Hector Alfonso Fernández Vega
Expediente 608/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Hector Alfonso Fernández Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 346), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el cuadernillo formado con motivo de que se encontraba pendiente la emisión de la sentencia en el presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaVistos para resolver los autos del juicio de amparo 608/2018-IV, promovido por *******, en contra de la Secretaria Judicial del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El tres de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado el mismo día. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: 3. AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORA: Licenciada *******, Secretaria Judicial del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley. AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORA: Licenciada *******, Secretaria Judicial del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana. AUTORIDADES RESPONSABLES COMO EJECUTORA: El Ministro Ejecutor y Oficial Notificador del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana. 4. ACTOS RECLAMADOS: De las ordenadoras reclamo la determinación del auto de fecha once de septiembre del presente año, de donde se desprende que otorgan a favor de los menores de iniciales [******* y *******] por conducto de su madre la señora [*******], la cantidad semanal consistente en $******* por concepto de pensión alimenticia. Asimismo reclamo de dichas responsables la orden de restricción sobre mi persona y que se desprende del mencionado auto en cuanto a que me abstenga de ocasionar actos de molestia en contra de mis menores hijos y por ende reclamo la suspensión provisional del derecho de visita y convivencia del suscrito para con mis menores hijos de iniciales [******* y *******]. De la ejecutora reclamo el requerimiento de pago inmediato de la pensión decretada en el auto señalado de fecha once de septiembre del presente año SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estima violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 123, fracción VI, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, los dispositivos 6 y 7 de la Convención Interamericana Sobre Obligaciones Alimentarias. También, los numerales 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Al igual, los arábigos 27, numeral 2 y 4 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 608/2018-IV, y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tienen efectos materiales dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el promovente del amparo reclama lo siguiente: a) De la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley y la Secretaria Judicial, ambas del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (denominaciones correctas), el auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente *******, mediante el cual se ordenó: 1. Que el quejoso entregue la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales, en razón del pago de alimentos a favor de sus menores hijos de iniciales ******* y *******, por conducto de su madre, *******. 2. La restricción de que el quejoso se acerque a sus menores hijos de iniciales ******* y *******, tanto en el domicilio particular o en cualquier lugar en el que se encuentren a una redonda de quinientos metros. 3. La suspensión provisional de las visitas y convivencias de los menores ******* y ******* con el quejoso, en razón de la orden de restricción decretada. Lo anterior, en atención a que aparentemente existe violencia familiar perpetrada por parte del aquí quejoso. b) Del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (denominación correcta): - La ejecución del auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, consistente en el requerimiento de pago inmediato de la pensión alimenticia. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en este considerando, y sobre ellos se procederá a realizar el estudio correspondiente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, la Secretaria Judicial del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (fojas 106 a 108), aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos. No obstante lo anterior, su aceptación se desvirtúa, ello en razón de que si bien de las constancias que anexó a su informe con justificación se desprende la existencia del auto reclamado dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, en el Juicio Ordinario Familiar *******, también se colige que dicha autoridad no ordenó los actos que el quejoso combate, sino que, únicamente dio fe del acuerdo que en ese momento se emitió (fojas 153 a 155). Por lo que, en razón de que el quejoso no aportó prueba alguna que desvirtuara la inexistencia del acto que reclamó, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes con justificación, la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, ambos del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (fojas 32 a 34 y 181 a 183), aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen como ciertos los mismos. Además, dicha certeza deriva no únicamente del hecho de que así lo hayan aceptado las responsables, sino que de los autos del Juicio Ordinario Familiar *******, del índice de esa autoridad, se desprende, entre otras cosas, que efectivamente el once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 78 a 80), la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, ordenó: 1. Que el quejoso entregara la cantidad de $******* semanales, en razón del pago de alimentos a favor de sus menores hijos de iniciales ******* y *******, por conducto de su madre, *******. 