Héctor Alfonso Blanco Carlon
Expediente 152/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Alfonso Blanco Carlon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre por medio del cual solicita que se le remitan los billetes de depósito ******* y ******* exhibidos por el quejoso en este incidente de suspensión, a fin de estar en posibilidad de devolvérselos, como lo solicitó *******, en el incidente de suspensión 783/2019-VIII del índice de ese órgano jurisdiccional. En atención a ello, remítasele el billete de depósito ******* expedido por el Banco Nacional y Servicios Financieros que ampara la cantidad de *******, exhibido por el quejoso para garantizar la suspensión definitiva otorgada en resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve. Respecto al diverso billete de depósito ******* expedido por el Banco Nacional y Servicios Financieros que ampara la cantidad de *******, existe imposibilidad para remitirlo en virtud de que en el proveído de once de marzo del año en curso se dejó a disposición de la parte quejosa, dado que no correspondía el nombre del quejoso con el asentado en su demanda de amparo y el trece de marzo siguiente se presentó en este órgano jurisdiccional el autorizado del quejoso en términos amplios, *******, quien lo recibió de conformidad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esa ciudad, informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *******. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Primero de lo Civil por audiencias del distrito judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Se ordena que el anexo consistente en la copia certificada del exhorto ******* del índice del juez oficiante obre en un anexo para una mejor consulta. Luego, este juzgador acuerda: La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, pues de acuerdo con el principio de debido proceso legal previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe está obligado a cumplir de manera sistemática, ordenada y progresiva, las reglas que las normas procedimentales respectivas señalan para garantizar la resolución de las controversias judiciales, pues continuar con un procedimiento en el que se carece de competencia violentaría el derecho establecido en el numeral 17 de la Carta Magna. Conviene citar la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Ley de Amparo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Así, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo; en caso de que se comenzara a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones y en caso de que el acto no sea de los que conllevan a una ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con registro 2005068, publicada en la página 1107, Décima Época, libro 1, tomo II, diciembre de 2013, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LOS AUTOS NO EXISTE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DETERMINAR EL LUGAR EN QUE TENDRÁ EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. En este sentido, dicho ordenamiento dispone que la competencia se surte de acuerdo con las reglas siguientes: a) A favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, resulta manifiesta la intención de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, de ahí que cuando las constancias que obran en autos no aporten información suficiente para determinar el lugar en que tendrán ejecución los actos reclamados, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponda al Juez ante quien se presentó la demanda respectiva, pues es dable presumir que el quejoso opta por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir, lo que es congruente con el aludido cambio normativo introducido en la Ley de Amparo vigente en materia de competencia. Sobre el caso particular, resulta que la parte quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, el despojo del bien inmueble consistente en un terreno urbano, ubicado en la calle *******, situado dentro del Parque Industrial Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, únicamente respecto de doscientos metros cuadrados de los que él tiene la posesión. Pues estableció como actos reclamados: [.] Por otra parte, el quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: [.] Según se desprende de la Documental Pública que exhibo, el firmante soy Cesionario de los Derechos de Posesión del inmueble ubicado dentro del terreno con una superficie total de ******* m2, ubicado en la calle ******* situado dentro del Parque Industrial Chihuahua. Y que es el mismo bien inmueble dentro del cual tengo la posesión de buena fe de ******* metros cuadrados para estacionar cajas de remolque (cajas de transporte o tráiler) esta posesión que tengo es física y legal ya que con fecha 14 de octubre del 2018 celebre contrato de cesión de derechos de posesión de inmueble, con la sociedad denominada ******* mismo contrato que se ratificó ante la fe de la Notaria Pública número ******* Licenciada *******. En el referido contrato soy el "*******" y *******. es la "*******" de ******* metros cuadrados ubicados dentro del terreno con una superficie total de ******* m2, ubicado en la calle ******* situado dentro del Parque Industrial Chihuahua en la Ciudad de Chihuahua. Habiéndose pactado que estos ******* metros, serían utilizados por mi parte conforme a las necesidades de ambas partes, pero siempre dentro del terreno con una superficie total de ******* m2, ubicado en la calle ******* situado dentro del Parque Industrial Chihuahua. Resaltando que en el contrato de cesión de derechos de posesión ******* declara que tiene la posesión desde enero de 1999. El suscrito soy ajeno al juicio ******* de donde emana el acto reclamado, ya que no existe una relación jurídica procesal para con las partes en tal procedimiento judicial, habida cuenta de que no me encuentra legitimado ni activa ni pasivamente por lo que en el caso concreto soy un tercero extraño al que se le pretende violar sus derechos de