Héctor Angeles Salvador

Expediente 1205/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1205/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2015

Partes del expediente

  • Héctor Angeles Salvador

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso +++, da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el once de agosto de dos mil quince (foja 57). En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado al quejoso y, en consecuencia, se provee: Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ++, contra actos de la Contraloría Interna del Instituto de Salud del Estado de México, que los hace consistir en el procedimiento administrativo, con número de expediente CI/ISEM/QJ/014/2014 y la resolución de seis de julio del año en curso; por considerarlos violatorios de las garantías consagradas en los artículos 1, 2,, 3, 5, 6, 12, 17,18, 19, 20, 33, 35, 37, 73, 74, 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., fórmese expediente bajo el número que le corresponda. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Por otra parte, se estima que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Precisado lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados que la parte quejosa indicó y pues se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la Contraloría Interna del Registro de Radicación del Sistema de Atención Mexiquense de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, recibió la queja presentada por Jesús Israel Sarabia Zepeda, por irregularidades administrativas, consistentes en proporcionar una deficiente atención médica a Barbarita Margarita Candía García, ocasionado su fallecimiento, por lo que el siete de octubre de dos mil catorce, la autoridad responsable determinó instaurar el procedimiento administrativo disciplinario CI/ISEM/QJ/014/2014, y fijó fecha y hora para su garantía audiencia, por lo que desahogada ésta el seis de julio de dos mil quince, determinó la destitución del quejoso de su empleo y su inhabilitación como servidor público por tres años. Así, se advierte que el aquí quejoso, esencialmente reclama la instauración y resolución del procedimiento administrativo de separación e inhabilitación del cargo. Acto, respecto se acredita la causa de improcedencia que se deriva del estudio del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Causa referente a la improcedencia del juicio de garantías, en el momento de reclamarse actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder su suspensión; ello, con independencia de la susceptibilidad de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa, únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia Ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar la misma, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, del estudio integral de la demanda, el promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables la resolución emitida el seis de julio de dos mil quince, dentro del expediente CI/ISEM/QJ/014/2014, en la cual se le sancionó administrativamente con la destitución del empleo que desempeñaba en el Hospital General de Ixtapan de la Sal del Instituto de Salud del Estado de México y la inhabilitación por el término de tres años, para desempeño, cargo o comisión en el servicio público. En este sentido se puntualiza que, conforme a lo antes analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debió agotar los recursos previstos por la ley que regula el procedimiento del cual emana el acto aquí reclamado; lo anterior, de conformidad con las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de resolver la contradicción de tesis 452/2012 de su índice. Entre las consideraciones de mérito, destacan las siguientes: En primer lugar, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el recurso administrativo de inconformidad previsto en los artículos 1.8 y 18.77, cuyo contenido literal es el siguiente: Artículo 1.8.- Para tener validez, el acto administrativo deberá satisfacer lo siguiente: XII. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, deberá hacerse mención del derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Artículo 18.77.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones que emitan las autoridades administrativas, podrán interponer el recurso administrativo de inconformidad, en términos de lo previsto por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Del dispositivo legal reproducido se advierte que, en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del Estado de México que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública del Estado de México pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, en contra de la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el entendido de que este último siempre será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra la resolución de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, agosto de 2004, Materia: administrativa, página: 355, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO." Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso administrativo de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el juicio contencioso administrativo previsto en su artículo 229. Con el propósito de verificar si en el caso, los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México para otorgar la suspensión del acto administrativo en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir a aquellos preceptos de estos ordenamientos que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de dicha medida cautelar. Expuesto lo dicho, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el viernes 7 de febrero de 1997, cuyo contenido literal es el siguiente: Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el Magistrado de la Sala Regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa o bien, cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la Sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del Magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el Magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 259. El acuerdo del Magistrado de Sala Regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata. Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La Sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. Por su parte, la Ley de Amparo en sus artículos 128 y 129, literalmente establecen lo siguiente: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. El análisis comparativo de los numerales transcritos, evidencia que exigen tanto para el juicio de nulidad promovido contra los actos o resoluciones de las autoridades administrativas del Estado de México, como para el juicio de amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, como se demuestra a continuación: a) El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevé que la suspensión podrá ser acordada por el Magistrado instructor que conozca del asunto y que la medida precautoria debe hacerse del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento; por su parte, aunque la Ley de Amparo no refiere expresamente que la suspensión podrá ser emitida por el Juez de Distrito, ello se infiere de la ubicación de la sección tercera (que regula lo atinente a la suspensión), del Capítulo Primero del Título Segundo, de la Ley de Amparo, atinente a la tramitación del juicio de amparo indirecto (que corresponde al juez de Distrito). Entonces, en tal aspecto el primero de dichos ordenamientos no prevé un requisito mayor que el segundo. b) El citado Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México requiere que el actor solicite la medida suspensional y prevé que aquél podrá gozar de ese beneficio en cualquier etapa del juicio; por su parte, la Ley de Amparo exige también que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar y dispone en su artículo 130, que podrá solicitarse con la presentación de la demanda de garantías, o en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa. Luego, dichos ordenamientos son coincidentes en los siguientes aspectos:  No existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, por lo que su promoción puede llevarse a cabo en cualquier tiempo.  El proveído correspondiente debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella medida.  En que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión.  