Hector Emilio Cortes Pérez

Expediente 1812/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1812/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Hector Emilio Cortes Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1812/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y ll; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1812/2018-II-B, promovido por HÉCTOR EMILIO CORTES PÉREZ, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de noviembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este juzgado, HÉCTOR EMILIO CORTES PÉREZ, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. (fojas 3 a 5) SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho se desechó parcialmente la demanda y por otra parte se admitió a trámite la misma; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. (fojas 6 a 11) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1968/05, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 27 y 28). Al respecto, el Presidente de la Junta responsable exhibió copia certificada del expediente laboral 01/1968/2005 (anexos I y II), de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La autoridad responsable arguye que, en virtud de que el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo, las actuaciones en dicha etapa procesal están sujetas al impulso del ejecutante, por lo que la prosecución del procedimiento no es a cargo de la Junta, por lo que consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo derogada. Con independencia que invocó preceptos que no se encuentra vigentes, la improcedencia alegada debe desestimarse porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto. Sirve como apoyo la jurisprudencia P./J. 135/2001, Tomo XV, Enero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 5: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son infundados para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante, sin que en el particular se advierta queja deficiente que suplir. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala 2a./J. 67/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, Página 263, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).". En suma, el quejoso sostiene que la autoridad viola su derecho a la administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, al omitir llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. La garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, podemos decir que la garantía a la tutela jurisdiccional comprende tres fases: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Lo argumentado encuentra apoyo en las siguientes tesis: 1a./J. 42/2007, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, Página 124: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Así como, 1a. LXXIV/2013 (10a.), de la Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época, Página 882: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS." Así las cosas, el derecho a la pronta impartición de justicia no sólo implica que el juicio se dirima de forma ágil, antes, también comprende que el derecho declarado en favor del vencedor por virtud de la sentencia constituida en cosa juzgada, trascienda al mundo fáctico mediante su cumplimiento. No obstante lo anterior, no puede reputarse contrario al acceso a la justicia que en el caso concreto no se haya logrado de forma oficiosa la valuación de inmueble embargado y su posterior remate, sino que constituye una consecuencia negativa a la inactividad procesal de a quienes corresponde, de forma exclusiva, dar impulso a las cuestiones que se ventilan en la etapa de ejecución de laudo. En estas condiciones, con el laudo dictado se garantizó el acceso a la tutela judicial efectiva, y en relación a la ejecución, es indispensable la intervención del ejecutante no sólo en el inicio de la etapa, sino para su prosecución, sin que ello implique transgresión al acceso a la justicia, toda vez que el ejecutante tiene la posibilidad de accionar la actuación de la Junta responsable, lo que deviene acorde a los principios que tutela el numeral 17 constitucional. En el caso concreto, la omisión reclamada por el quejoso se ubica en la etapa de ejecución del laudo; en específico, se duele de la omisión del presidente de la junta, de desplegar motu proprio, los actos necesarios para obtener la ejecución del laudo dictado en el conflicto de origen. Tales actos son, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su ulterior remate. Ahora, conviene citar el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo [aplicable al juicio de origen]: "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Conforme al invocado numeral, la ejecución del laudo inicia a instancia de parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), la Segunda Sala del Alto Tribunal del País sustentó que en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, es indispensable la intervención del ejecutante tanto para su inicio, como para su prosecución, ya que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley, establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Sirve de apoyo la citada jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, página 2772: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." En el caso concreto, el quejoso pretende por vía de amparo, que se imponga a la autoridad la obligación de pronunciarse sobre una cuestión respecto de la cual, él no demuestra haber instado su realización. Cierto, no prueba que solicitó al presidente de la junta la valuación del inmueble embargado y su remate, sin que sea óbice para tal afirmación, la promoción presentada a la autoridad responsable el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, con registro 003089, pues a través de ésta y en torno a la ejecución del laudo, únicamente solicitó girar los oficios correspondientes para que se llevara a cabo la valuación del bien inmueble embargado a fin de continuar con el procedimiento de ejecución del laudo, la cual fue acordada el trece de febrero de dos mil diecisiete, en el sentido de ordenar girar los oficios a la dependencia a efecto de la realización de los actos que afirma, sin que dicha promoción permita concluir que la autoridad debe desplegar de oficio diversas actuaciones hasta el extremo de que el laudo sea cumplido, al no estar así previsto en los numerales 519, fracción III y 950 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si tratándose de la ejecución del laudo es necesario el impulso del vencedor, ante la falta de éste, materializado a través de la presentación de promoción, no puede decirse que haya surgido la obligación de la autoridad de proveer sobre lo que a decir del quejoso, es necesario para lograr el cumplimiento del laudo. Por similitud, ilustra el razonamiento que antecede en lo que se refiere a que el quejoso tiene la carga de demostrar que instó a la autoridad a actuar cuando la conducta negativa de la autoridad responsable requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del quejoso para ejercer la facultad prevista en la ley aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala, tesis: 2a. CXLI/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, página 366: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ." Así las cosas, ya que el quejoso no demuestra haber ligado a la autoridad a actuar en miras a la ejecución del laudo, a través de la presentación de promoción encaminada a obtener pronunciamiento sobre la realización de los actos que aduce resultan necesarios para la ejecución del laudo, esto es, la valuación de inmueble embargado y remate, no puede decirse que la omisión reclamada sea violatoria de su derecho a la administración de justicia, al no estar demostrado que generó la condición necesaria y la responsable no actúa en consecuencia. Así las