Héctor Emilio Cortés Pérez

Expediente 1962/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1962/2014
Año
2014
Actuaciones
24
Última actuación
15/03/2016

Partes del expediente

  • Héctor Emilio Cortés Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1962/2014, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cuatro de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del cuatro de febrero del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1962/2014-III-B, promovido por Héctor Emilio Cortés Pérez, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su presidente ejecutor; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el trece de agosto de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día por este Juzgado, Héctor Emilio Cortés Pérez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su presidente ejecutor. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de catorce siguiente; por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A la par de la admisión, se desechó parcialmente la demanda respecto de las autoridades responsables Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Coordinación de Servicios Periciales y Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana, ambas de dicha institución, así como de sus actos reclamados. Seguida la secuela procesal, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince se ordenó emplazar por edictos a los terceros interesados. Luego, por auto de veintisiete de noviembre pasado se reanudó el procedimiento y se fijaron las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de diciembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del presidente ejecutor de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1968/05, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. No pasa desapercibido que el quejoso también señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; sin embargo, lo cierto es que la omisión reclamada solo atañe al presidente ejecutor, de manera que la designación de la junta como autoridad responsable, puede considerarse un mero error que no conduce al sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 57/95 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200702 1 de 1 Segunda Sala Tomo II, Octubre de 1995 Pag. 226 Jurisprudencia(Laboral, Común) JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la encargada de la presidencia de la junta al rendir su informe justificado (fojas 18 y 19). CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable arguye que, en virtud de que el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo, las actuaciones en dicha etapa procesal están sujetas al impulso del ejecutante, por lo que la sentencia no puede ocuparse de actos futuros e inciertos. La improcedencia alegada debe desestimarse porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto. Sirve como apoyo esta jurisprudencia: Tesis: P./J. 135/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187973 86 de 112 Pleno Tomo XV, Enero de 2002 Pag. 5 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismos que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Es aplicable esta tesis: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En suma, el quejoso sostiene que la autoridad viola su derecho a la administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, al omitir llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. El concepto es infundado. La garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, podemos decir que la garantía a la tutela jurisdiccional comprende tres fases: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Lo argumentado encuentra apoyo en las siguientes tesis: Tesis: 1a./J. 42/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172759 1 de 1 Primera Sala Tomo XXV, Abril de 2007 Pag. 124 Jurisprudencia(Constitucional) GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. Tesis: 1a. LXXIV/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2003018 1 de 1 Primera Sala Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1 Pag. 882 Tesis Aislada(Constitucional) DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Así las cosas, el derecho a la pronta impartición de justicia no sólo implica que el juicio se dirima de forma ágil, antes, también comprende que el derecho declarado en favor del vencedor por virtud de la sentencia constituida en cosa juzgada, trascienda al mundo fáctico mediante su cumplimiento. En el caso concreto, la omisión reclamada por el quejoso se ubica en la etapa de ejecución del laudo; en específico, se duele de la omisión del presidente de la junta, de desplegar motu proprio, los actos necesarios para obtener la ejecución del laudo dictado en el conflicto de origen. Tales actos son, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su ulterior remate. Ahora, conviene citar el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo [aplicable al juicio de origen]: "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Conforme al invocado numeral, la ejecución del laudo inicia a instancia de parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), la Segunda Sala del Alto Tribunal del País sustentó que en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, es indispensable la intervención del ejecutante tanto para su inicio, como para su prosecución, ya que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley, establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. La jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000025 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2772 Jurisprudencia(Laboral) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. En el caso concreto, el quejoso pretende por vía de amparo, que se imponga a la autoridad la obligación de pronunciarse sobre una cuestión respecto de la cual, él no demuestra haber