Héctor Agustín Romero Robledo

Expediente 766/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
766/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Héctor Agustín Romero Robledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós.****************************************Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho.****************************************Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.****************************************Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó y se negó el amparo en el mismo.****************************************Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica.****************************************Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años.****************************************Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 766/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas documentales y el disco compacto que allegó la autoridad responsable junto con su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los expresó. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Héctor Agustín Romero Robledo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en Morelia, Michoacán, y de otra autoridad. Demanda en la cual la parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 766/2022 y en auto de trece de julio de dos mil veintidós, la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Analberta y/o Anaalberta Melchor Munguía, en cuanto parte actora en el juicio familiar de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, el acto que reclama la parte quejosa consiste en: La determinación de fijar una pensión alimenticia provisional, tomada dentro de la audiencia preliminar celebrada el veintidós de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio especial oral familiar 940/2021, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió la aquí tercera interesada Analberta Melchor Munguía contra el quejoso Héctor Agustín Romero Robledo. En dicha audiencia, al resolver la medida cautelar solicitada, la juez responsable decretó alimentos provisionales a favor del menor Héctor Abraham Romero Melchor a cargo del aquí quejoso por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 M.N.) equivalente a una UMA diaria, en forma mensual. Tercera. Inexistencia. La autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que si bien en el juicio 940/2021 de origen con fecha veintidós de junio de dos mil veintidós se celebró audiencia preliminar en la que se decretó una pensión alimenticia a favor del adolescente Héctor Abraham Romero Melchor, y de la cual el demandado quedó notificado en la propia audiencia, a esa Actuaria no se le ha encomendado realizar notificación y/o requerimiento alguno relacionado con la pensión alimenticia fijada, con lo cual se dio vista a las partes en su oportunidad. No obstante lo anterior, el promovente de amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el respectivo informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, ante la negativa antes apuntada, misma que no fue desvirtuada en el presente juicio, se tiene por inexistente el acto reclamado a la autoridad señalada en esta consideración. De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta al acto atribuido a la autoridad de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a dicho informe la autoridad en cita, consistentes en copia certificada de las principales constancias relativas al juicio especial oral familiar 940/2021 [las cuales obran agregadas al presente juicio] y un disco compacto que contiene la audiencia reclamada. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexta. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, analizada íntegramente la demanda, la parte quejosa se duele esencialmente de lo siguiente: Que la audiencia reclamada viola en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad que consagran en su favor los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad responsable sin tomar en cuenta el convenio propuesto decretó una pensión alimenticia provisional que no fue peticionada por la tercera interesada, y si no se realiza una petición es incongruente que la autoridad responsable se pronunciara sobre algo que no fue solicitado. Que la responsable vulneró sus derechos porque se pronunció sobre la pensión provisional sin darle la oportunidad de tener un acuerdo con la tercera interesada; que debió salvaguardar los derechos de ésta para hacer valer la petición de alimentos conforme a su derecho corresponda, como lo marca el artículo 256 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que su contraria no exhibió una propuesta de convenio la cual debió requerirle la responsable, sin que lo haya hecho. Lo anterior, -refiere el quejoso- porque el divorcio sin expresión de causa es un procedimiento ordinario y los alimentos se solicitan mediante un juicio especial en caso de no tener ningún acuerdo en la audiencia preliminar, y porque la tercera solicitó en su escrito inicial se girara oficio a su fuente laboral para saber su salario, pero la responsable decretó la pensión desconociendo sus posibilidades económicas. Por ello, solicita se proceda a una reposición de audiencia toda vez que no existe audiencia preliminar en alimentos, sino que simplemente se solicitó un divorcio y en dicha audiencia no existió petición alguna de la actora respecto de tales alimentos, menos sin saber lo que gana el quejoso y le es imposible dar la cantidad decretada y menos si se están violentando sus derechos humanos al debido proceso y a la garantía de audiencia. Establecido lo anterior, los motivos de disenso aducidos deben calificarse como infundados. Para explicar la premisa anterior, es necesario traer a contexto el contenido de los numerales 260, fracción II, 267, 268 y 269 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, relativo al Capítulo del divorcio sin expresión de causa como el que nos ocupa, los cuales disponen: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: [.] II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; [.]" "Artículo 267. No estando en ninguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral, quien citará a los cónyuges a la audiencia preliminar, señalando día y hora para que se verifique en un plazo de cinco días a que aquellos se reciban. Artículo 268. En dicha audiencia se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; de ser así, se pronunciará sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado. Artículo 269. En caso contrario, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia conforme al artículo que antecede, y de persistir esta, se declarará la disolución del vínculo matrimonial y aprobará las prestaciones que hubieren sido convenidas, reservando para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones. [.]" De los preceptos transcritos se obtiene que