Hazael Raul Chilaca Martínez

Expediente 1284/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1284/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Hazael Raul Chilaca Martínez
  • Andres Tezmol Olivares, Apoderado Legal

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de febrero de dos mil veintitrés. Parte quejosa revoca autorización. El promovente ********************solicita la revocación de la consulta del expediente electrónico al nombre de usuario "********************". En ese sentido, se tiene por revocada la consulta del expediente electrónico al nombre de usuario "********************". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del CJF. Por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en tres ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Se tiene por no presentada la demanda. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente en auto de trece de enero de dos mil veintiuno, transcurrió sin que desahogara la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que solo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y solo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, solo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Ampliación de plazos para acordar. Con fundamento en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informa a las partes que la promoción de este asunto se acuerda dentro de los plazos ampliados; es decir, 10 días para demandas y 48 horas para promociones. Parte quejosa denuncia la repetición del acto reclamado. En consecuencia, agréguese el escrito del apoderado de Pelikan México, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual denuncia que el Tesorero del Municipio de Puebla ha reiterado en su esfera jurídica la ejecución del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues señala que la Comisión Federal de Electricidad le realizó el cobro por la cantidad de $20,486.55 (veinte mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 55/100 M.N.) referente al periodo de octubre y noviembre de dos mil veinte, respecto al número de servicio 256 890 102 471, para lo cual, anexa copia simple de los avisos recibo respectivos. Prevención. Atento a lo anterior, los artículos 18 y 199 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. (.)" De las porciones normativas en cita, se desprende que la parte quejosa deberá presentar la denuncia de repetición del acto reclamado, dentro del plazo de quince días posterior a la fecha en que tenga conocimiento del mismo; es decir, que en el escrito de denuncia deberá señalar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado que estima se repite en su contra, a fin de que el órgano jurisdiccional provea lo que en derecho corresponda y las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de hacer valer lo que a su interés convenga. Al respecto, resultan aplicables al caso concreto los siguientes criterios: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. MOMENTO PROCESAL PARA REALIZAR LA DENUNCIA RESPECTIVA, ACTO O RESOLUCIÓN CONTRA LA QUE PROCEDE, E INSTANTES A PARTIR DE LOS CUALES CORRE EL PLAZO PARA HACERLO. Del primer párrafo del artículo 199 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para que la parte interesada denuncie la existencia de un acto en el que estime que se repiten las violaciones por las que se concedió la protección constitucional en un juicio de control constitucional, es de quince días. Sin embargo, ese precepto es trunco en precisar: 1) en qué momento procesal puede realizarse la denuncia respectiva; 2) contra qué acto o determinación procede; y, 3) en consideración con lo anterior, a partir de qué instante comienza a correr el plazo para que la excitativa correspondiente se formule ante el órgano de amparo; no obstante, de una interpretación sistemática de los preceptos contenidos en la ley de la materia, en específico, en sus disposiciones generales y en las relativas a la etapa de ejecución de sentencia, es posible dilucidar esos cuestionamientos. Así, los primeros dos requisitos pueden verificarse, si se tiene como base la tesis aislada 2a. XV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA.", de la que se deduce que: 1) El momento procesal para que la parte interesada pueda realizar la denuncia de repetición del acto reclamado, es posterior al dictado de la resolución que declara por cumplido el fallo del otorgamiento del amparo, mas no antes; y, 2) El acto de autoridad contra el que procede realizar la denuncia respectiva -por tildarlo de repetitivo en violaciones-, tiene que ser uno distinto a aquel que fue emitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y que constituyó la materia de análisis en la resolución en la que ésta se declaró por cumplida. Ello guarda lógica, en virtud de que la intención de la autoridad responsable en los casos en los que acontece la repetición del acto reclamado, es burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que fue declarada cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional, lográndolo al ya no estar bajo el radio de control o jurisdicción del órgano de amparo en la que le es exigible que cumpla, en sus términos, la sentencia que otorgó la protección federal, es decir, sometido al requerimiento y escrutinio que exige la Ley de Amparo para el cumplimiento irrestricto de las ejecutorias protectoras de derechos fundamentales (artículos 192, primer párrafo y 214) pues, en caso contrario, o sea, en el supuesto de que en el juicio de amparo aún no existiera la resolución en la que se declarara por