Hector Arturo Hernández Mendoza
Expediente 1305/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hector Arturo Hernández Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de treinta de junio del año dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, sin que lo hubiere hecho. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, los oficios signados por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, el marcado con el número de promoción 15044 en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en proveído de veintidós de junio del presente año y el marcado con el número 15043 en rectificación de su informe justificado. Ahora bien, atendiendo a las constancias remitidas en copia certificada por el nombrado Vicefiscal, las cuales tiene eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la invocada ley de la materia, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, José Manuel Eduardo Herrera Ramos, promovió demanda de amparo reclamando de las responsables, la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención), del directo quejoso Héctor Arturo Hernández Mendoza. Empero, de las constancias que el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, con residencia en esta ciudad remitió junto con sus oficios de cuenta, a las cuales se les otorga validez probatoria plena, se advierte que el directo quejoso si bien fue detenido y puesto a disposición del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos contra la Mujer, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el veintidós de mayo del presente año, en calidad de imputado de los hechos denunciados en la carpeta de investigación radicada con el número B1/CJM/B1/000123/2022; también lo es, que informó que el veintitrés del mes y año en curso, fue puesto en libertad, dejándose sin efecto su detención, lo anterior dentro del término a que se refieren los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 165 de la Ley de amparo. De ahí, que se estima que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues como quedó asentado, éstos se hicieron consistir, en la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención) del directo quejoso Héctor Arturo Hernández Mendoza; los cuales ya cesaron y por tanto indudablemente se actualiza la causa de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, en razón de que debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, ya que por su propia naturaleza, sería imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, como antes se dijo, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y ocho minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintidós de junio de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se agrega el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad, así como el anexo que acompañó, con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Del oficio de mérito se advierte que el veinte de junio de este año, el Tribunal responsable dictó un acuerdo en el cual tuvo por recibido un memorial de la apoderada del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, con el cual informó que en sesión de Cabildo de catorce de junio pasado, se puso a consideración la solicitud de asesoría necesaria para que el municipio se allegue de los recursos que requiere para hacer pago del laudo dentro del juicio laboral ********************, o para solicitar una ampliación presupuestal o la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos. Empero, con motivo de que -según lo refirió el indicado Ayuntamiento-, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Secretaría de Administración y Finanzas), el Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado, le señalaron como medio de pago realizar esquemas flexibles de pago, propuso un nuevo esquema de pagos. Por lo cual, el Tribunal responsable dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, manifestara lo que a su interés convenga. El tal virtud, se requiere al Magistrado responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó a la aquí quejosa, comunique el desahogo de la vista que le otorgó; en el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. En otro orden de ideas, del análisis integral de este expediente se aprecia que por autos de veinticinco de mayo y veintiuno de octubre de este año se requirió a las autoridades vinculadas con el cumplimiento del fallo, para que de manera conjunta con el Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, gestionaran los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a través de asesorías a dicho municipio para la obtención de recursos, con el fin de hacer pago del laudo emitido en el juicio de origen, sin que a la fecha exista constancia alguna de la que se aprecie que dicho ayuntamiento no cuente con los medios necesarios para hacer frente a la referida obligación. En ese sentido, se aprecia que, a la fecha, no se ha obtenido resultado favorable por parte de dicho ente municipal para realizar las gestiones necesarias con el fin de hacer pago a la parte quejosa del laudo emitido en el juicio laboral de origen. En ese sentido, virtud a que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público, la cual no puede quedar al arbitrio de las partes, menos aún de la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente, al Síndico y al Tesorero, todos del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, para que dentro del término de tres días, posteriores a su notificación, realicen un informe pormenorizado a este órgano federal en el que establezcan de manera cronológica y ordenada todos y cada uno de los actos que ha llevado a cabo con el fin de gestionar el pago del laudo emitido en favor de la quejosa o solicitar autorización para adquirir empréstitos o créditos, a efecto de poder realizar el pago de dicha cantidad laudada. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Vistos estos autos, por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se vinculó a las autoridades Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, y Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda), todos del Estado de Yucatán y con sede en esta ciudad; para que auxilien al Ayuntamiento de ********************, Yucatán; a fin de brindarle los medios necesarios para la obtención de recursos y pagar el laudo condenatorio. Por otro lado, por acuerdo del veinticinco de enero este año, se advirtió que hasta esa fecha el Ayuntamiento de ********************, Yucatán, había sido omiso en informar a este órgano federal lo relativo al diverso requerimiento que se le hizo por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, para que informara las acciones que había realizado respecto a solicitar la asesoría correspondiente a las aludidas autoridades vinculadas para poder dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, previo a remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente para el procedimiento de inejecución de sentencia, se le volvió a requerir para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, proporcionara dicha información. Haciéndole saber que subsistía el apercibimiento que se le hizo en el referido proveído de trece de octubre del año próximo pasado. Y toda vez que hasta la presente fecha no ha rendido dicho informe; ni obran en autos la tarjeta de acuse de recibo del oficio por el que le notificó el acuerdo de veinticinco de enero este año. Por tal motivo, se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin de que entregue el oficio correspondiente al Ayuntamiento de ********************, Yucatán, junto con copia autorizada de los diversos acuerdos de veintiuno de junio y trece de octubre de dos mil veintiuno, así como el de veinticinco de enero de este año. Lo anterior, a fin de requerir por última ocasión al mencionado Ayuntamiento, para que dentro del término improrrogable de tres días, computado a partir de su notificación, cumpla con lo ordenado en el esos acuerdos; esto es, informe a este Juzgado las gestiones que hubiese realizado a respecto a solicitar la asesoría correspondiente al Congreso, al Gobernador, al Secretario de Gobierno y a la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Yucatán, con la finalidad de atender a lo ordenado por el Máximo Tribunal del país y dar cumplimiento a la sentencia firme dictada en el presente juicio. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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