instado su realización. Cierto, no prueba que solicitó al presidente de la junta, la valuación del inmueble embargado y su remate, sin que sea óbice para tal afirmación, la promoción presentada a la autoridad responsable el nueve de julio de dos mil catorce, con registro 002592, pues a través de ésta y en torno a la ejecución del laudo, únicamente solicitó la asignación de perito valuador para continuar con el procedimiento de ejecución del laudo, más no la realización de los actos que afirma, la autoridad debe desplegar de oficio para que el laudo sea cumplido. No pasa desapercibido que por auto de cinco de septiembre de dos mil catorce, la autoridad responsable acordó la promoción 002592 y notificó su determinación a las partes por boletín laboral el ocho siguiente; sin embargo, dicha actuación surgió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el trece de agosto de dos mil catorce, de modo que no puede emprenderse su estudio, pues hacerlo iría en contra de la regla de que la sentencia se ocupa de actos presentes, es decir, existentes a la promoción del juicio de amparo, máxime que este juzgador no puede, ni aun en suplencia de la queja, sustituirse en el quejoso e incluir en la litis, actos que aquél no reclamó. La regla de que la sentencia del juicio de amparo se ocupa de actos existentes a su promoción, encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Luego, si tratándose de la ejecución del laudo es necesario el impulso del vencedor, ante la falta de éste, materializado a través de la presentación de promoción, no puede decirse que ha surgido la obligación de la autoridad de proveer sobre lo que a decir del quejoso, es necesario para lograr el cumplimiento del laudo. Por similitud, ilustra el razonamiento que antecede en lo que se refiere a que el quejoso tiene la carga de demostrar que instó a la autoridad a actuar cuando la conducta negativa de la autoridad responsable requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del quejoso para ejercer la facultad prevista en la ley aplicable, esta tesis: Tesis: 2a. CXLI/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197269 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 366 Tesis Aislada(Común) ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Así las cosas, ya que el quejoso no demuestra haber ligado a la autoridad a actuar en miras a la ejecución del laudo, a través de la presentación de promoción encaminada a obtener pronunciamiento sobre la realización de los actos que aduce resultan necesarios para la ejecución del laudo, esto es, valuación de inmueble embargado y remate, no puede decirse que la omisión reclamada sea violatoria de su derecho a la administración de justicia, al no estar demostrado que generó la condición necesaria y la responsable no actúa en consecuencia, siendo ésa, el impulso procesal. Así las cosas, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Emilio Cortés Pérez, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, a la parte tercera interesada Maderas y Accesorios Sociedad Anónima de Capital Variable y Gustavo García Camarill, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Emilio Cortés Pérez, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1962/2014-III-B, promovido por Héctor Emilio Cortés Pérez, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su presidente ejecutor; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el trece de agosto de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día por este Juzgado, Héctor Emilio Cortés Pérez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su presidente ejecutor. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de catorce siguiente; por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A la par de la admisión, se desechó parcialmente la demanda respecto de las autoridades responsables Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Coordinación de Servicios Periciales y Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana, ambas de dicha institución, así como de sus actos reclamados. Seguida la secuela procesal, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince se ordenó emplazar por edictos a los terceros interesados. Luego, por auto de veintisiete de noviembre pasado se reanudó el procedimiento y se fijaron las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de diciembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del presidente ejecutor de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1968/05, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. No pasa desapercibido que el quejoso también señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; sin embargo, lo cierto es que la omisión reclamada solo atañe al presidente ejecutor, de manera que la designación de la junta como autoridad responsable, puede considerarse un mero error que no conduce al sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 57/95 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200702 1 de 1 Segunda Sala Tomo II, Octubre de 1995 Pag. 226 Jurisprudencia(Laboral, Común) JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la encargada de la presidencia de la junta al rendir su informe justificado (fojas 18 y 19). CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable arguye que, en virtud de que el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo, las actuaciones en dicha etapa procesal están sujetas al impulso del ejecutante, por lo que la sentencia no puede ocuparse de actos futuros e inciertos. La improcedencia alegada debe desestimarse porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto. Sirve como apoyo esta jurisprudencia: Tesis: P./J. 135/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187973 86 de 112 Pleno Tomo XV, Enero de 2002 Pag. 5 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismos que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Es aplicable esta tesis: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En suma, el quejoso sostiene que la autoridad viola su derecho a la administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, al omitir llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su posterior remate. El concepto es infundado. La garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, podemos decir que la garantía a la tutela jurisdiccional comprende tres fases: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Lo argumentado encuentra apoyo en las siguientes tesis: Tesis: 1a./J. 42/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172759 1 de 1 Primera Sala Tomo XXV, Abril de 2007 Pag. 124 Jurisprudencia(Constitucional) GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. Tesis: 1a. LXXIV/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2003018 1 de 1 Primera Sala Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1 Pag. 882 Tesis Aislada(Constitucional) DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Así las cosas, el derecho a la pronta impartición de justicia no sólo implica que el juicio se dirima de forma ágil, antes, también comprende que el derecho declarado en favor del vencedor por virtud de la sentencia constituida en cosa juzgada, trascienda al mundo fáctico mediante su cumplimiento. En el caso concreto, la omisión reclamada por el quejoso se ubica en la etapa de ejecución del laudo; en específico, se duele de la omisión del presidente de la junta, de desplegar motu proprio, los actos necesarios para obtener la ejecución del laudo dictado en el conflicto de origen. Tales actos son, en concreto, la valuación del inmueble embargado y su ulterior remate. Ahora, conviene citar el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo [aplicable al juicio de origen]: "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Conforme al invocado numeral, la ejecución del laudo inicia a instancia de parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), la Segunda Sala del Alto Tribunal del País sustentó que en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, es indispensable la intervención del ejecutante tanto para su inicio, como para su prosecución, ya que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley, establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. La jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000025 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2772 Jurisprudencia(Laboral) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. En el caso concreto, el quejoso pretende por vía de amparo, que se imponga a la autoridad la obligación de pronunciarse sobre una cuestión respecto de la cual, él no demuestra haber instado su realización. Cierto, no prueba que solicitó al presidente de la junta, la valuación del inmueble embargado y su remate, sin que sea óbice para tal afirmación, la promoción presentada a la autoridad responsable el nueve de julio de dos mil catorce, con registro 002592, pues a través de ésta y en torno a la ejecución del laudo, únicamente solicitó la asignación de perito valuador para continuar con el procedimiento de ejecución del laudo, más no la realización de los actos que afirma, la autoridad debe desplegar de oficio para que el laudo sea cumplido. No pasa desapercibido que por auto de cinco de septiembre de dos mil catorce, la autoridad responsable acordó la promoción 002592 y notificó su determinación a las partes por boletín laboral el ocho siguiente; sin embargo, dicha actuación surgió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el trece de agosto de dos mil catorce, de modo que no puede emprenderse su estudio, pues hacerlo iría en contra de la regla de que la sentencia se ocupa de actos presentes, es decir, existentes a la promoción del juicio de amparo, máxime que este juzgador no puede, ni aun en suplencia de la queja, sustituirse en el quejoso e incluir en la litis, actos que aquél no reclamó. La regla de que la sentencia del juicio de amparo se ocupa de actos existentes a su promoción, encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Luego, si tratándose de la ejecución del laudo es necesario el impulso del vencedor, ante la falta de éste, materializado a través de la presentación de promoción, no puede decirse que ha surgido la obligación de la autoridad de proveer sobre lo que a decir del quejoso, es necesario para lograr el cumplimiento del laudo. Por similitud, ilustra el razonamiento que antecede en lo que se refiere a que el quejoso tiene la carga de demostrar que instó a la autoridad a actuar cuando la conducta negativa de la autoridad responsable requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del quejoso para ejercer la facultad prevista en la ley aplicable, esta tesis: Tesis: 2a. CXLI/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197269 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 366 Tesis Aislada(Común) ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Así las cosas, ya que el quejoso no demuestra haber ligado a la autoridad a actuar en miras a la ejecución del laudo, a través de la presentación de promoción encaminada a obtener pronunciamiento sobre la realización de los actos que aduce resultan necesarios para la ejecución del laudo, esto es, valuación de inmueble embargado y remate, no puede decirse que la omisión reclamada sea violatoria de su derecho a la administración de justicia, al no estar demostrado que generó la condición necesaria y la responsable no actúa en consecuencia, siendo ésa, el impulso procesal. Así las cosas, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Emilio Cortés Pérez, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

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