el tema de los alimentos provisionales, está regulado en el artículo 260, al disponer que al admitirse la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, entre las que se encuentra la de fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas. Asimismo, que una vez enviados los autos al juez de instrucción para el verificativo de la audiencia preliminar, se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y si además, quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad. En caso contrario, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia y de persistir esta, se declarará la disolución del vínculo matrimonial y aprobará las prestaciones que hubieren sido convenidas, reservando para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones. Establecido lo anterior, se considera necesario destacar las siguientes actuaciones que se advierten de las constancias allegadas al juicio por la juez responsable: Mediante auto de cinco de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio especial oral familiar 940/2021, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Anaalberta Melchor Murguía, frente a Héctor Agustín Romero Robledo; asimismo, se le tuvo ofertando medios de prueba, se dio la intervención correspondiente al Ministerio Público y se designó tutor especial del infante involucrado. Una vez emplazado el demandado aquí quejoso, pretendió dar contestación a la demanda de divorcio instaurada en su contra; sin embargo, mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, la juzgadora de origen proveyó que no ha lugar a proveer de conformidad la petición del demandado, en virtud de que la promoción que presentó carecía de firma; por tanto, el veintiséis de mayo siguiente se señaló fecha para el verificativo de la audiencia preliminar, y se determinó que como el demandado no dio contestación a la demanda entablada en su contra, no había pruebas que desahogar a su favor. Luego, en la audiencia preliminar celebrada el veintidós de junio de dos mil veintidós, agotadas que fueron las etapas correspondientes y en virtud de que la parte actora no estuvo presente en dicha actuación, la juez responsable declaró la disolución del vínculo matrimonial entre las partes contendientes, y admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora, así como la confesional de la actora ofrecida por la tutora especial y la fiscal. De igual forma, la juzgadora natural ordenó desahogar una prueba pericial en trabajo social de la actora y el demandado; luego, respecto de la convivencia, determinó que previamente debía llevarse a cabo la escucha del menor involucrado con presencia de la tutora especia, la fiscal y psicólogo del Supremo Tribunal. Por otro lado, a petición de la tutora especial y de la fiscal de la adscripción, la responsable decretó a cargo del demandado una pensión alimenticia en favor del menor Héctor Abraham Romero Melchor, equivalente a una UMA diaria equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 M.N.), a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.). Finalmente, determinó la responsable no señalar fecha y hora para la audiencia de juicio, hasta que en el juicio se contara con la información solicitada y la pericial ordenada. Expuesto el anterior panorama, como ya se adelantó, es infundado lo alegado por el peticionario de amparo debido a que el hecho de que no se le hubiere concedido el derecho de audiencia, previo a la fijación de la pensión alimenticia provisional, no viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o como ocurre en la especie, para satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención, como son los alimentos para un menor de edad. Es así, ya que a pesar de que el artículo 14 Constitucional establece como punto medular el derecho de audiencia previa a un acto privativo, lo cierto es que ello rige únicamente respecto de aquéllos que en sí mismos persiguen la privación, tienen existencia independiente y sus efectos son definitivos, no provisionales. Particularidades que en la especie no se actualizan, pues la medida cautelar reclamada tiene origen en un juicio especial oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, en el que al celebrarse la audiencia preliminar, se decretó la disolución del vínculo matrimonial de los contendientes y al no llevarse a cabo la mediación o conciliación entre las partes en la fase respectiva dado que la actora no compareció, a petición de la tutora especial y la fiscal, se decretó una pensión alimenticia provisional a favor del menor descendiente de los contendientes del juicio, cuyo objeto, es alcanzar que los alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere. De ahí que, no obstante que previo al desahogo de la audiencia preliminar no se tuvo al demandado aquí quejoso dando contestación a la demanda en virtud de que su escrito carecía de firma, y por lo mismo no se admitieron pruebas de su parte, previo al dictado de la medida decretada no era indispensable otorgarle el derecho de audiencia, más aun cuando la imposición de carácter provisional consistente en la fijación de alimentos, atiende a la urgente necesidad de salvaguardar -conforme al artículo 4° Constitucional- el interés superior de un menor de edad. Máxime que, por la propia naturaleza del derecho de alimentos, éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Volumen 42, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 233429 de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES, FIJACION DE LOS, SIN AUDIENCIA DEL OBLIGADO A DAR LOS. CONSTITUCIONALIDAD EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN QUE LOS ESTABLECE. El título VII, capítulo XVIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no es inconstitucional al establecer la fijación de alimentos provisionales sin la audiencia previa del deudor alimentario, quien no es privado del derecho de ser oído en cuanto puede contradecir el derecho del acreedor y su obligación de darle alimentos. Las diligencias de jurisdicción voluntaria son, en efecto, actos fuera de juicio en que no se admite contradicción, sino simplemente satisfacer por parte de quien demanda los alimentos los extremos que marcan los artículos 1346 y 1350 del código impugnado y porque tienen por objeto alcanzar que los alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere. Es necesario convenir que por la propia naturaleza del derecho de alimentos, éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. Ahora bien, no es exacto que los alimentos provisionales carezcan del requisito de provisionalidad y de condicionalidad, como también es inexacto que la resolución que los concede viole la garantía de audiencia. Son provisionales como su misma denominación lo indica supuesto que no se decretan en forma definitiva, y el deudor puede contradecirlos al tener a su alcance tanto el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1350, en