Héctor Córdoba Pérez

Expediente 168/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
168/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
15/07/2016

Partes del expediente

  • Héctor Córdoba Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 168/2016-I promovido por Héctor Córdoba Pérez, y remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa 57/2016, de su índice, cuyos puntos resolutivos señalan: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Héctor Córdoba Pérez, respecto del acto reclamado a la Auditora Especial de Cumplimiento del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, consistente en el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, emitido en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria 26/2015." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, de la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio 6996, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Héctor Córdoba Pérez, en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado por este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo en que se actúa, la cual quedó registrada bajo el número 57/2016, de lo que este Juzgado de Distrito toma conocimiento.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por Héctor Córdoba Pérez; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído al promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Héctor Córdoba Pérez, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso y al efecto refiere que en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria 26/2015 instaurado en su contra por la Auditora Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se señalaron las diez horas del quince de febrero de dos mil dieciséis a efecto de celebrar la audiencia correspondiente, sin que haya comparecido al desahogo de dicha diligencia y sin que haya recibido notificación alguna con posterioridad respecto al procedimiento citado. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado al quejoso en el citado proveído de diecisiete de los actuales y en el caso procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa señalada en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. De lo anterior puede advertirse que dicha actuación, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte promovente, por lo que debe concluirse que dicho procedimiento no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia del procedimiento reclamado es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, pues únicamente tiene efectos procesales relacionados con el trámite del procedimiento de origen, que bien podría repararse si la resolución definitiva resulta favorable a las pretensiones del inconforme, o en caso contrario, controvertir la posible violación cometida al momento de impugnar aquélla resolución definitiva. Finalmente, es conveniente apuntar que en relación con el acto reclamado consistente en el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, emitido en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria 26/2015 instaurado en su contra por la Auditora Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en el cual se ordenó citar al quejoso para que compareciera al desahogo de una audiencia a efecto de ofrecer pruebas y formular alegatos, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, pues si bien, por regla general, a través de la acción de amparo se pueden cuestionar actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ello se encuentra condicionado a que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Sin embargo, en el caso sujeto a consideración, la sola determinación de citar al quejoso para llevar a cabo el desahogo de una diligencia en la que podrá ofrecer pruebas y formular los alegatos que estime pertinentes en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria de referencia tiene efectos meramente procedimentales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues la posibilidad de impugnar algún acto en aquél procedimiento, se encuentra condicionada a que se trate de un acto de imposible reparación, ya que razonar en sentido contrario implicaría paralizar aquellos procedimientos, lo que sería contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracciones III incisos a) y b) y V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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