En que cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto es suficiente para que la autoridad competente (Juez de Distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento. c) El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México dispone que de llegar a otorgarse la suspensión, no debe causarse perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden público, ni dejarse sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo; por su parte, la Ley de Amparo dispone lo mismo. d) La Ley de Amparo exige para conceder la suspensión que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de imposible reparación; en cambio, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no pide tal requisito, por lo que en ese aspecto, es menos exigente que la referida Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar del acto reclamado, por lo que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y su falta de promoción actualiza la improcedencia del juicio de garantías por la causa que ha sido analizada en la presente; salvo que se actualice alguna otra de las causas de excepción al principio de definitividad que prevé dicho numeral, según lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que en la Ley de Amparo se establezca que para que surta efectos la suspensión, el actor debe cumplir con los requisitos que se le exijan entre otros, exhibir garantía dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la concesión de la medida cautelar, a diferencia del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que no establece plazo alguno para satisfacer tales requisitos. Se expone tal aserto, en la medida de que tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de eficacia de ésta, siendo que los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, no prevén que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata, las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, sino sólo que las leyes no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En este contexto resulta evidente que en la especie no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues el promovente no agotó previamente a la interposición del presente juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, tal como lo establecen los numerales transcritos en líneas precedentes; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 10a., sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo I, página 933, de la Décima Época, con rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En ese contexto, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar la presente demanda, promovida por Héctor Ángeles Salvador por propio derecho. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al emitir las tesis I.1o.A.68 A 10a. y I.1o.A.69 A 10a., publicadas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Administrativa, páginas 2098 y 2100, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO SI ÚNICAMENTE SE ATIENDE AL TIPO DE AFECTACIÓN QUE PRODUCE. El citado proveído puede tener una ejecución de imposible reparación al afectar los derechos sustantivos de los cuerpos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pues no obstante que se determine que es ilegal la resolución en la que se declare procedente su separación o destitución, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal establece un impedimento para que sean reinstalados en su cargo. Tal hecho, sin embargo, no constituye un caso de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, ya que la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, concepto que es autónomo e independiente a la regla de definitividad, que tiene que ver con la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos contra un acto en la ley aplicable. La conclusión apuntada se corrobora tomando en cuenta que los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que regulan ese principio, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no reconocen como supuesto de excepción el que se indica. Por tanto, si en un caso determinado no opera alguna de las salvedades previstas en estos dos últimos artículos, el quejoso debe promover juicio de nulidad contra el referido acuerdo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal antes de acudir a la instancia constitucional, ya que de no hacerlo la acción de amparo resultará improcedente por incumplimiento al citado principio. Cabe señalar que esta determinación no contraría la postura asumida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", porque la decisión del Alto Tribunal involucró el análisis de un acto emitido por autoridades de carácter federal, con base en ordenamientos de esa índole, cuya impugnación a través de los medios ordinarios de defensa difiere, en cuanto a su procedencia, de aquellos emitidos por autoridades pertenecientes al Distrito Federal." PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. Como la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no está acotada a actos o resoluciones, distintos de la materia fiscal, que sean considerados definitivos, pues el artículo 31, fracción I, de su ley orgánica prevé que las Salas de ese órgano jurisdiccional son competentes para conocer de los juicios contra actos que las autoridades de la administración pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales, debe concluirse que ese medio de defensa procede contra el acuerdo relativo al inicio del procedimiento de separación o destitución de los miembros de carrera policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que se emite con fundamento, entre otros, en el Reglamento que Establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la citada dependencia, pues aun siendo ese acto de carácter intraprocesal, queda comprendido en el supuesto de procedencia indicado. Sin que sean óbice a lo anterior, los aspectos siguientes: El contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 1135, que refiere: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. A partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo un mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, que puede conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; previéndose que, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, si el interesado promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación respectivo en su carácter de agente del Ministerio Público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse la demanda en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo. Pues de la lectura de la ejecutoria que le dio origen Contradicción de tesis 35/2013, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Sexto, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, se aprecia que: 1. El asunto analizado se refiere a la procedencia del juicio de garantías en contra del inicio o instauración del procedimiento administrativo correspondiente, lo que no acaece en el caso concreto; 2. Aunado a lo anterior , en la parte final de la ejecutoria de referencia, se realizó la acotación siguiente: ".Conviene puntualizar que esta determinación no prejuzga sobre el desarrollo del juicio de amparo, ni sobre la posible existencia de diversos motivos de improcedencia del mismo, que pudieran advertirse por el Juez, pues aquí se analizó únicamente el acuerdo dictado en la etapa de admisión de demanda, a la luz de los precisos planteamientos a que se ha hecho referencia en párrafos anteriores." Atento a lo cual, es que se reitera la improcedencia del juicio de garantías, en virtud de que en el caso, además de no reclamarse en forma autónoma e independiente el auto o determinación a través de la cual se proveyó respecto de la instauración del procedimiento administrativo, existe la posibilidad de que el gobernado demande la nulidad de la determinación de referencia, así como de todo lo actuado en éste, previamente a la interposición del juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por el Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor en representación del General de Brigada D. E. M., por medio del cual rinde informe justificado respecto de la ampliación de la demanda, hágase relación con el mismo en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se colige no se encuentra pendiente de acordar promoción alguna respecto del trámite del juicio en que se actúa, por tanto, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, realícese el trámite para su DESTRUCCIÓN, bajo los lineamientos que la normatividad aplicable prevea.

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