Hector Ariel Garcia Briceño
Expediente 845/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hector Ariel Garcia Briceño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, se realizó a la parte quejosa por la vía electrónica, el día uno de julio siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 845/2021-V-A, promovido por Héctor Ariel García Briceño, por conducto de su apoderada y representante legal Eloísa Ivanoa Méndez Rodríguez, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad; RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día dieciocho de mayo siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Héctor Ariel García Briceño, por conducto de su apoderada y representante legal Eloísa Ivanoa Méndez Rodríguez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Previo cumplimiento del auto de prevención, por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó previamente registrada con el número de expediente 845/2021-V-A; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: La omisión de dictar el laudo en autos del juicio reclamatorio laboral 119/2017 de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues aun y cuando el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, manifestó al rendir su informe justificado que sí era cierto, inmediatamente señaló que el uno de junio último, se había dado vista a las partes para que emitieran sus alegatos en el juicio laboral de origen; con lo que se desvirtúa la certeza informada. Se afirma lo anterior, puesto que, de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por la responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de mayo de dos mil veintiuno), no se había acordado lo relativo al cierre de la etapa probatoria, a la formulación de los alegatos por las partes, ni en cuanto al cierre de instrucción, motivo por el cual la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con el artículo 150 de la Ley Federal del Trabajo. Ordenamiento legal que impone a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate de que, perfeccionada la última prueba, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución o bien, de considerarlo necesario fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, el tribunal responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. Pues por acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, el tribunal responsable acordó que no había pruebas pendientes por desahogar y se concedió a las partes el término de tres días para que formularan sus alegatos. De lo narrado, se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, aún no se había declarado cerrada la etapa probatoria, las partes no habían formulado sus alegatos correspondientes en autos del juicio laboral de origen, ni se había decretado el cierre de la instrucción. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tendrían que haber presentado sus respectivos alegatos y declarar cerrada la instrucción, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el juicio laboral, pues al no haberse declarado cerrada la etapa de pruebas, ni formulado aún los alegatos de las partes dentro de tal expediente, ni cerrada la instrucción, menos puede hablarse de que se encontraba en posibilidades de dictar la sentencia obrera correspondiente. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa en su escrito con número de registro 9074; así como de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en su alegato ministerial 443/2021, con número de registro 9227, toda vez que dichas manifestaciones no constituyen parte de la litis planteada en el presente juicio. Siendo que los únicos planteamientos que pueden formar parte de la misma, lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas por las partes; por tanto, los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe justificado, por lo que no pueden constreñir al Juzgador Federal, a entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J.27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 14, con número de registro 205449, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." CUARTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Ariel García Briceño, por conducto de su apoderada y representante legal Eloísa Ivanoa Méndez Rodríguez, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el alegato ministerial número 443/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de ***, apoderada y representante legal del quejoso ***, por medio del cual desahoga la vista concedida por acuerdo de ocho de junio pasado, respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, realizando diversas manifestaciones con relación al acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tómense en consideración dichos alegatos al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
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