2. La restricción de que el quejoso se acercara a sus menores hijos de iniciales ******* y *******, tanto en el domicilio particular o en cualquier lugar en el que se encuentren a una redonda de quinientos metros. 3. La suspensión provisional de las visitas y convivencias de los menores ******* y ******* con el quejoso, en razón de la orden de restricción decretada. Y, del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galena, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (denominación correcta): - La ejecución del auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, consistente en el requerimiento de pago inmediato de la pensión alimenticia. Asimismo, se desprende que en tal acuerdo se turnaron los autos al Ministro Ejecutor, a efecto de que le requiriera al aquí quejoso el pago inmediato de la pensión provisional decretada, apercibiéndolo de que en caso de no acatar lo ordenado, se le impondría una multa de cien veces el salario mínimo, de modo que la ejecución del mismo es inminente. A las documentales relacionadas con anterioridad, se les reconoce pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria Judicial del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana. En tales condiciones, como se indicó previamente, debe reputarse cierta la existencia de los actos atribuidos a tales autoridades. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto QUINTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como se estableció en el considerando segundo, el quejoso reclama de la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, el auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, en el que ordenó: 1. Que entregara la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales, en razón del pago de alimentos a favor de sus menores hijos de iniciales ******* y *******, por conducto de su madre, *******. 2. La restricción de que se acercara a sus menores hijos de iniciales ******* y *******, tanto en el domicilio particular o en cualquier lugar en el que se encuentren a una redonda de quinientos metros. 3. La suspensión provisional de las visitas y convivencias con sus menores hijos de iniciales ******* y *******, en razón de la orden de restricción decretada. Y, del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galena, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: - La ejecución del auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, consistente en el requerimiento de pago inmediato de la pensión alimenticia Pues bien, respecto de tales actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Precepto conforme al cual, cuando se reclamen actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, respecto de los cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, debe promover tales medios de defensa, lo que se conoce como el principio de definitividad. Exceptuándose de lo anterior, los supuestos consistentes en: a) cuando se reclame alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) cuando se reclamen órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, c) cuando el quejoso sea persona extraña al procedimiento, d) cuando se reclame un auto de vinculación a proceso y e) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundameno legal sea insuficiente para determinarla. Para la actualización de la citada causal de improcedencia, se procede, en primer lugar, a relatar los antecedentes del acto reclamado: De las constancias que remitieron las autoridades responsables, previamente valoradas, se desprende que el tres de julio de dos mil dieciocho (foja 35-bis), el quejoso *******, demandó de la aquí tercero interesada *******, el reconocimiento y terminación del concubinato que existió entre ellos, así como el pago de gastos y costas que se originaran con motivo de la tramitación del juicio relativo. Luego, la Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en proveído de cuatro de julio del año en comento (foja 45), admitió a trámite la demanda descrita y ordenó el emplazamiento de *******. Así, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 62), la demandada dio contestación a las prestaciones que el actor (aquí quejoso) le reclamó; solicitó medidas de protección, en razón de que adujo que *******, perpetraba violencia en contra de ella y de sus menores hijos; también, solicitó pensión alimenticia provisional de $*******, semanales, en su favor, así como de sus menores hijos; y, el embargo precautorio del cincuenta por ciento de la cantidad resultante de las cuentas bancarias de ahorro e inversión del aquí quejoso. Además, en el mencionado escrito, promovió reconvención en contra de *******, a quien le reclamó la liquidación de los bienes y derechos adquiridos por el trabajo común como concubina de aquél, el pago de una pensión alimenticia definitiva, en beneficio de ella y de los menores de edad de iniciales ******* y ******* y la autorización para que realizara trámites nacionales y extranjeros en beneficio de sus hijos. Al respecto, la Secretaria Judicial Encargada del Despacho responsable, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 73), recibió la contestación y reconvención de *******, sin embargo, al no pronunciarse sobre las medidas provisionales que le solicitó ésta, mediante escrito del 31 de agosto del año en comento (foja 77), la autorizada de la aquí tercero interesada, lo solicitó de