Hector Edmundo Bautista Nava
Expediente 604/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/06/2016
Partes del expediente
- Hector Edmundo Bautista Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso Héctor Edmundo Bautista Nava, a quien se considera podría perjudicar la determinación dictada mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se resolvió sobreseer en el presente juicio de amparo; no fue recurrido dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, pues como se mencionó en párrafos precedentes se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Lerma, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, remite la totalidad de las actuaciones posteriores al treinta de abril pasado, mismas que obran en la carpeta de investigación 070010190049416; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento respectivo a la autoridad oficiante, con el cual fue conminada en caso de incumplimiento. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Héctor Edmundo Bautista Nava en esta vía reclama la detención y la incomunicación de la cual fue objeto por las autoridades que señaló como responsables. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Lerma, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, consistentes en la carpeta de investigación 070010190049416, como complemento a su informe justificado; se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de abril de dos mil dieciséis), existía la afectación a sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aducida por el quejoso, no menos cierto es que dicha afectación dejó de existir el treinta de abril de dos mil dieciséis, con la emisión de la boleta de libertad, signada por Agente del Ministerio Público del Tercer Turno, en la referida carpeta de investigación en la cual se advierte que el agraviado quedó en libertad con las reservas de ley. Lo anterior pone de manifiesto la actualización la causal de improcedencia plasmada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama la detención y la incomunicación de la que fue objeto el quejoso por las autoridades señaladas como responsables. Ahora, del informe rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Lerma, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y de las constancias posteriores al treinta de abril anterior, emitidas en la carpeta de investigación 070010190049416, se acredita que en un momento determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de sus derechos humanos. Sin embargo, del informe justificado de referencia se advierte que se mantenía al impetrante de amparo en una afectación a sus derechos humanos, puesto que al mismo acompañó copia certificada de la carpeta de investigación 070010190049416, la cual contiene la boleta de libertad de treinta de abril de dos mil dieciséis, signada por Agente del Ministerio Público del Tercer Turno en cita, en la que se advierte que el agraviado quedó en libertad con las reservas de ley. En ese sentido, si la responsable ya se pronunció sobre la situación jurídica del ahora quejoso, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de sus derechos fundamentales, puesto que ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, cuyo texto y rubro se transcriben a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, cuyo texto y rubro se reproducen a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya en lo conducente, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a las autoridades responsables. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el treinta de mayo de dos mil dieciséis a las diez horas veinticinco minutos. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente al quejoso en el domicilio procesal señalado en la demanda de amparo. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con , Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
I) (Aviso parte quejosa) Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Lerma, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, remite la totalidad de las actuaciones posteriores al treinta de abril pasado, mismas que obran en la carpeta de investigación 070010190049416; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento respectivo a la autoridad oficiante, con el cual fue conminada en caso de incumplimiento. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Héctor Edmundo Bautista Nava en esta vía reclama la detención y la incomunicación de la cual fue objeto por las autoridades que señaló como responsables. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Lerma, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, consistentes en la carpeta de investigación 070010190049416, como complemento a su informe justificado; se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de abril de dos mil dieciséis), existía la afectación a sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aducida por el quejoso, no menos cierto es que dicha afectación dejó de existir el treinta de abril de dos mil dieciséis, con la emisión de la boleta de libertad, signada por Agente del Ministerio Público del Tercer Turno, en la referida carpeta de investigación en la cual se advierte que el agraviado quedó en libertad con las reservas de ley. Lo anterior pone de manifiesto la actualización la causal de improcedencia plasmada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama la detención y la incomunicación de la que fue objeto el quejoso por las autoridades señaladas como responsables. Ahora, del informe rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Lerma, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y de las constancias posteriores al treinta de abril anterior, emitidas en la carpeta de investigación 070010190049416, se acredita que en un momento determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de sus derechos humanos. Sin embargo, del informe justificado de referencia se advierte que se mantenía al impetrante de amparo en una afectación a sus derechos humanos, puesto que al mismo acompañó copia certificada de la carpeta de investigación 070010190049416, la cual contiene la boleta de libertad de treinta de abril de dos mil dieciséis, signada por Agente del Ministerio Público del Tercer Turno en cita, en la que se advierte que el agraviado quedó en libertad con las reservas de ley. En ese sentido, si la responsable ya se pronunció sobre la situación jurídica del ahora quejoso, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de sus derechos fundamentales, puesto que ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, cuyo texto y rubro se transcriben a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, cuyo texto y rubro se reproducen a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya en lo conducente, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a las autoridades responsables. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el treinta de mayo de dos mil dieciséis a las diez horas veinticinco minutos. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente al quejoso en el domicilio procesal señalado en la demanda de amparo. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con , Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el Jefe de Departamento Desconcentrado de Recaudación, en suplencia por ausencia de la Administración Desconcentrada de Recaudación México "2", en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación México "2", mediante el cual informa que la multa impuesta a Israel Oaxaca Domínguez, quedó controlada en la base de datos de la unidad administrativa a su cargo, con el número de crédito H-3022720. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y se toma conocimiento de dicha circunstancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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