Héctor Ángel Ramírez Dorantes

Expediente 142/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
142/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Héctor Ángel Ramírez Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. 1. Secretario en funciones de Juez de Distrito. La Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, me autorizó para desempeñar las funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla a partir del once de agosto de dos mil veintiuno y hasta en tanto dicha Comisión lo determine, o bien el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular a este Juzgado; lo que se informó mediante el oficio CCJ/ST/2761/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por su Secretario Técnico. 2. Jurisprudencia de la SCJN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier parte del proceso de amparo, porque su función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de su imparcialidad. 3. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi autorización para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con la sentencia que determino sobreseer, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales. Legajo de pruebas. Finalmente, se ordena conservar el legajo de pruebas para el juicio de amparo indirecto 999/2021-V, formado con motivo de la ampliación que se ordenó tramitar como demanda independiente. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... V. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, se impone sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se VI. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 142/2021-V, promovido por ***, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables fijados en el punto III, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en los puntos IV y V. Notifíquese. ...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Ampliación. El quejoso *** por propio derecho, formula ampliación de la demanda de amparo, respecto de lo siguiente: Autoridades responsables. a). La Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria. b). El notificador adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria. Actos reclamados. *** Litis de este juicio de amparo. Ahora bien, conforme a la lectura integral de la demanda de amparo, y sus anexos, se advierte que la litis de este asunto es la siguiente: *** Marco jurídico de la ampliación de demanda. Ahora, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece que podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Y precisa que, en el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. A partir de lo anterior, se tiene que en atención a los principios de economía procesal y de concentración, procede la ampliación de la demanda a fin de incorporar al juicio de amparo ya iniciado autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; no obstante, el ejercicio de este derecho está sujeto a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya celebrado la audiencia constitucional, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo. En efecto, lo anterior tiene como objetivo que a través de la ampliación de demanda de un juicio de amparo ya iniciado se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, además de ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por otra parte, en este punto resulta necesario precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2019, en sesión remota de doce de mayo de dos mil veinte, determinó que en el caso de que una ampliación de demanda no guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente; es decir, no exista un supuesto de conexidad entre ellos, ésta tendrá que enviarse a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente de una demanda independiente; esto es, que se turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que éste provea lo conducente sobre su contenido. De la anterior resolución, derivó la jurisprudencia P./J. 7/2020: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Lo anterior, en atención al principio pro actione, en aras de respetar los derechos de la parte quejosa relativos al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal. En la inteligencia de que dar a la ampliación de la demanda el tratamiento de una demanda independiente no implica reencausar la vía en favor de la parte quejosa ni tampoco se afecta la igualdad entre las partes, el debido proceso o algún otro derecho humano o procesal, ya que se trata de la misma vía; esto es, amparo indirecto, y por lo tanto no se deja en estado de indefensión a alguna de las partes, pues sólo se le da el tratamiento de una demanda de amparo independiente. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Caso concreto. En este caso, los actos reclamados en la ampliación no guardan estrecha vinculación con los actos reclamados en la demanda; toda vez que: A. En este asunto de inicio se reclamó la orden de aseguramiento de una cuenta bancaria del quejoso; y, su ejecución material; y, B. Ahora, en la ampliación, la resolución determinante ***. Según se advierte, la litis inicial de este asunto se centra en la orden de aseguramiento de una cuenta bancaria y su ejecución. En cambio, la litis que se plantea en la ampliación se relaciona con un crédito fiscal y su ejecución forzosa a través del procedimiento administrativo de ejecución. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 7/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena remitir la ampliación y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno; anexando copia certificada de todo lo actuado en este amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que dispone: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." Diferimiento. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional. En ese orden, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Ampliación. El quejoso *** por propio derecho, formula ampliación de la demanda de amparo, respecto de lo siguiente: Autoridades responsables. a). La Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria. b). El notificador adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria. Actos reclamados. *** Litis de este juicio de amparo. Ahora bien, conforme a la lectura integral de la demanda de amparo, y sus anexos, se advierte que la litis de este asunto es la siguiente: *** Marco jurídico de la ampliación de demanda. Ahora, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece que podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Y precisa que, en el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. A partir de lo anterior, se tiene que en atención a los principios de economía procesal y de concentración, procede la ampliación de la demanda a fin de incorporar al juicio de amparo ya iniciado autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; no obstante, el ejercicio de este derecho está sujeto a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya celebrado la audiencia constitucional, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo. En efecto, lo anterior tiene como objetivo que a través de la ampliación de demanda de un juicio de amparo ya iniciado se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, además de ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por otra parte, en este punto resulta necesario precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2019, en sesión remota de doce de mayo de dos mil veinte, determinó que en el caso de que una ampliación de demanda no guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente; es decir, no exista un supuesto de conexidad entre ellos, ésta tendrá que enviarse a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente de una demanda independiente; esto es, que se turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que éste provea lo conducente sobre su contenido. De la anterior resolución, derivó la jurisprudencia P./J. 7/2020: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Lo anterior, en atención al principio pro actione, en aras de respetar los derechos de la parte quejosa relativos al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal. En la inteligencia de que dar a la ampliación de la demanda el tratamiento de una demanda independiente no implica reencausar la vía en favor de la parte quejosa ni tampoco se afecta la igualdad entre las partes, el debido proceso o algún otro derecho humano o procesal, ya que se trata de la misma vía; esto es, amparo indirecto, y por lo tanto no se deja en estado de indefensión a alguna de las partes, pues sólo se le da el tratamiento de una demanda de amparo independiente. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Caso concreto. En este caso, los actos reclamados en la ampliación no guardan estrecha vinculación con los actos reclamados en la demanda; toda vez que: A. En este asunto de inicio se reclamó la orden de aseguramiento de una cuenta bancaria del quejoso; y, su ejecución material; y, B. Ahora, en la ampliación, la resolución determinante ***. Según se advierte, la litis inicial de este asunto se centra en la orden de aseguramiento de una cuenta bancaria y su ejecución. En cambio, la litis que se plantea en la ampliación se relaciona con un crédito fiscal y su ejecución forzosa a través del procedimiento administrativo de ejecución. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 7/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena remitir la ampliación y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno; anexando copia certificada de todo lo actuado en este amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que dispone: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." Diferimiento. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional. En ese orden, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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