cosas, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a HÉCTOR EMILIO CORTÉS PÉREZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1812/2018-II-B, promovido por HÉCTOR EMILIO CORTES PÉREZ, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de noviembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este juzgado, HÉCTOR EMILIO CORTES PÉREZ, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. (fojas 3 a 5) SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho se desechó parcialmente la demanda y por otra parte se admitió a trámite la misma; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. (fojas 6 a 11) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1968/05, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 27 y 28). Al respecto, el Presidente de la Junta responsable exhibió copia certificada del expediente laboral 01/1968/2005 (anexos I y II), de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La autoridad responsable arguye que, en virtud de que el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo, las actuaciones en dicha etapa procesal están sujetas al impulso del ejecutante, por lo que la prosecución del procedimiento no es a cargo de la Junta, por lo que consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo derogada. Con independencia que invocó preceptos que no se encuentra vigentes, la improcedencia alegada debe desestimarse porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto. Sirve como apoyo la jurisprudencia P./J. 135/2001, Tomo XV, Enero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 5: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son infundados para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante, sin que en el particular se advierta queja deficiente que suplir. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala 2a./J. 67/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, Página 263, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).". En suma, el quejoso sostiene que la autoridad viola su derecho a la administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, al omitir llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. La garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, podemos decir que la garantía a la tutela jurisdiccional comprende tres fases: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Lo argumentado encuentra apoyo en las siguientes tesis: 1a./J. 42/2007, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, Página 124: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Así como, 1a. LXXIV/2013 (10a.), de la Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época, Página 882: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS." Así las cosas, el derecho a la pronta impartición de justicia no sólo implica que el juicio se dirima de forma ágil, antes, también comprende que el derecho declarado en favor del vencedor por virtud de la sentencia constituida en cosa juzgada, trascienda al mundo fáctico mediante su cumplimiento. No obstante lo anterior, no puede reputarse contrario al acceso a la justicia que en el caso concreto no se haya logrado de forma oficiosa la valuación de inmueble embargado y su posterior remate, sino que constituye una consecuencia negativa a la inactividad procesal de a quienes corresponde, de forma exclusiva, dar impulso a las cuestiones que se ventilan en la etapa de ejecución de laudo. En estas condiciones, con el laudo dictado se garantizó el acceso a la tutela judicial efectiva, y en relación a la ejecución, es indispensable la intervención del ejecutante no sólo en el inicio de la etapa, sino para su prosecución, sin que ello implique transgresión al acceso a la justicia, toda vez que el ejecutante tiene la posibilidad de accionar la actuación de la Junta responsable, lo que deviene acorde a los principios que tutela el numeral 17 constitucional. En el caso concreto, la omisión reclamada por el quejoso se ubica en la etapa de ejecución del laudo; en específico, se duele de la omisión del presidente de la junta, de desplegar motu proprio, los actos necesarios para obtener la ejecución del laudo dictado en el conflicto de origen. Tales actos son, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su ulterior remate. Ahora, conviene citar el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo [aplicable al juicio de origen]: "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Conforme al invocado numeral, la ejecución del laudo inicia a instancia de parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), la Segunda Sala del Alto Tribunal del País sustentó que en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, es indispensable la intervención del ejecutante tanto para su inicio, como para su prosecución, ya que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley, establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Sirve de apoyo la citada jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, página 2772: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." En el caso concreto, el quejoso pretende por vía de amparo, que se imponga a la autoridad la obligación de pronunciarse sobre una cuestión respecto de la cual, él no demuestra haber instado su realización. Cierto, no prueba que solicitó al presidente de la junta la valuación del inmueble embargado y su remate, sin que sea óbice para tal afirmación, la promoción presentada a la autoridad responsable el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, con registro 003089, pues a través de ésta y en torno a la ejecución del laudo, únicamente solicitó girar los oficios correspondientes para que se llevara a cabo la valuación del bien inmueble embargado a fin de continuar con el procedimiento de ejecución del laudo, la cual fue acordada el trece de febrero de dos mil diecisiete, en el sentido de ordenar girar los oficios a la dependencia a efecto de la realización de los actos que afirma, sin que dicha promoción permita concluir que la autoridad debe desplegar de oficio diversas actuaciones hasta el extremo de que el laudo sea cumplido, al no estar así previsto en los numerales 519, fracción III y 950 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si tratándose de la ejecución del laudo es necesario el impulso del vencedor, ante la falta de éste, materializado a través de la presentación de promoción, no puede decirse que haya surgido la obligación de la autoridad de proveer sobre lo que a decir del quejoso, es necesario para lograr el cumplimiento del laudo. Por similitud, ilustra el razonamiento que antecede en lo que se refiere a que el quejoso tiene la carga de demostrar que instó a la autoridad a actuar cuando la conducta negativa de la autoridad responsable requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del quejoso para ejercer la facultad prevista en la ley aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala, tesis: 2a. CXLI/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, página 366: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ." Así las cosas, ya que el quejoso no demuestra haber ligado a la autoridad a actuar en miras a la ejecución del laudo, a través de la presentación de promoción encaminada a obtener pronunciamiento sobre la realización de los actos que aduce resultan necesarios para la ejecución del laudo, esto es, la valuación de inmueble embargado y remate, no puede decirse que la omisión reclamada sea violatoria de su derecho a la administración de justicia, al no estar demostrado que generó la condición necesaria y la responsable no actúa en consecuencia. Así las cosas, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a HÉCTOR EMILIO CORTÉS PÉREZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I y II, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. DCSM*

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