nueva cuenta. En relación con lo anterior, la Secretaria Judicial Encargada del Despacho responsable, emitió un proveído el once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 78), el cual, en lo que aquí interesa, dice lo siguiente: <Acordado de conformidad parcialmente> NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, A ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el escrito recibido a las diez horas con doce minutos del día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, presentado por la Licenciada [*******], promoviendo con la personalidad que tiene acreditada en el expediente y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Familiares del Estado y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derecho de Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Tribunal se encuentra obligado a proteger y pronunciarse respecto a los derechos de los mismos en aras de su interés superior, ello en los términos de la solicitud realizada por la parte demandada [*******], a través del escrito de contestación a la demanda mismo que fuera recibido en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, y en base a las facultades concedidas a este Tribunal por el artículo 5 y 6 fracción IV del Código de Procedimientos Familiares y a fin de regularizar el procedimiento, este Tribunal, provee respecto a las mismas y emite las siguientes medidas de protección: (.) PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL En lo tocante a la pensión alimenticia que peticiona, a favor de los menores de iniciales [******* y *******], ha lugar a decretar esta, cuenta habida de que dichos menores son hijos de la parte actora, tal y como se advierte de las certificaciones de las partidas de su nacimiento y por eso se actualiza la correlativa obligación del reo de satisfacerla. Máxime que a la fecha, los destinatarios de la pensión son menores de edad, lo que permite presumir que se encuentran incapacitados natural y legalmente para satisfacer sus propias necesidades de subsistencia. En virtud de lo anterior, existen bases suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho para otorgar la medida y su urgencia y por ende, con fundamento en los artículos 280, 288 y 294 del Código Civil del Estado de Chihuahua en relación al 35 del Código de Procedimientos Familiares es procedente fijar la pensión alimenticia provisional solicitada, pues la satisfacción de las necesidades de alimentos no puede ser aplazada ni demorada, ya que el retardo del cumplimiento del mencionado deber pone en riesgo la subsistencia de los acreedores alimentarios. Así también cabe poner en relieve que, aunque no está claramente demostrado a cuánto asciende el momento total que se requiere para cubrir las necesidades de los menores en comento, más sin embargo de los hechos narrados por las partes, tanto en el escrito inicial de demanda como de contestación, se colige la cantidad aproximada de los gastos de los servicios de la casa habitación donde ahora permanecen tanto los menores hijos como la madre de estos, por lo que a fin de no dejar en un estado de vulnerabilidad a los menores y a la presunción del estilo de vida al que están acostumbrados los mismos, y si bien no aparece constancia fehaciente en relación a la capacidad económica del deudor alimentista, pero si la presunción legal de que este tiene la posibilidad de ministrar alimentos a sus menores hijos ya que se trata de una persona mayor de edad con la posibilidad de auto determinarse tanto en lo personal como en lo económico puesto que cuenta con la capacidad legal para ello, por lo que, en consecuencia se decreta como pensión alimenticia provisional a cargo de la parte actora [*******] a favor de los menores hijos de iniciales [******* y *******], por conducto de su madre la señora [*******], la cantidad semanal consistente en $******* mismos que deberá consignar ante este Tribunal los días viernes de cada semana, hasta en tanto no haya otra orden judicial consecuentemente, túrnense los autos al Ministro Ejecutor que corresponda a fin de que requiera a la parte actora [*******] el pago inmediato de la pensión provisional decretada, apercibido que de no acatar lo ordenado, se aplicará una multa de cien veces el salario mínimo, de conformidad con la fracción II del artículo 96 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. (.) ORDEN DE RESTRICCIÓN Por otra parte y dado que de lo narrado por la demandada a través del escrito de contestación a la demanda, se desprende la probable existencia de violencia familiar, luego, a fin de prevenir violencia familiar, con fundamento en el artículo 7, inciso A) fracciones II y III del Código de Procedimientos Familiares, se ordena requerir e intimar de forma inmediata y urgente a [*******], en su domicilio ubicado en [******* y/o ******* AMBOS DE ESTA CIUDAD, a fin de que se abstenga de ocasionar actos de molestia por sí o por persona alguna, en contra de [*******], y así como a sus menores hijos de iniciales [******* y *******], tanto en el domicilio particular de la antes citada o en cualquier lugar en donde se encuentre a una redonda de quinientos metros, así como de intimidar o molestar a la víctima y a cualquier integrante de la familia, por cualquier medio y en su entorno social, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado se procederá en su contra en lo que hubiere lugar, para lo cual se ordena por conducto del Ministro Ejecutor y Oficial Notificador correspondiente, en el lugar en que se encuentre y