Héctor Camacho Jiménez

Expediente 1035/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1035/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Juez de Control Antonio Trujillo Ruiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puebla
  • Héctor Camacho Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1035/2023-V. Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado informa admisión de queja. Se agrega al expediente un oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito -que tiene adjunta la impresión de su firma electrónica-. En ese oficio informa que la Magistrada Presidenta del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el defensor particular de los quejosos, contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la que se desechó la demanda en el presente sumario constitucional. También comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente 215/2023, de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes y se está a la espera de lo que resuelva la superioridad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1035/2023-V . Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por +++++++++++++++++++, defensor particular de los quejosos, del cual se advierte que interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés y expone agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Sin que resulte necesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. Remisión del recurso. Ahora, de manera respetuosa, se hace saber al Tribunal Colegiado que por turno le toque conocer del presente asunto que, en términos de los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente físico de este juicio de amparo, sólo tiene las promociones que se presentaron de manera escrita, así como las actuaciones que se realizaron de manera presencial, por lo que la documentación generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- sólo deben constar en el expediente electrónico sin necesidad de imprimirse. Aunado a que las promociones recibidas físicamente deben integrarse al expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, con lo cual producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. En consecuencia, se procederá a vincular el expediente electrónico con el tribunal de alzada para la resolución del recurso, por lo que resultará innecesario remitir copias de este expediente, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por tanto, sólo se generará un oficio para la remisión de una impresión del recurso recibido en la modalidad de juicio en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (que contiene la formulación de agravios), mismo que deberá dirigirse al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste lo turne al órgano que deba substanciar el recurso de queja. Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Vinculación del expediente electrónico. En mérito de lo anterior, desde este momento, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado al que por turno le corresponda conocer del recurso de queja, esté en oportunidad de consultarlo y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1035/2023-V. Puebla, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por +++++++++++++++ en el carácter de defensor particular de los quejosos ++++++++++++++++ -personalidad que manifiesta tener reconocida en la causa penal 283/2022-, contra actos del Juez de Control Antonio Trujillo Ruiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 3 En el presente caso, se observa que la demanda formulada por el defensor de los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el acto reclamado consistente en: ".la admisión de medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, que actualizaban los supuestos del numeral 347 del código nacional de procedimientos penales, dictada el día 18 de septiembre de 2022 dentro de la causa penal 283/2022 del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla y notificado en esa fecha." (sic). Respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona.4 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue preciso al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la determinación combatida por el defensor de los quejosos, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la determinación que se pretende combatir es la de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el verificativo de la audiencia intermedia (precisión realizada por la apreciación integral de la demanda de amparo). Luego, derivado de la lectura de los conceptos de violación y entendida la demanda como un todo, se observa que la defensa de los quejosos pretende que los medios de prueba que refiere sean excluidos para su valoración y desahogo en la audiencia de juicio oral porque su admisión constituye un acto de imposible reparación, al trastocar los derechos fundamentales que reconoce el parámetro de regularidad constitucional; sin embargo, el único efecto de las decisiones comentadas, estriba en que las pruebas de marras hayan quedado incorporadas al auto de apertura a juicio, que habrá de regir la etapa siguiente de la carpeta judicial; lo cual de ninguna forma implica una decisión anticipada sobre la eficacia plena de esas pruebas, para la responsabilidad penal de los quejosos en el hecho con apariencia de delito que se les impute. Además, si esos medios de prueba, fueran ineficaces en la fase de juicio para los extremos de la responsabilidad penal, es decir, si la valoración que se realice a esas pruebas resulta favorable a los intereses de los quejosos, ninguna repercusión habrá tenido la admisión de las pruebas que decretó el juez responsable. Ello conduce a estimar que el acto combatido en la demanda de amparo, no tiene las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados por el quejoso y sus conceptos de violación, revelan que su pretensión atañe a un espectro de valoración probatoria, es decir, a la