Hector Cifuentes Ruiz

Expediente 490/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
490/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Hector Cifuentes Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    III.Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a través del cual solicita acuse de recibo del exhorto 381/2017. Atento a lo anterior, como lo solicita la oficiante, acúsese recibo del exhorto 692/2017 que devolvió debidamente diligenciado, toda vez que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)." Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diez de julio de la anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, el Director de Seguridad y Operaciones Dependiente de la Dirección General De Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Toluca Estado de México, el Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Toluca Estado de México, pretenden dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Héctor Cifuentes Ruiz, contra el acto reclamado siguiente: La orden de traslado definitivo por medidas de seguridad contenida en el oficio DGPRS/DTL/TD/0034/2017 de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, ordena el traslado definitivo del quejoso del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, México al Centro Preventivo de Readaptación Social de Texcoco, Estado de México, así como su ejecución. Mediante sentencia dictada por este juzgado, el dos de junio de dos mil diecisiete, se resolvió: "UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Cifuentes Ruíz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el diverso quinto y para los efectos indicados en la parte final de esta sentencia." La concesión del amparo fue para que el efecto de que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México: a. Deje insubsistente la orden de traslado tildada de ilegal y en caso que decida reiterarla, obtenga la autorización de la autoridad judicial correspondiente; en caso contrario, se regrese al quejoso al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, México, lugar en que se encontraba hasta antes de la violación reclamada. En proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal y se requirió a la autoridad responsable Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, para que diera cumplimiento a la misma. Expuesto lo anterior, de las constancias que obran en autos se advierte que Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, realizo lo siguiente: Dejó insubsistente la orden de traslado tildada de ilegal al quejoso. Reingresaron al quejoso al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, México, lugar en que se encontraba hasta antes de la violación reclamada. En conclusión, se obtiene que con el actuar del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, restituyo al quejoso Héctor Cifuentes Ruiz, en el pleno goce de sus derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; con lo cual se satisfacen los lineamientos expuestos en la ejecutoria de mérito; por tanto, se tiene por cumplida dicha ejecutoria en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de julio de dos mil diecisiete. Vito la razón de cuenta signada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el proveído tres, cuatro y cinco de julio del presente año al quejoso Héctor Cifuentes Ruiz, por las razones expresadas en la misma. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, comisiónese al actuario judicial adscrito para que realice la diligencia encomendada en autos tres, cuatro y cinco de julio del presente año, aún en días y horas inhábiles. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Director General de Prevención y Readaptación Social, comunican la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple de los oficios de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

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