habilitándose días y horas hábiles, ello en atención a la urgencia de la medida y en aras de la economía procesal, en términos del artículo 47 del Código de Procedimientos Familiares. En la inteligencia de que este acuerdo tiene la naturaleza de una orden de protección (.) (.) RÉGIMEN DE VISITA Y CONVIVENCIA PROVISIONAL Respecto a las VISITAS Y CONVIVENCIAS, de los menores de iniciales [******* y *******], se suspenden provisionalmente las mismas, dadas las medidas de protección decretadas. (.) Pues bien, en contra de los actos descritos, procedía el recurso de revocación, previsto en los artículos 473, fracción I, 475, 479, párrafo primero, 481 y 482, todos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, que disponen lo siguiente: ARTÍCULO 473. Este código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación; y, (.) ARTÍCULO 475. Pueden interponer recursos: I. Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, aunque el poder con que gestione no tenga la cláusula especial para ello. II. Las o los terceros que hayan salido al juicio. III. El ministerio público y la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, cuando así lo establezca la Ley. IV. Las demás personas a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesadas. ARTÍCULO 479. Los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juzgado que los haya dictado. (.) ARTÍCULO 481. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días, y transcurridos estos el juez o jueza debe resolver dentro del tercer día lo que corresponda. ARTÍCULO 482. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. Conforme a tales normas, dicho recurso es procedente contra los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, conforme al diverso numeral 484 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, el cual consiste en que el propio juzgado que haya dictado los actos reclamados, al examinar de nueva cuenta el auto recurrido, en caso de estimarlo procedente, dictará una resolución en la que revocará su determinación. Tal recurso, debe interponerse ante la autoridad que emitió el auto reclamado, por conducto de las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, entre otros, y debe ser presentado (en el caso aplicable), al día siguiente de la notificación que se realice a la parte inconforme, junto con los agravios relativos. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes por el término de tres días y se dictará la resolución correspondiente. Entonces, se afirma que en contra del auto reclamado, que contiene las determinaciones que el quejoso combate, procedía el recurso de revocación, ya que se trata de un acuerdo que no es recurrible a través del recurso de apelación, pues no se está en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 484, Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, anteriormente citado, fue dictado fuera de audiencia y le fue notificado a través de lista, el doce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 80). Además, conforme al tercer párrafo del artículo 294 del Código Civil del Estado de Chihuahua, en relación con los diversos 226 y 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, el quejoso también estuvo en aptitud de promover un incidente de reducción de la pensión alimenticia que la autoridad responsable ordenó, a efecto de que fuera modificada. Asimismo, se precisa que respecto de la orden de pensión alimenticia indicada, orden de restricción y la suspensión de las visitas y convivencias con sus menores hijos, dichas medidas de protección son revisables al momento de celebrarse la audiencia preliminar, ello de conformidad con el artículo 7, inciso A), fracciones II, III y V, inciso B), fracción VIII y penúltimo párrafo de dicho numeral, así como 217, fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Familiares, por lo que, el quejoso aún está en condiciones de aportar las pruebas que estime necesarias, a fin de modificar dichas medidas. Por lo tanto, el promovente del amparo, debió, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los medios que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua y el Código Civil del Estado de Chihuahua, prevé, pues los mismos eran los idóneos para modificar o revocar los actos que aquí reclama. Además, se precisa que el quejoso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a) el acto reclamado no es ninguno de prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) no se reclaman órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, c) no es persona extraña al procedimiento, pues al promover la demanda que dio origen al juicio natural, no cabe duda que está integrada a la relación jurídico procesal, máxime que las medidas provisionales que reclamó fueron dictadas en razón de la contestación que dio la parte demandada, d) no se trata de un auto de vinculación a proceso y e) la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En tales condiciones, no cabe duda que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V, de la propia Ley. Así pues, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es, conforme al numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte tercero interesada de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve que a la letra dice: promovido por *******, en contra de la Secretaria Judicial del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El tres de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado el mismo día. