Héctor Domínguez López
Expediente 433/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 34 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Héctor Domínguez López
- Congreso de la Unión
- Bertha Domínguez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables...,
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... En ese sentido, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir su informe justificado, ambos por conducto del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, afirman que el juicio de amparo es improcedente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haberse promovido contra actos que no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Es fundada la causa de improcedencia propuesta, respecto de los diversos actos reclamados en el presente juicio, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, consistente en la expedición del Acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, por el que dispone de la Fuerza Armada permanentemente para que lleve a cabo tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por falta de fundamentación y motivación y de aplicación del control convencionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º y 133 constitucional y 1, 2, 62 y 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la contradicción de tesis 293/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como la omisión de llevar a cabo la consulta de los pueblos indígenas, prevista en el artículo 2º Constitucional, 1º del control de convencionalidad, por no aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), de la Consulta Previa a las Comunidades Indígenas, respecto del contenido del citado acuerdo; al Titular del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, la publicación del acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional; al Secretario de la Defensa Nacional, del Secretario de Marina y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México; la ejecución del acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, en cumplimiento al mismo, y por tanto, la realización de las actividades de despliegue de la Fuerza Armada permanente (150,000 elementos según el hecho notorio contenido en la diapositiva presentada por el Secretario de la Defensa Nacional, el dieciocho de mayo de dos mil veinte). La porción normativa que contiene la causa de improcedencia antes mencionada establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] De la norma transcrita se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia. A su vez, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, respectivamente establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)" Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley (.) Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional invocada en primer término establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, el precepto reproducido en último orden dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de lo establecido en el diverso artículo 5, fracción I, del citado ordenamiento legal. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, a través de su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. De la concatenación de los preceptos legales invocados previamente, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Entonces, de acuerdo con la reforma al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplía el campo de protección de la Justicia Federal a quien alegue tener un interés jurídico o legítimo. En tal virtud, como requisito de procedencia de los juicios de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Así las cosas, el legislador en el texto actual del artículo 107, fracción I, establece y amplía las personas que tienen el carácter de parte agraviada en el juicio de amparo, pues prevé como nueva posibilidad de impugnación la figura del interés legítimo individual o colectivo para promover la acción contra actos no emanados de autoridades jurisdiccionales cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, sin embargo, se continúa exigiendo la afectación a un derecho subjetivo de manera personal y directa, únicamente tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por ende, el espíritu del legislador fue ampliar la procedencia del juicio de amparo, tanto para aquellas personas que vean afectado su interés jurídico -como se exigía antes de la reforma constitucional-, como para aquellas personas que vean afectado su interés legítimo, ya sea individual o colectivo. En ese sentido, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas, que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. Es así, que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la ley en estudio así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior, se aprecia de la tesis 2a. (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Página: 1736 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto estableció, que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico; lo cual podría considerarse como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Además, la referida Sala aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Página: 822 de rubro y textos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o indirectamente. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, precisa de manera ineludible la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a/J.168/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225, que indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad. En suma, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En el caso, los promoventes Héctor Domínguez López Bertha Domínguez López y Agneriz Domínguez Nazario, por su propio derecho y en representación legal de la Colectividad Amuzga, ubicada en la Comunidad de Arroyo Pájaro del Municipio de Xochistlahuaca, en el Estado de Guerrero, pretenden reclamar la emisión del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, de ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, en el que se dispone, en esencia, que la Fuerza Armada Permanente participará junto con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última en lo que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el cual no le genera, por sí solo, ningún perjuicio real y directo en su persona, patrimonio o derechos, por lo cual no existe afectación alguna que sea susceptible de apreciarse en forma objetiva para que pueda constituir un perjuicio. Lo que se traduce que el acto reclamado de ninguna manera implica una afectación de manera particular, individual, real, concreta y objetiva contra los peticionarios de amparo, esto es, no les irroga una afectación directa en su esfera de derechos, ni les causa perjuicio alguno, dado que como ya se especificó, el acto que aquí se combate no afecta por sí solo los derechos de los quejosos, por lo cual no se configura el interés jurídico. De igual forma, los peticionarios de amparo tampoco cuenta con el interés legítimo que dicen les asiste para reclamar el citado Acuerdo, pues no se advierte en forma alguna que el hecho de que la Fuerza Armada Permanente realice funciones de seguridad pública junto con la Guardia Nacional, irrogue un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, pues como se expuso en la ejecutoria transcrita, se advierte que el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia de que cuente o no con derechos subjetivos, lo que en el caso no acontece. Por el contrario, del análisis integral de su escrito de demanda, se advierte que los solicitantes de la tutela constitucional defienden, a través de esta instancia, un interés por la legalidad de la actuación de la autoridad, a saber, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar que las tareas de seguridad pública se lleven de la manera correcta, lo que se convierte en una acción popular y, por ende, en un mero interés simple. En efecto, el hecho de que los quejosos como ciudadanos del Estado Mexicano se encuentren preocupados porque las tareas de seguridad pública se lleven a cabo de manera correcta, le otorga únicamente un interés simple, ya que se trata del interés que tiene todo miembro de una comunidad en que las autoridades cumplan con dicha obligación. La exposición anterior, pone de manifiesto que el interés que