Héctor Ambriz Sotelo y Otros.
Expediente 789/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/02/2022
Partes del expediente
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México
- Héctor Ambriz Sotelo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diez de junio de dos mil quince, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa sin que precisara correctamente lo relativo a su destino final, por lo tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de veintiséis de mayo del año en curso, por el que desechó la demanda de garantías promovida por Héctor Ambriz Sotelo y Patricia Rizo González; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Finalmente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiesen recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, por el momento no es procedente ordenar que se glosen los incidentes de suspensión respectivos, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto, mismo que se registró con el número 34/2015; por tanto, comuníquese la presente determinación al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que provea lo conducente. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo fue para el efecto de que las responsables: ".En tal tesitura, es dable concluir que el acto reclamado transgrede las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica previstas por el artículo 16 constitucional, siendo procedente otorgar la protección de la Justicia de la Unión a ********, para el efecto de que el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México: 1. Deje insubsistente el oficio *************, de dieciocho de diciembre de dos mil catorce. 2. Sin embargo, para el caso de que el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, reitere la necesidad del cambio de adscripción de la aquí quejosa, ello lo deberá realizar bajo las siguientes directrices: a) Emitirlo por escrito y fundar su competencia. b) Atender los lineamientos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, en el supuesto relativo. c) Fundar y motivar en términos del artículo 16 constitucional la determinación relativa. d) Notificar la determinación que resulte de manera personal a la quejosa. Lo anterior con el propósito de otorgar certeza jurídica a la aquí solicitante del amparo y con ello respetar sus garantías individuales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del entonces, Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, página 189, registro 208119, cuyos rubro y texto son los siguientes: ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma. Dicha concesión, se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Director del Hospital General Tenancingo "Miguel Hidalgo y Costilla", Jefe de Recursos Humanos del Hospital General Tenancingo "Miguel Hidalgo y Costilla" y Jefe de Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, ya que no se reclamó por vicios propios sino como consecuencia del oficio reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 12 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 55, Julio de 1992, Materia Común, página 41, Octava Época, registro 218867, cuyo contenido es el siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Asimismo, se apercibe a la responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido; es decir, en tres días legalmente computados, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a la misma responsabilidad que la autoridad antes señalada. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este Artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo."
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