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: 3. AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORA: Licenciada *******, Secretaria Judicial del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley. AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORA: Licenciada *******, Secretaria Judicial del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana. AUTORIDADES RESPONSABLES COMO EJECUTORA: El Ministro Ejecutor y Oficial Notificador del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Galeana. 4. ACTOS RECLAMADOS: De las ordenadoras reclamo la determinación del auto de fecha once de septiembre del presente año, de donde se desprende que otorgan a favor de los menores de iniciales [******* y *******] por conducto de su madre la señora [*******], la cantidad semanal consistente en $******* por concepto de pensión alimenticia. Asimismo reclamo de dichas responsables la orden de restricción sobre mi persona y que se desprende del mencionado auto en cuanto a que me abstenga de ocasionar actos de molestia en contra de mis menores hijos y por ende reclamo la suspensión provisional del derecho de visita y convivencia del suscrito para con mis menores hijos de iniciales [******* y *******]. De la ejecutora reclamo el requerimiento de pago inmediato de la pensión decretada en el auto señalado de fecha once de septiembre del presente año SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estima violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 123, fracción VI, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, los dispositivos 6 y 7 de la Convención Interamericana Sobre Obligaciones Alimentarias. También, los numerales 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Al igual, los arábigos 27, numeral 2 y 4 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 608/2018-IV, y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tienen efectos materiales dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el promovente del amparo reclama lo siguiente: a) De la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley y la Secretaria Judicial, ambas del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (denominaciones correctas), el auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente *******, mediante el cual se ordenó: 1. Que el quejoso entregue la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales, en razón del pago de alimentos a favor de sus menores hijos de iniciales ******* y *******, por conducto de su madre, *******. 2. La restricción de que el quejoso se acerque a sus menores hijos de iniciales ******* y *******, tanto en el domicilio particular o en cualquier lugar en el que se encuentren a una redonda de quinientos metros. 3. La suspensión provisional de las visitas y convivencias de los menores ******* y ******* con el quejoso, en razón de la orden de restricción decretada. Lo anterior, en atención a que aparentemente existe violencia familiar perpetrada por parte del aquí quejoso. b) Del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (denominación correcta): - La ejecución del auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, consistente en el requerimiento de pago inmediato de la pensión alimenticia. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en este considerando, y sobre ellos se procederá a realizar el estudio correspondiente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, la Secretaria Judicial del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (fojas 106 a 108), aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos. No obstante lo anterior, su aceptación se desvirtúa, ello en razón de que si bien de las constancias que anexó a su informe con justificación se desprende la existencia del auto reclamado dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, en el Juicio Ordinario Familiar *******, también se colige que dicha autoridad no ordenó los actos que el quejoso combate, sino que, únicamente dio fe del acuerdo que en ese momento se emitió (fojas 153 a 155). Por lo que, en razón de que el quejoso no aportó prueba alguna que desvirtuara la inexistencia del acto que reclamó, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes con justificación, la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, ambos del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (fojas 32 a 34 y 181 a 183), aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen como ciertos los mismos. Además, dicha certeza deriva no únicamente del hecho de que así lo hayan aceptado las responsables, sino que de los autos del Juicio Ordinario Familiar *******, del índice de esa autoridad, se desprende, entre otras cosas, que efectivamente el once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 78 a 80), la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, ordenó: 1. Que el quejoso entregara la cantidad de $******* semanales, en razón del pago de alimentos a favor de sus menores hijos de iniciales ******* y *******, por conducto de su madre, *******. 2. La restricción de que el quejoso se acercara a sus menores hijos de iniciales ******* y *******, tanto en el domicilio particular o en cualquier lugar en el que se encuentren a una redonda de quinientos metros. 