Héctor Eduardo Cruz Domínguez
Expediente 1011/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Héctor Eduardo Cruz Domínguez
- Martiniano Rosas Rodriguez
- Guillermo Nava Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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JUICIO DE AMPARO 1011/2023-I En Puebla, Puebla, a las diez horas con treinta y un minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1011/2023,----- ----- SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos y en los términos establecidos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a +++++++++++++++++++ contra el acto y en los términos establecidos en el séptimo considerando de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese y cúmplase.
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Juicio de amparo 1011/2023-I. Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Oficios con exámenes médicos realizados al quejoso. Al expediente los oficios de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla y del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, mediante los cuales cumplen el requerimiento formulado en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, pues remiten copia de los exámenes médicos practicados al quejoso en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, en las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5 y al ingresar al Centro de Readaptación Social de esta ciudad. Por tanto, se da a conocer a las partes la llegada de esas constancias, para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, se manifiesten como a su derecho e interés convenga; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento de multa formulado al respecto a las autoridades oficiantes, en el auto de seis de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento anticipado. En virtud de la vista otorgada en el presente proveído, y toda vez que de autos se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con un minutos de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional para ser celebrada a las diez horas con treinta y un minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.
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Juicio de amparo 1011/2023-I. Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado A los autos el oficio signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado, con el cual se da vista a las partes para que en el plazo de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga. Delegados y autorizados Luego, con fundamento en el artículo 9 de la mencionada ley, ténganse como delegados de la autoridad oficiante, a las personas citadas en el oficio de cuenta. Asimismo, se le tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente en el oficio de cuenta. Domicilio de autoridad responsable. Asimismo, se tiene como domicilio de la citada autoridad, el inmueble que cita en el oficio de cuenta; el cual deberán considerar los actuarios de este juzgado, para las notificaciones dirigidas dicha autoridad. Medios de contacto. Quedan recibidos el correo electrónico y número de teléfono que proporcionó la autoridad responsable oficiante, como medios de contacto. Solicitud inatendible de acceso a expediente electrónico Por cuanto su solicitud de autorización de consulta y visualización del expediente electrónico, resulta inatendible su solicitud en virtud de que no proporcionó ningún usuario para realizar tal habilitación. Autorización ya acordada en el auto de admisión En atención a su petición de reproducción electrónica de actuaciones mediante dispositivos móviles, dígasele que mediante el auto de admisión ya se proveyó lo conducente. Autoridad cumple otro requerimiento Finalmente, se le tiene al por cumplido el requerimiento de terceros interesados, pues manifiesta que no tiene registro alguno respecto del nombre y domicilio de las personas a quienes les pudiese recaer tal carácter, motivo por el cual queda insubsistente el apercibimiento de multa que se le formuló al respecto en el proveído de admisión. Notifíquese y cúmplase.
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Juicio de amparo 1011/2023-I.. Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. A los autos el primer oficio signado por el Titular de la Agencia Estatal de Investigación, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rendido su informe justificado, con el cual se da vista a las partes para que en el plazo de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se tienen como medios de contacto no procesales del citado titular, los números de teléfono y correo electrónico que proporciona. Por otra parte, se agrega a los autos los oficios signados por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede Puebla, mediante los cuales desahoga el requerimiento formulado en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés y a su vez remite constancias en apoyo a su informe justificado; por lo que al efecto se provee: Se le tiene por cumplido el requerimiento formulado en proveído de tres de octubre pasado, pues informa que el quejoso en el audiencia inicial de formulación de imputación y fijación de medida cautelar celebrada el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ++++++++++++ de su índice, no se desprende que el quejoso alegara haber sido objeto de los actos reclamados consistentes en: desaparición forzada, privación ilegal de la liberta, incomunicación y posible tortura. Por lo tanto, se deja sin efectos el apercibimiento formulado al respecto, en el citado auto de requerimiento. Se reciben constancias en apoyo a informe justificado y se da vista a las partes Asimismo, se tienen por recibidas las copias certificadas de la causa penal de origen +++++ así como un disco DVD, que adjunta al oficio de cuenta; por lo que se da a conocer a las partes la llegada de dichas constancias, para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, se manifiesten como a su derecho e interés convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se forma cuaderno auxiliar y no se digitalizará disco. Se ordena formar cuaderno auxiliar con el disco DVD remitido por el juez responsable en apoyo a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, reformado por el diverso acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se deja establecido que el disco recibido no se digitalizará, porque su naturaleza lo impide. Por tanto, no obrará en el expediente electrónico y únicamente quedará glosado -el disco- en el cuaderno auxiliar que se forme. Requerimiento al fiscal ante el que fue puesto a disposición el quejoso. Po otra parte, del estado procesal de los autos se advierte que el quejoso fue detenido, al parecer en flagrancia, y presentado por elementos de la Policía Municipal de Puebla, ante licenciado Trino Rodríguez Ojeda, agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, por lo que se inició y registró la Carpeta de Investigación de número +++++++++++, por hechos con apariencia de delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de suministro del narcótico denominado marihuana y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ahora, como en la demanda y escrito de ampliación que originó la formación de este juicio de amparo, se reclama: la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, incomunicación y posible tortura en contra del directo quejoso Martiniano Rosas Rodríguez, en cumplimiento a la obligación que tiene la suscrita juzgadora de amparo se recabar las pruebas conducentes de manera oficiosa conforme lo dispuesto en la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se provee: Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, se requiere al licenciado Trino Rodríguez Ojeda, agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del momento en el que reciban el oficio al que se inserte este proveído, remita una copia certificada o auténtica de los exámenes médicos o periciales en medicina y psicología que se realizaron al quejoso Martiniano Rosas Rodríguez, de los que se desprenda el estado físico y metal en el que se encontraba al ser presentado en las instalaciones de la agencia a su cargo, a fin de esclarecer si existió la eventual tortura que se reclama. Ahora, como de las constancias remitidas por el juez responsable se desprende que el quejoso fue recluido en el Centro Penitenciario de Puebla, se requiere a su Directora, para que en ese mismo plazo remita una copia certificada o auténtica de los exámenes médicos y psicológicos que se le practicaron a al quejoso Martiniano Rosas Rodríguez, al ser ingresado a dicho centro penitenciario. En el entendido de que, las constancias que remitan deberán encontrarse completas, legibles y ordenadas. Se les apercibe a ambas autoridades que de no cumplir con lo requerido, se impondrá, a la omisa, una multa que oscilara entre las cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), que equivalen a las cantidades de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional) a $103,740.00 (ciento tres mil setecientos cuarenta pesos, 00/100, moneda nacional), según se califique la gravedad de tal omisión, tal como lo dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. La tesis antes invocada es del rubro, texto y datos de localización siguientes: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. (Registro digital: 2018533, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, Tipo: Aislada). Notifíquese y cúmplase.
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