declaración de falsedad alguna respecto al citado documento. Es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1190 del Tomo XII, Agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS. LA OBJECIÓN DE FALSEDAD QUE DE ELLOS SE HAGA EN EL AMPARO, SÓLO AUTORIZA AL JUEZ DE DISTRITO A ESTIMAR SU AUTENTICIDAD PARA FIJAR SU ALCANCE PROBATORIO, SIN QUE SU DECISIÓN DEBA REFLEJARSE EN LOS RESOLUTIVOS DEL FALLO CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, la objeción de falsedad que se haga a los documentos que presente alguna de las partes, sólo da competencia al Juez de Distrito para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad del documento con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, lo que implica, conforme a una correcta interpretación de dicho numeral, que el órgano de control constitucional sólo está facultado para valorar la autenticidad del documento y determinar su alcance probatorio en el amparo, pero no para hacer una declaración acerca de la falsedad del documento, menos para que esa declaración se refleje en un resolutivo de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo, pues no debe perderse de vista que de acuerdo con el artículo 77, fracciones II y III, de la propia ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Carta Magna, las sentencias que se dicten en los juicios de garantías se deben concretar a sobreseer en el juicio, a conceder o negar el amparo, según el caso, sin hacer pronunciamiento respecto de la autenticidad de documentos, aunque haya estudio al respecto en los considerandos relativos." Sexto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La apoderada jurídica del tercero interesado Gustavo Adolfo Jasso Villivaña, mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, manifestó que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, argumento que es fundado. En efecto, dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio sumario civil hipotecario 954/2012, promovido por Gustavo Adolfo Jasso Villicaña frente a Oliva García Camacho; al efecto aduce el quejoso que es propietario del bien materia de dicha controversia; por ende debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Ahora bien, para pedir amparo la parte peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser propietaria. Es así, porque tratándose de la posesión y propiedad de muebles e inmuebles, para que éstas sean objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los bienes precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos; es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que la promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que obra a foja 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, Novena Época, registro 185115, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, en la que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Luego, el quejoso, en su carácter de auténtico extraño, reclamó la falta de llamado al juicio sumario civil hipotecario 954/2012, promovido por Gustavo Adolfo Jasso Villicaña contra Oliva García Camacho, en el que se ordenó poner al actor en posesión real y material del referido inmueble y en consecuencia, todo lo actuado en el mismo; la diligencia desahogada dentro del exhorto 121/2016, formado con motivo del diverso 276, en la que se entregó al actor del juicio de origen en posesión real y material del inmueble materia del litigio y su ejecución. Lo anterior, al considerar que es propietario del inmueble ubicado en el lote 6 de la manzana "J", en la calle Cuitláhuac esquina con calle Hermenegildo Galeana número 16, fraccionamiento "La Puerta", de Ciudad Hidalgo, Michoacán; carácter que ostentó con base en el documento que acompañó a su demanda, consistente en copia cotejada ante el Notario Público Número 57, con ejercicio y residencia en Zitácuaro, Michoacán, del contrato de compra venta que celebró el siete de noviembre de dos mil tres como comprador y María Oliva García Camacho y/o Oliva García Camacho en cuanto vendedora -ésta última demandada en el juicio del que derivan los actos reclamados- respecto del inmueble señalado. Documento que fue objetado por el tercero interesado y, previo el trámite del incidente respectivo, se declaró fundada dicha objeción en el considerando anterior, por lo que se determinó que tal documento carece de valor probatorio para que el quejoso acreditara la propiedad del inmueble que defiende en el presente juicio de amparo. Sentado lo anterior, primeramente debe establecerse que si lo reclamado en este juicio lo constituyen diversas actuaciones del juicio natural, las cuales afectan la propiedad de determinado bien, en un procedimiento donde el peticionario de amparo aduce no haber sido oído y vencido, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que la promovente de esta acción constitucional demuestre dos aspectos: primero, que el inmueble cuya propiedad dice ostentar, es el mismo materia de aquel juicio; y segundo, que tiene un título como causa generadora de la propiedad que alega, el cual debe producir la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien y no ser perturbado en su posesión, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento y, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese procedimiento. Por tal razón, el quejoso está obligado a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el bien materia del juicio de origen, esto es, debe acreditar la propiedad que defiende, con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho, de manera que la promovente del juicio constitucional tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Trasladado lo anterior al caso específico que nos ocupa, a consideración de quien resuelve, no se encuentra acreditado el interés jurídico de la parte quejosa. A efecto de esclarecer lo anterior, es menester establecer que el solicitante del amparo, en el caso a estudio, señaló como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, de manera medular, la afectación de su derecho de propiedad respecto del inmueble ubicado en el lote 6 de la manzana "J", en la calle Cuitláhuac esquina con calle Hermenegildo Galeana número 16, fraccionamiento "La Puerta", de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Luego, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio en sentido estricto, dado que aduce que no es parte formal en el procedimiento de origen en donde la responsable emitió los actos de autoridad que afectan su esfera de derechos. Pero como se precisó, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, debido a que no demostró en esta instancia constitucional que el acto reclamado le afecte. Se afirma lo anterior, habida cuenta que si bien es cierto que allegó al presente juicio de amparo copia cotejada ante notario público del contrato privado de compraventa de siete de noviembre de dos mil tres, en su carácter de comprador, respecto del inmueble descrito, también lo es que el mismo no resulta idóneo para acreditar el extremo que pretende, esto es, el interés jurídico que le asiste para cuestionar el acto de autoridad que aduce le afecta. Ello, porque como se advierte del considerando cuarto de este fallo, se declaró fundado el incidente de objeción de documentos formulado por el tercero interesado respecto del contrato de compraventa exhibido por la quejosa para acreditar la propiedad del inmueble que defiende en esta instancia, y se determinó que el mismo carece de valor probatorio para los fines pretendidos en el juicio de amparo en que se actúa. Atento lo expuesto, como en el incidente de objeción de documento planteado por la contraparte del quejoso se determinó que el contrato de compraventa con la que el peticionario de amparo pretende acreditar la propiedad del inmueble en contienda, no tiene eficacia probatoria plena para acreditar el interés jurídico, es inconcuso que no acredita su interés jurídico en este juicio de amparo para reclamar la afectación de la propiedad del referido bien inmueble. De esta manera, la simple manifestación del impetrante del amparo y la documental que aporta a su libelo accionario, no resultan suficientes para acreditar el interés jurídico que la legitime para acudir a esta instancia constitucional en demanda de amparo, máxime si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquél, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de la parte quejosa. Máxime, que en este mismo juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 368/2017 [el cual se invoca como hecho notorio], promovido por Silvia Moreno Ortega, por su propio derecho; quien también adujo ser propietaria del mismo bien inmueble materia del presente juicio de amparo, y el tercero también presentó incidente de objeción, el cual resultó fundado. En conclusión, ya que el quejoso no acreditó tener algún derecho sobre el inmueble que defiende, el cual, se insiste, debe acreditarse con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere derechos, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Consecuentemente, al no haberse acreditado la causa por la cual el quejoso señala ser propietario del bien inmueble en cuestión, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, tal y como ocurrió en la especie. Tiene aplicación la Jurisprudencia II.2o.C. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1341, del Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR.- Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal". Asimismo, tiene aplicación al caso por identidad jurídica sustancial, la tesis I.5o.C.6 K Sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página seiscientos trece, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se declaró fundado el incidente de objeción de documento promovido por la apoderada del tercero interesado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Fabián Correa Espino, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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