3. La suspensión provisional de las visitas y convivencias de los menores ******* y ******* con el quejoso, en razón de la orden de restricción decretada. Y, del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galena, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (denominación correcta): - La ejecución del auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, consistente en el requerimiento de pago inmediato de la pensión alimenticia. Asimismo, se desprende que en tal acuerdo se turnaron los autos al Ministro Ejecutor, a efecto de que le requiriera al aquí quejoso el pago inmediato de la pensión provisional decretada, apercibiéndolo de que en caso de no acatar lo ordenado, se le impondría una multa de cien veces el salario mínimo, de modo que la ejecución del mismo es inminente. A las documentales relacionadas con anterioridad, se les reconoce pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria Judicial del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana. En tales condiciones, como se indicó previamente, debe reputarse cierta la existencia de los actos atribuidos a tales autoridades. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto QUINTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como se estableció en el considerando segundo, el quejoso reclama de la Secretaria Judicial Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, el auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, en el que ordenó: 1. Que entregara la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales, en razón del pago de alimentos a favor de sus menores hijos de iniciales ******* y *******, por conducto de su madre, *******. 2. La restricción de que se acercara a sus menores hijos de iniciales ******* y *******, tanto en el domicilio particular o en cualquier lugar en el que se encuentren a una redonda de quinientos metros. 3. La suspensión provisional de las visitas y convivencias con sus menores hijos de iniciales ******* y *******, en razón de la orden de restricción decretada. Y, del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galena, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: - La ejecución del auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, consistente en el requerimiento de pago inmediato de la pensión alimenticia Pues bien, respecto de tales actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Precepto conforme al cual, cuando se reclamen actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, respecto de los cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, debe promover tales medios de defensa, lo que se conoce como el principio de definitividad. Exceptuándose de lo anterior, los supuestos consistentes en: a) cuando se reclame alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) cuando se reclamen órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, c) cuando el quejoso sea persona extraña al procedimiento, d) cuando se reclame un auto de vinculación a proceso y e) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundameno legal sea insuficiente para determinarla. Para la actualización de la citada causal de improcedencia, se procede, en primer lugar, a relatar los antecedentes del acto reclamado: De las constancias que remitieron las autoridades responsables, previamente valoradas, se desprende que el tres de julio de dos mil dieciocho (foja 35-bis), el quejoso *******, demandó de la aquí tercero interesada *******, el reconocimiento y terminación del concubinato que existió entre ellos, así como el pago de gastos y costas que se originaran con motivo de la tramitación del juicio relativo. Luego, la Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en proveído de cuatro de julio del año en comento (foja 45), admitió a trámite la demanda descrita y ordenó el emplazamiento de *******. Así, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 62), la demandada dio contestación a las prestaciones que el actor (aquí quejoso) le reclamó; solicitó medidas de protección, en razón de que adujo que *******, perpetraba violencia en contra de ella y de sus menores hijos; también, solicitó pensión alimenticia provisional de $*******, semanales, en su favor, así como de sus menores hijos; y, el embargo precautorio del cincuenta por ciento de la cantidad resultante de las cuentas bancarias de ahorro e inversión del aquí quejoso. Además, en el mencionado escrito, promovió reconvención en contra de *******, a quien le reclamó la liquidación de los bienes y derechos adquiridos por el trabajo común como concubina de aquél, el pago de una pensión alimenticia definitiva, en beneficio de ella y de los menores de edad de iniciales ******* y ******* y la autorización para que realizara trámites nacionales y extranjeros en beneficio de sus hijos. Al respecto, la Secretaria Judicial Encargada del Despacho responsable, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 73), recibió la contestación y reconvención de *******, sin embargo, al no pronunciarse sobre las medidas provisionales que le solicitó ésta, mediante escrito del 31 de agosto del año en comento (foja 77), la autorizada de la aquí tercero interesada, lo solicitó de nueva cuenta. En relación con lo anterior, la Secretaria Judicial Encargada del Despacho responsable, emitió un proveído el once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 78), el cual, en lo que aquí interesa, dice lo siguiente: <Acordado de conformidad parcialmente> NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, A ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el escrito recibido a las diez horas con doce minutos del día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, presentado por la Licenciada [*******], promoviendo con la personalidad que tiene acreditada en el expediente y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Familiares del