cumplida la ejecutoria respectiva, la ley de la materia prevé los procedimientos que están confeccionados especialmente para que el tribunal de amparo consiga ese fin, esto es, eliminar la contumacia y que sean reparados los excesos o defectos en los que pudiera estar viciado el nuevo acto de autoridad (emitido por ésta en cumplimiento a la sentencia protectora), con el objeto de que se acaten en sus términos los efectos por los que se concedió el amparo al quejoso (artículos 193 y 196). Y es que si la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria, emitiera un acto repetitivo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, sería lógico y necesario que el órgano jurisdiccional no tuviera por cumplida la sentencia respectiva, hasta en tanto las irregularidades detectadas fueran enmendadas por la responsable. Luego, tocante al requisito 3), éste se verifica al acudir al título I de la Ley de Amparo, denominado "Reglas generales", en el que se fijan lineamientos que son comunes tanto para el trámite como para la sustanciación de todos los procedimientos previstos en esa legislación especial en materia de amparo; de esa manera, el artículo 18 de la ley invocada -que dispone las reglas generales en que se computan los plazos en el juicio de control constitucional-, permite tener un parámetro objetivo sobre momentos particulares y concretos en los que puede deducirse que la parte interesada tuvo conocimiento del acto o resolución que le afecta, concluyéndose que los instantes a partir de los cuales puede realizarse la denuncia respectiva, son a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución en la que aduce la existencia de repetición del acto reclamado, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de éste. Sin que el parámetro del cómputo pueda ser la resolución en que se califica por cumplida la ejecutoria de amparo, porque la determinación en que se califica el cumplimiento al fallo protector no es objeto de estudio en la incidencia de referencia; ni tampoco el acto con el que la autoridad responsable da cumplimiento a tal ejecutoria, ya que ese "nuevo acto" es precisamente la materia de análisis en la resolución donde se evalúa si los efectos del fallo protector fueron colmados, o si hubo exceso o defecto en su acatamiento, siendo que en el supuesto de que se halle el "nuevo acto" como repetitivo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, como se dijo, sería necesario que el órgano jurisdiccional no tuviera por cumplida la sentencia de amparo. No soslayando que contra la resolución en la que se declara cumplida la sentencia, procede el recurso de inconformidad, en términos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo; en tanto que, contra la determinación en la que se declara sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, también procede dicho medio de impugnación conforme a la fracción III de ese mismo dispositivo, de lo que se concluye que se trata de vías distintas y excluyentes entre sí, pues la materia en la que versan parten de premisas ajenas. De lo contrario, se correría el riesgo de que un mismo acto o resolución pudiera ser dos veces materia de estudio del mismo medio de impugnación -ya sea simultánea o aleatoriamente-, lo cual no generaría certeza jurídica en las determinaciones emitidas dentro de la etapa de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues ignoraría la naturaleza jurídica de lo que es impugnable, respectivamente, en cada uno de ellos." "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA PARTE INTERESADA TUVO CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE DICHA REPETICIÓN, DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 199 de la Ley de Amparo dispone que el plazo para la presentación de la denuncia de repetición del acto reclamado es de quince días, pero no establece a partir de qué momento debe computarse dicho plazo, por lo que de una interpretación sistemática del numeral señalado, en relación con el diverso 18 de la misma ley, se colige que el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución materia de la repetición emitida por la autoridad responsable, a aquel al en que haya tenido conocimiento o al en que se haya ostentado sabedor de la misma, por ser esa resolución la que es materia de análisis de dicho incidente, y no a partir de que se emita la resolución que determina el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues no es objeto de estudio del incidente de repetición; lo anterior es así, en razón de que dichas figuras constituyen supuestos distintos y excluyentes entre sí, pues la repetición del acto reclamado tiene por objeto impedir que la autoridad responsable, con posterioridad al pronunciamiento de una ejecutoria que otorgue la protección federal, emita un nuevo acto que reitere las violaciones que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo, desconociendo así el principio de cosa juzgada y su fuerza vinculatoria; mientras que en el cumplimiento de la sentencia de amparo debe analizarse, por el órgano de control constitucional, si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia de amparo, verificando que no haya exceso o defecto en éste." "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE AMPARO PARA HACER LA DENUNCIA RESPECTIVA, DEBE COMENZAR A COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO QUE SE CONSIDERA EL ACTO DE AUTORIDAD QUE GENERÓ AQUÉLLA. Conforme al artículo 199 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo. Dicho precepto no establece a partir de qué