Héctor Daniel Islas García

Expediente 541/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
541/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Héctor Daniel Islas García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, de donde se advierte que el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, causó estado el auto de sobreseimiento dictado fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, ordenándose el archivo definitivo; por lo que, resulta innecesario que continúe a disposición de este Órgano de Control Constitucional el legajo de copia certificada de constancias que obran en el expediente número 926-3/1998, que remitió con su informe el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que el quejoso no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra del auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, con el cual se ordena formar un tomo de pruebas por separado, para el mejor manejo del mismo. Ahora bien, de las constancias que obran en las constancias que remite la referida autoridad responsable, se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, proveyó el escrito del quejoso Héctor Daniel Islas García, recepcionado el doce de febrero del año en curso, dentro del expediente 929-3/1998, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de María del Carmen García Montiel; y como en el caso el acto reclamado lo es la inactividad procesal en que incurrió el aludido Juez, al abstenerse de proveer el ocurso de mérito, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V de Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXI. cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: ... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Lo anterior se dice así ya que el acto reclamado, como quedó establecido, lo constituye la omisión del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al abstenerse de proveer el escrito del peticionario exhibido el doce de febrero del año en curso; por tanto, dichos efectos han cesado al haberse dictado en el juicio de origen el proveído de cuya falta se dolía el impetrante. En razón de lo anterior, no es factible entrar al análisis de un acto que ya no surte efectos, desde el mismo momento, se insiste, en el que se dictó el referido proveído. Es aplicable al particular, la tesis 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este contexto, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, el presente juicio se sobresee fuera de audiencia, ya que la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la Tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas del diez de noviembre del año en curso. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, primero de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Daniel Islas García, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 541/2020-I. En tal situación, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por Héctor Daniel Islas García, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que deba tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente. Dese la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado con copia de la demanda de amparo, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con copia del escrito de demanda, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días, siguiente a la notificación del presente proveído, rinda su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, acompañando, en su caso, copias certificadas, completas y legibles de las constancias necesarias para apoyar su informe, en específico de aquéllas que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye. En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este Juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento a las partes de por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este Juzgado si la parte quejosa ha interpuesto algún otro u otros juicios de amparo, que se relacionen con el acto reclamado, debiendo informar ante qué Juez de Distrito se promovió y, en su caso, remita las constancias certificadas que lo acrediten. Se informa a la autoridad responsable que los artículos 259 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene la facultad de imponerle una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veinte; en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y como autorizado en términos de la primera parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado derecho Carlos César Berrut Bustos, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas únicamente para oírlas e imponerse de los autos, toda vez que no cumplen con ese requisito. Asimismo, se le tiene indicando el correo electrónico y números telefónicos que señala, a efecto de facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional. Con sustento en los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida y anunciada como prueba la documental que se acompaña a la demanda de amparo, sin perjuicio de que sea relacionada en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomada en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. En términos del precepto 17 constitucional, para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los fedatarios públicos adscritos a este órgano jurisdiccional, para que las notificaciones que deban practicarse a las partes de manera personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Se informa a la autoridad responsable que las posteriores notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial De la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, tomando en consideración que ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del covid-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos, por ello, en el acuerdo 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus Covid-19. Por tanto, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Deberán proporcionar los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. 2. Deberán obtener su firma electrónica FIREL. 3. Asimismo, registrarse como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. 4. Solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica. 5. En la medida de lo posible realizar todas sus promociones por esa vía. 6. Dado que el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido, su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ", en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación), al teléfono 744 435 1900, extensión 1151. Finalmente, en el caso de la autoridad responsable: 1. Se le requiere para que proporcione a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales. 2. Dirija su informe y demás solicitudes al correo institucional de este Juzgado (3jdo21cto@correo.cjf.gob.mx), debiendo confirmarlos al teléfono 744 435 1900, extensión 1151; lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda.

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