el juicio a que alude el artículo 1353, o en el incidente que prevé el artículo 1354, para la determinación de la cuantía de los alimentos. Por tanto, se difiere solamente la audiencia en la fijación de los alimentos provisionales, determinada por la propia naturaleza el derecho y la necesidad de que ellos se suministren oportunamente, puesto que la oportunidad de ser oído se presenta en el momento en que en ejercicio de un derecho, el deudor puede apelar de la resolución dictada en la jurisdicción voluntaria, y en los términos que establece el artículo 1350 del código procesal civil que se combate, o bien en juicio de contradicción respecto del derecho que en su contra se ejercita y se objeta únicamente el monto de los alimentos provisionales, en el incidente que otorga el artículo 1254." Por ende, como se dijo con antelación, tratándose de la imposición de medidas cautelares no rige la garantía de audiencia previa, por no constituir actos privativos; lo que fue interpretado así por el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia número 21/98, publicada en la página 18 del tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital 196727, de epígrafe y texto: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." En congruencia con lo anterior debe decirse que, aun cuando la parte actora del juicio natural no hubiere peticionado la pensión alimenticia en los términos precisos decretados por la juzgadora, lo cierto es que sí solicitó dicha medida para su menor descendiente, lo que así se corrobora incluso del escrito mediante el cual el demandado pretendió dar contestación a la demanda, en el que adujo: "SÉPTIMO.- Así mismo hago la contrapropuesta de convenio esto con fundamento en el actual código familiar (ANEXO 3), toda vez que su convenio es obscuro ya que en el párrafo IV.- manifiesta el concepto de pensión alimenticia para nuestro menor hijo solicita la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para CUIDADO Y CRIANZA DE NUESTRO MENOR HIJO, así como 50% de médicos y escolares, manifestando que esto debe ir incluido en los ALIMENTOS.. De la misma forma en el párrafo V.- manifiesta el concepto de pensión alimenticia para "nuestros menores hijos" solicita la cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) para CUIDADO Y CRIANZA." Luego, al no comparecer la parte actora a la audiencia preliminar, la tutora especial y la fiscal adscrita al órgano jurisdiccional responsable, quienes tienen el carácter de parte en términos de los artículos 261 y 256, fracción IV, último párrafo, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, solicitaron se fijara la pensión alimenticia correspondiente. Lo que acertadamente declaró procedente la juzgadora de origen, en estricto cumplimiento a la obligación que al efecto le impone el precepto legal 260 del propio ordenamiento legal invocado, el cual dispone que mientras dure el procedimiento el juez debe dictar las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como en este caso lo es fijar y asegurar los alimentos para el hijo de los contendientes del juicio. Sin que impida considerar lo anterior, lo argumentado en el sentido de que la autoridad fijó la pensión alimenticia sin saber lo que gana el quejoso, y que no obstante que la actora solicitó desde su escrito inicial se girara el oficio a su lugar laboral para saber cuál es el salario que percibe, la responsable decretó la pensión desconociendo sus posibilidades económicas. Sin embargo, debe decirse que atendiendo a que al momento del desahogo de la audiencia preliminar la juez no contaba con la información de la fuente laboral del demandado, solicitada por la parte actora, es correcto que fijara la pensión alimenticia solicitada por la tutora especial y la fiscal de la adscripción, en los términos en que lo hizo. Lo anterior, porque de conformidad con lo que dispone el artículo 452, del cuerpo de leyes en comento, los menores de edad gozan de presunción de necesitar alimentos; asimismo, al ser una medida provisional que tiene por objeto garantizar el derecho a los alimentos del acreedor, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles, máxime que en todo caso, el deudor está en aptitud de contradecir dicha medida en la audiencia del juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1092 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. En las condiciones apuntadas, al resultar infundado el concepto de violación propuesto y no advertirse deficiencia que suplir de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Héctor Agustín Romero Robledo, por su propio derecho, en términos de la consideración tercera de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Agustín Romero Robledo, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en la consideración sexta de la presente resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la actuaria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.ORF

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas que anexó a su oficio la autoridad responsable Asimismo, téngase a la juez responsable remitiendo un disco compacto; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en comento, se tienen por admitidos dichos medios de prueba, los cuales se ordena relacionar al momento de la audiencia constitucional respectiva. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de las constancias en comento se obtiene que Analberta y/o Anaalberta Melchor Munguía es la parte actora dentro del juicio de especial oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada, quien puede ser emplazada en el domicilio ubicado en la calle Estelaris, número 34, del fraccionamiento Galaxia Tarimbaro, del municipio de Tarimbaro, Michoacán. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito, a efecto de que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada en el domicilio referido, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le hará por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, h) Hágasele saber que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ahora, del diverso informe rendido por la juez responsable se advierte que el sentido del mismo discrepa del primero de los mencionados; asimismo, las firmas estampadas no guardan concordancia, según se muestra a continuación: / / Por tanto, requiérase a la juez responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificada la presente determinación, aclare dicha situación, en el entendido que de no hacerlo, se le harán efectivos los apercibimientos formulados en el auto admisorio. Para dar margen a lo anterior y a que obren las constancias correspondientes al emplazamiento de la parte tercera interesada, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista, mediante oficio a la autoridad responsable y emplácese a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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