momento debe comenzar a computarse este plazo para su interposición, pero una interpretación teleológica del referido dispositivo, lleva a considerar que debe comenzar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído que se considera el acto de autoridad que repite el acto reclamado y no de aquella resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior porque, precisamente, lo que motiva la denuncia de repetición del acto reclamado, lo es la resolución o proveído que aparentemente cumplimenta la ejecutoria de amparo -pero que de su análisis aparece que evade el mandamiento y repite el acto que se juzgó violatorio de derechos fundamentales- lo cual puede ocurrir desde que se intenta cumplir por primera vez la sentencia de amparo o mediante actos posteriores que contradicen o parecen contradecir su vocación primigenia, de manera que no existe alguna base para sostener que el término de quince días al que alude el referido precepto, deba computarse sólo a partir del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo." Así, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se estima necesario prevenir al justiciable a fin de que cumpla con el requisito previsto en el citado numeral, en virtud de que de la lectura integral del escrito de cuenta no se advierte la fecha en que tuvo conocimiento de la repetición del acto reclamado. En consecuencia, toda vez que del escrito de cuenta se evidencia que el justiciable no da cumplimiento a lo ordenado en el artículo 199 de la ley de la materia, es necesario prevenirlo a fin de que ajuste su escrito al requisito previsto en el citado numeral, debiendo especificar, dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído: La fecha exacta en que tuvo conocimiento de la repetición del acto reclamado. Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento antes citado, en el plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentado su escrito de denuncia de repetición del acto reclamado. Por otra parte, en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con la repetición del acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días; numeral que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. Ampliación de plazos para acordar. Con fundamento en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informa a las partes que la demanda se acuerda dentro de los plazos ampliados; es decir, 10 días para demandas y 48 horas para promociones. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1284/2020-II. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por ..., quien se ostenta como apoderado legal de ..., contra actos de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla., de la que se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ..., quien se ostenta como apoderado legal de ... Tercero interesado. No existe. Autoridad responsable. Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado. La omisión radicar la demanda laboral presentada el diecisiete de febrero de dos mil veinte y desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al respecto, cabe señalar que los artículos 11 y 108, fracción I de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)" Prevención por personalidad. Ahora, de la demanda de amparo presentada por Andrés Tezmol Olivares, quien se ostenta como apoderado legal de Hazel Raul Chilaca Martínez, se desprende que el promovente adjuntó una carta poder a fin de acreditar su personalidad; sin embargo, ésta no resulta suficiente para tener por acreditada la personalidad con la que intenta promover el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues si bien la carta poder que adjuntó se encuentra dirigida a la Junta responsable, no menos cierto es que en el apartado en el que debería obrar la firma del aceptante, es decir, de Andrés Tezmol Olivares, no se encuentra rúbrica alguna de la que se advierta aceptado dicho mandato; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Amparo. Aunado, a que es un requisito indispensable para la procedencia del juicio amparo que, el que dice promover en representación de una diversa persona, acredite a través de documento idóneo su personalidad, ya que no basta la sola afirmación de quien dice ostentar la representación, sino que debe acreditarla a través del medio idóneo. En consecuencia, al advertirse la irregularidad indicada en párrafos que anteceden, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, 113 y 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Acredite con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta, esto es, como apoderado legal de Hazel Raul Chilaca Martínez. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.", toda vez que la parte quejosa no acreditó encontrarse en dicho supuesto. Apercibimiento. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia. . Copias del escrito aclaratorio. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio y de la documental con la que acredite su personalidad, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Consulta electrónica. En otro contexto, la parte quejosa solicita que el presente juicio de amparo se substancie en la modalidad de Juicio en línea mediante el nombre de usuario "ANTEOL"; en consecuencia, y vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario antes mencionado correspondiente a Andrés Tezmol Olivares; por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, del citado ordenamiento legal, así como en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

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