aducen los promoventes en este asunto es un interés simple, derivado de su condición de ciudadano del Estado Mexicano; es decir, tiene un interés igual al resto de la generalidad de los gobernados, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime en este juicio. Es decir, pretende realizar un control de legalidad generalizado o abstracto respecto de la actuación de la autoridad en materia de seguridad pública, en tanto que no demuestran cómo el acto reclamado o sus consecuencias afectan real, directa o indirectamente su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es así, pues aún y cuando los disconformes refieran pertenecer a la comunidad amuzga, estos tendrían que haber acreditado a lo largo del presente juicio tal circunstancia y que por tanto el Acuerdo combatido, les deparaba afectación a su interés legítimo o jurídico; lo cual tuvo oportunidad de realizar a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda advertir válidamente que quien solicita el amparo y protección de la justicia federal resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Lo cual, como se ha venido señalando, no ocurrió. En tales condiciones, los quejosos carecen de interés legítimo, en tanto que su pretensión se basa en un mero interés simple, el cual corresponde a todo miembro del Estado Mexicano, ya que todo gobernado tiene interés en que el Estado cumpla con su obligación de garantizar que las tareas se seguridad pública se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz; es decir, con apego a los principios constitucionales, sin embargo, no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Por tanto, como los peticionarios de la protección constitucional no acreditan un aspecto concreto o situación jurídica real en su perjuicio derivada del Acuerdo que reclama, es inconcuso que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo, pues si bien todos los individuos tienen interés en que sean legales los actos de las autoridades, ese objetivo o intención no basta para acudir al juicio de amparo, pues incluso tratándose del interés legítimo, el quejoso debe resentir una afectación concreta en su esfera jurídica, por lo menos indirecta- dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, como lo exige la propia norma constitucional. De tal suerte que sí con el juicio de amparo promovido no se restituirá en el goce de ningún derecho concreto a los quejosos, es claro que el juicio de amparo no les genera un perjuicio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues éste está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación del acto que se reclame. De modo que si su pretensión no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad que aduce del acto reclamado se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni acredita un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que les asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional, ni en lo individual, ni en representación de una colectividad. Máxime que como se advierte del Decreto por el que se aprueba la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno de la república publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el apartado consistente con el número arábigo 8, relativo a la Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz, se advierte en el inciso b), lo especificado en relación a la Guardia Nacional en la que se establece en el inciso c), que las Coordinaciones Nacional, Estatales y Regionales para la construcción de paz y seguridad. Parte fundamental de la estrategia nacional de seguridad pública es garantizar la coordinación entre las instituciones federales y las estatales, y que las doscientas sesenta y seis regiones distribuidas en cada una de las treinta y dos entidades federativas actúen también de manera coordinada e informada. Asimismo, en el citado decreto se establecen las estrategias específicas en su inciso A), se estipula el nuevo modelo policial el cual desarrollara un modelo nacional de policía que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las condiciones, con textos y necesidades locales. Dicho modelo debe ser integral y transversal en sus componentes y considerar un enfoque de Derechos Humanos, proximidad y participación ciudadana. Decreto que fundamentalmente establece que se debe velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, al tiempo de estandariza los rubros relacionados con la capacitación, profesionalización, certificación y digitalización, estableciendo que la policía más importante es la municipal, por su proximidad social y conocimiento del territorio, que será por el mejoramiento de los recursos humanos de estas corporaciones estableciendo textualmente "HAREMOS POLICÍA DESDE ABAJO." Por esto en el desarrollo de la Guardia Nacional se debe tomar en consideración que ante la existencia de pueblos y comunidades indígenas con autogobierno y presupuesto ejercido directamente por ellos, pueden legalmente existir cuerpos policiales indígenas (veces llamados policías o rondas comunitarias), en específico en el Estado de Guerrero, la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas reconoce y define a las Policías Comunitarias, integrándolos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, de ahí que los actos que reclama la parte quejosa no le irroga perjuicio alguno, ni transgrede el tratado internacional 169, al quedar contemplados implícitamente en el Decreto combatido. Esta afirmación podría entenderse que existen alternativas para estandarizar a las policías comunitarias con el resto de las corporaciones, tan es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la regla general es que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales, civiles pudiendo intervenir las fuerzas armadas de manera excepcional y cumpliendo entre otros con el requisito de actuar subordinada y complementariamente a las labores de las coordinaciones civiles entre las que se encuentra la parte quejosa. De ahí que como la parte quejosa solo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para solicitar la legalidad de los actos de las autoridades, por lo que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a), visible en la página 1807 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; de título y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Así como la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), Visible en la página 1078 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Así, al resultar fundada la causa de improcedencia hecha valer prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, se sobresee el presente juicio de amparo. Finalmente, cabe precisar que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, pues contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio amparo promovido por Héctor Dominguez López Bertha Domínguez López y Agneriz Domínguez Nazario, por su propio derecho y en representación legal de la Colectividad Amuzga, ubicada en la Comunidad de Arroyo Pájaro del Municipio de Xochistlahuaca, en el Estado de Guerrero, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Glósese a los autos el informe rendido por el informe rendido por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Secretario del Ramo, residente en la Ciudad de México, sin que haya lugar a proveer en relación a su contenido, toda vez que el catorce de mayo del año en curso, se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos que le fueron atribuidos.
- Incidental
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA INCIDENTAL ORDENADA EN AUTO DE SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 433/2021-III, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN.LICENCIADO FRANCISCO OCTAVIO ESCUDERO CONTRERAS, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO: Se declara abierta la audiencia: Secretaria, de cuenta por favor.- ...UNICO.- Se niega a Héctor Domínguez López, Bertha Domínguez López y Agneriz Domínguez Nazario, por su propio derecho y en representación de la Colectividad Amuzga ubicada en la Comunidad de Arrojo Pájaro, del Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, la suspensión definitiva solicitada en términos de los puntos considerativos plasmados en la presente interlocutoria
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