Estado y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derecho de Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Tribunal se encuentra obligado a proteger y pronunciarse respecto a los derechos de los mismos en aras de su interés superior, ello en los términos de la solicitud realizada por la parte demandada [*******], a través del escrito de contestación a la demanda mismo que fuera recibido en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, y en base a las facultades concedidas a este Tribunal por el artículo 5 y 6 fracción IV del Código de Procedimientos Familiares y a fin de regularizar el procedimiento, este Tribunal, provee respecto a las mismas y emite las siguientes medidas de protección: (.) PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL En lo tocante a la pensión alimenticia que peticiona, a favor de los menores de iniciales [******* y *******], ha lugar a decretar esta, cuenta habida de que dichos menores son hijos de la parte actora, tal y como se advierte de las certificaciones de las partidas de su nacimiento y por eso se actualiza la correlativa obligación del reo de satisfacerla. Máxime que a la fecha, los destinatarios de la pensión son menores de edad, lo que permite presumir que se encuentran incapacitados natural y legalmente para satisfacer sus propias necesidades de subsistencia. En virtud de lo anterior, existen bases suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho para otorgar la medida y su urgencia y por ende, con fundamento en los artículos 280, 288 y 294 del Código Civil del Estado de Chihuahua en relación al 35 del Código de Procedimientos Familiares es procedente fijar la pensión alimenticia provisional solicitada, pues la satisfacción de las necesidades de alimentos no puede ser aplazada ni demorada, ya que el retardo del cumplimiento del mencionado deber pone en riesgo la subsistencia de los acreedores alimentarios. Así también cabe poner en relieve que, aunque no está claramente demostrado a cuánto asciende el momento total que se requiere para cubrir las necesidades de los menores en comento, más sin embargo de los hechos narrados por las partes, tanto en el escrito inicial de demanda como de contestación, se colige la cantidad aproximada de los gastos de los servicios de la casa habitación donde ahora permanecen tanto los menores hijos como la madre de estos, por lo que a fin de no dejar en un estado de vulnerabilidad a los menores y a la presunción del estilo de vida al que están acostumbrados los mismos, y si bien no aparece constancia fehaciente en relación a la capacidad económica del deudor alimentista, pero si la presunción legal de que este tiene la posibilidad de ministrar alimentos a sus menores hijos ya que se trata de una persona mayor de edad con la posibilidad de auto determinarse tanto en lo personal como en lo económico puesto que cuenta con la capacidad legal para ello, por lo que, en consecuencia se decreta como pensión alimenticia provisional a cargo de la parte actora [*******] a favor de los menores hijos de iniciales [******* y *******], por conducto de su madre la señora [*******], la cantidad semanal consistente en $******* mismos que deberá consignar ante este Tribunal los días viernes de cada semana, hasta en tanto no haya otra orden judicial consecuentemente, túrnense los autos al Ministro Ejecutor que corresponda a fin de que requiera a la parte actora [*******] el pago inmediato de la pensión provisional decretada, apercibido que de no acatar lo ordenado, se aplicará una multa de cien veces el salario mínimo, de conformidad con la fracción II del artículo 96 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. (.) ORDEN DE RESTRICCIÓN Por otra parte y dado que de lo narrado por la demandada a través del escrito de contestación a la demanda, se desprende la probable existencia de violencia familiar, luego, a fin de prevenir violencia familiar, con fundamento en el artículo 7, inciso A) fracciones II y III del Código de Procedimientos Familiares, se ordena requerir e intimar de forma inmediata y urgente a [*******], en su domicilio ubicado en [******* y/o ******* AMBOS DE ESTA CIUDAD, a fin de que se abstenga de ocasionar actos de molestia por sí o por persona alguna, en contra de [*******], y así como a sus menores hijos de iniciales [******* y *******], tanto en el domicilio particular de la antes citada o en cualquier lugar en donde se encuentre a una redonda de quinientos metros, así como de intimidar o molestar a la víctima y a cualquier integrante de la familia, por cualquier medio y en su entorno social, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado se procederá en su contra en lo que hubiere lugar, para lo cual se ordena por conducto del Ministro Ejecutor y Oficial Notificador correspondiente, en el lugar en que se encuentre y habilitándose días y horas hábiles, ello en atención a la urgencia de la medida y en aras de la economía procesal, en términos del artículo 47 del Código de Procedimientos Familiares. En la inteligencia de que este acuerdo tiene la naturaleza de una orden de protección (.) (.) RÉGIMEN DE VISITA Y CONVIVENCIA PROVISIONAL Respecto a las VISITAS Y CONVIVENCIAS, de los menores de iniciales [******* y *******], se suspenden provisionalmente las mismas, dadas las medidas de protección decretadas. (.) Pues bien, en contra de los actos descritos, procedía el recurso de revocación, previsto en los artículos 473, fracción I, 475, 479, párrafo primero, 481 y 482, todos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, que disponen lo siguiente: ARTÍCULO 473. Este código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación; y, (.) ARTÍCULO 475. Pueden interponer recursos: I. Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, aunque el poder con que gestione no tenga la cláusula especial para ello. II. Las o los terceros que hayan salido al juicio. III. El ministerio público y la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, cuando así lo establezca la Ley. IV. Las demás personas a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesadas. ARTÍCULO 479. Los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juzgado que los haya dictado. (.) ARTÍCULO 481. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días, y transcurridos estos el juez o jueza debe resolver dentro del tercer día lo que corresponda. ARTÍCULO 482. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. Conforme a tales normas, dicho recurso es procedente contra los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, conforme al diverso numeral 484 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, el cual consiste en que el propio juzgado que haya dictado los actos reclamados, al examinar de nueva cuenta el auto recurrido, en caso de estimarlo procedente, dictará una resolución en la que revocará su determinación. Tal recurso, debe interponerse ante la autoridad que emitió el auto reclamado, por conducto de las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, entre otros, y debe ser presentado (en el caso aplicable), al día siguiente de la notificación que se realice a la parte inconforme, junto con los agravios relativos. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes por el término de tres días y se dictará la resolución correspondiente. Entonces, se afirma que en contra del auto reclamado, que contiene las determinaciones que el quejoso combate, procedía el recurso de revocación, ya que se trata de un acuerdo que no es recurrible a través del recurso de apelación, pues no se está en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 484, Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, anteriormente citado, fue dictado fuera de audiencia y le fue notificado a través de lista, el doce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 80). Además, conforme al tercer párrafo del artículo 294 del Código Civil del Estado de Chihuahua, en relación con los diversos 226 y 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, el quejoso también estuvo en aptitud de promover un incidente de reducción de la pensión alimenticia que la autoridad responsable ordenó, a efecto de que fuera modificada. Asimismo, se precisa que respecto de la orden de pensión alimenticia indicada, orden de restricción y la suspensión de las visitas y convivencias con sus menores hijos, dichas medidas de protección son revisables al momento de celebrarse la audiencia preliminar, ello de conformidad con el artículo 7, inciso A), fracciones II, III y V, inciso B), fracción VIII y penúltimo párrafo de dicho numeral, así como 217, fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Familiares, por lo que, el quejoso aún está en condiciones de aportar las pruebas que estime necesarias, a fin de modificar dichas medidas. Por lo tanto, el promovente del amparo, debió, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los medios que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua y el Código Civil del Estado de Chihuahua, prevé, pues los mismos eran los idóneos para modificar o revocar los actos que aquí reclama. Además, se precisa que el quejoso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a) el acto reclamado no es ninguno de prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) no se reclaman órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, c) no es persona extraña al procedimiento, pues al promover la demanda que dio origen al juicio natural, no cabe duda que está integrada a la relación jurídico procesal, máxime que las medidas provisionales que reclamó fueron dictadas en razón de la contestación que dio la parte demandada, d) no se trata de un auto de vinculación a proceso y e) la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En tales condiciones, no cabe duda que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V, de la propia Ley. Así pues, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es, conforme al numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio remitido por la Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Chihuahua, capital, mediante el cual informa que se designó a la licenciada *******************, como representante especial de los menores de edad con iniciales ******. y ******. No obstante lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el trece de los actuales, se tuvo por recibida dicha información. Ahora, vista la comparecencia de cuenta, se tiene a la licenciada *****************, Asesora Jurídica Federal, protestando y aceptando el encargo de representante especial de los menores de edad con iniciales ****. y ****., en el presente juicio de amparo, en los términos del auto dictado el siete de diciembre del año que transcurre, por lo que las notificaciones subsecuentes a aquellos, deberán practicarse con dicha profesionista en el domicilio oficial ampliamente conocido. Lo previo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 y 24 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
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