Héctor Daniel Domínguez Salas
Expediente 290/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Héctor Daniel Domínguez Salas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Héctor Daniel Dominguez Salas; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Por otra parte, devuélvase al Secretario de Acuerdos Interino adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el original del Toca de Queja Civil-Familiar 305/2017, de su índice, previa certificación de desglose que se haga en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Héctor Daniel Dominguez Salas, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por lo que manifiesta: "Mediante este escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, vengo a dar cumplimiento al requerimiento realizado al suscrito por auto de fecha veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, para tal efecto manifiesto a su Señoría que el auto contra el cual mi señora madre de nombre Ricarda Reyna Salas Tieco interpuso Incidente de Nulidad de Actuaciones, lo es, el de fecha dieciséis de junio del dos mil dieciséis, mismo que fue notificado el veintitrés de junio del dos mil dieciséis, dictado dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada número 198/2015 deducido del expediente principal 198/2015 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohlencatl, en consecuencia mediante el presente ESCRITO ACLARATORIO pido se me tenga por presente dando cumplimiento al requerimiento que me fue realizado, ordenando se dé el trámite legal que corresponda a la demanda de amparo presentada por el suscrito." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Toca de Queja 305/2017; la cual, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que el referido recurso de queja fue interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada el tres de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 198/2015, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, en la que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra del auto dictado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada proveído el anterior, en el cual se señaló fecha y hora para el desahogo de los medios de prueba consistentes en una testimonial y una inspección acular, en virtud de que el auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se habían señalado las diez horas del siete de junio de dos mil dieciséis, para el desahogo de la prueba testimonial y las trece horas del nueve del mismo mes y año para el desahogo de la inspección acular, se les notificó a las partes el seis de junio de dos mil dieciséis, por lo que el órgano jurisdiccional referido considero que no medio el tiempo necesario para su debido desahogo. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: SESIÓN DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE "SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Toca de Queja 305/2017, esto es, la resolución reclamada tiene como efecto la continuación del juicio de origen, dado que el referido recurso de queja fue interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada el tres de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 198/2015, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, en la que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra del auto dictado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada proveído el anterior, en el cual se señaló fecha y hora para el desahogo de los medios de prueba consistentes en una testimonial y una inspección acular, en virtud de que el auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se habían señalado las diez horas del siete de junio de dos mil dieciséis, para el desahogo de la prueba testimonial y las trece horas del nueve del mismo mes y año para el desahogo de la inspección acular, se les notificó a las partes el seis de junio de dos mil dieciséis, por lo que el órgano jurisdiccional referido considero que no medio el tiempo necesario para su debido desahogo. Por tanto, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que sólo señala fecha para el desahogo de dichas pruebas, hecho que bien podría repararse si la sentencia resulta favorable a las pretensiones de la inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable a través del medio de impugnación o juicio correspondiente, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de la parte quejosa el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que esté en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Prevención. Vista la demanda de amparo que promueve Héctor Daniel Dominguez Salas, por propio derecho, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 290/2018-IV. En este tenor, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran establecidos en las fracciones I, III,IV y V, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la admisión de la demanda de amparo y con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, IV y V, así como el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: Manifieste, en contra de que auto interpuso el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Ricarda Reynosa Salas Tieco, en representación del quejoso, toda vez que en su escrito de demanda señala: "V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. (.) 1.- La ciudadana Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, señalada como responsable, quien con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, dicta una interlocutoria dentro del Incidente de Nulidad de Actuaciones dentro del expediente 198/2015, en la que resuelve no probado el Incidente Nulidad de Actuaciones promovido, en ese momento por mi señora madre de nombre RICARDA REYNA SALAS TIECO, quien promovía en representación del suscrito HÉCTOR DANIEL DOMÍNGUEZ SALAS." Lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. En el entendido de que con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, deberán anexar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 36/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, tomo XIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2001, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados, en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica; asimismo, se tiene autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Elvia Olivia Rosano Suarez, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a los Magistrados integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, remita el original o en el caso, remita copia certificada de todo lo actuado en el toca de queja 305/2017 de su índice. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el diversos 259 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición de cualquier modo motivará la supresión de datos sensibles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Lucio Alberto Domínguez Rodríguez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/1363/2018 de la misma fecha, en los términos y limitaciones establecidos en la interpretación que del citado artículo realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 67/2011, consultable en la página 853, tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", ante Janeth Avila Sepúlveda, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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