eficacia que puedan tener los medios de prueba que refiere en los conceptos de violación. Lo cual de ninguna forma puede analizarse con las resoluciones combatidas en la demanda, porque estas, como se dijo, únicamente determinaron que las pruebas de marras hayan quedado incorporadas al auto de apertura a juicio, y esto de ninguna forma implica una decisión anticipada sobre el valor de esas pruebas, para la responsabilidad penal de los quejosos en el hecho con apariencia de delito que se les impute. Por consiguiente, debe imponerse la causal de improcedencia anunciada en líneas precedentes, pues las determinaciones combatidas en la demanda sólo comprenden la admisión de las pruebas de marras para su estudio con el auto de apertura a juicio. De modo que los quejosos tienen la posibilidad de cuestionar el alcance de esas pruebas, cuando se discuta su utilidad para los extremos de la responsabilidad penal, en la fase de juicio de la carpeta judicial. Todo lo cual permite afirmar que la determinación combatida, no fijó una ruta específica de análisis para esas pruebas, incorporadas al auto de apertura a juicio de la carpeta judicial. Aparte, el acto reclamado de marras nunca impuso restricciones a los derechos sustantivos que tienen los quejosos como imputados en la causa penal de origen, como se desprende de los antecedentes y conceptos de violación, pues las decisiones del juez responsable -combatidas en la demanda-, jamás impusieron restricciones al derecho de aquéllos para cuestionar el alcance de esas pruebas en la fase de juicio, y ni siquiera abordó cuestiones relacionadas con la materialidad del delito o la plena responsabilidad. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la comentada resolución, pues el juez responsable nunca afectó derechos sustantivos de los quejosos, por ejemplo, su derecho de alegar como imputado en la fase de juicio. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra las mencionadas resoluciones, permiten descartar que estas hubieran trascendido a derechos sustantivos de los quejosos en la carpeta judicial. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental de los quejosos, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que el acto emitido por el juez responsable en la audiencia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés en la causa penal de origen representa decisiones circunscritas a derechos procesales en la carpeta judicial, que sólo pueden generar violaciones procesales si llegaran a trascender en la sentencia definitiva, y de ser así pueden alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado B, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de los quejosos, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral [.] IV. La presentación de argumentos y pruebas no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable; [.]". De ahí que no pueda considerarse que el acto reclamado en la demanda, haya afectado derechos sustantivos de los quejosos en la carpeta judicial, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que el acto impugnado en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la carpeta judicial y por ende no constituye actos de ejecución irreparable, porque admitió las pruebas relativas a esa causa penal, sin haber determinado la eficacia de ellas para la fase de juicio, motivo por el cual jamás generaron afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que los quejosos pretenden combatir resoluciones que sólo generaron afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadren en los actos de ejecución irreparable. Sobre todo porque ningún indicio se advierte en la demanda, para estimar que el acto reclamado hubiera trastocado aspectos mayores a la admisión de las pruebas materiales comentadas, razón por la cual debe estimarse la regla general de violaciones procesales que no constituyen actos de imposible reparación. Tiene aplicación, por su contenido la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/15 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, materia común penal, publicada en la página 2265 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: 'AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).', para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior". Asimismo, resulta ilustrativa la tesis IV.1o.P.27 P (10a.) del Primer Tribunal Colegido en Materia Penal del Cuarto Circuito cuyo rubro y texto dicen : "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento.5 Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el acto reclamado ni una afectación directa a algún derecho fundamental de los quejosos. Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo porque el acto reclamado al juez responsable no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el usuario electrónico abrahamt92, en términos del artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud de que al señalar diversos usuarios electrónicos se podría incurrir en la duplicidad de notificaciones. Por otra parte, Arturo de Villanueva Martínez Zurita e Iris Yazmín Castillejos Álvarez quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por encontrarse registrada su cédula profesional en el sistema del Poder Judicial de la Federación. Por cuanto a la diversa persona que señalan en su escrito inicial de demanda, se autoriza en términos restringidos del numeral precitado al no contar con el referido registro. Consulta del expediente electrónico El quejoso que solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario abrahamt92 y arturodevillanueva. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal6 , se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al defensor del quejoso, que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al defensor del quejoso el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese personalmente vía electrónica y cúmplase

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