posesión, ya que al no ser actor ni demandado en el Juicio en comento y existir un acuerdo por medio del cual se ordena poner en posesión a la tercera interesada. [.] Esta transcripción revela que el quejoso indicó que el predio que se pretende despojar se encuentra ubicado en la calle *******, situado dentro del Parque Industrial Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Por su parte, el Juez Primero de lo Civil por audiencias del distrito judicial Morelos en su informe justificado aduce que es cierto el acto que se le reclama consistente en la ejecución de la orden de desposesión dado que el cuatro de marzo pasado recibió el oficio ******* remitido por el Juez Tercero de lo Civil el distrito judicial Bravos al que anexó el exhorto ******* derivado del juicio ejecutivo mercantil ******* de su índice. Asimismo, señaló que el diecinueve de marzo pasado recibió el oficio ******* del Juzgado Primer de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esa ciudad, en el que se le informó que el aquí quejoso promovió el juicio de amparo ******** en contra del Juez Primero de lo Civil por audiencias del distrito judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua y otras autoridades a quienes reclamó la orden de desposesión del inmueble materia de este juicio de amparo. Es por lo anterior, que resulta que la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la ciudad de Chihuahua, pues es el lugar donde tendrá ejecución el despojo decretado y donde residen dos de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras. En efecto, el acto reclamado habrá de ejecutarse en la ciudad de Chihuahua; por lo cual, debe atenderse en principio al lugar donde deberá tener ejecución, para determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En esta tesitura, la competencia para conocer del presente juicio de amparo no corresponde a este juzgado, puesto que de acuerdo a lo antes transcrito, el lugar en el que el acto reclamado será ejecutado es el inmueble materia del contrato de cesión de derechos de posesión, el cual está sujeto a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; por ende, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, se declara carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable al caso, por el contenido que informa la tesis visible en la página 2288, tomo XXXIII, marzo de 2011, con registro 162635, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, que indica: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Conclusión que resulta acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el solicitante del amparo, para ocurrir al Juzgado del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, situando a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Es de aplicación, la tesis publicada en la página setecientos diecinueve, segunda parte de la compilación 1917-1988 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son los siguientes: COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indicada responsable resida en territorio de otro juez de distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco se opone a la Ley de Amparo en vigor, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página ochenta y ocho, con el rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Dado que la ejecución de la orden de desposesión reclamada tendrá ejecución en la Ciudad de Chihuahua en la que se encuentra el bien inmueble materia de este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, en sus numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, numeral 3; y Cuarto, fracción II, segundo párrafo; este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente, los anexos I, II, III y IV formados con motivo de los informes justificados del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial Bravos y Juez Primero de lo Civil por audiencias del distrito judicial Morelos y el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, en Turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juez de Distrito al que se declina competencia, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 152/2019-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de febrero del año en curso, *******, solicitó la protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados a las responsables, Juez Tercero Civil del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, Juez Civil en turno del distrito judicial Morelos y Ministro Ejecutor adscrito al juzgado civil en turno del distrito judicial Morelos, ambos con residencia en la ciudad de Chihuahua, a quienes reclamó la orden de desposesión, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de veintiocho de febrero del año en curso, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se difirió respecto de las autoridades residentes en la ciudad de Chihuahua y se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, del distrito judicial Morelos, al rendir su informe previo negó el acto que le reclamó el quejoso, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a acreditar la existencia de los mismos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó respecto de tal autoridad. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero de lo Civil por audiencias del distrito judicial Morelos, al rendir su informe previo aceptó la existencia de la ejecución de la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete dictada dentro del juicio ******* de su índice y de la orden de poner en posesión del terreno urbano ubicado en ******* en la ciudad de Chihuahua, con una superficie total de ******* m² a *******. CUARTO. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. En los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se establece la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el quejoso debe reunir, para que sea procedente la suspensión, los cuales son: a) la naturaleza de la violación alegada; b) que lo haya solicitado el agraviado; c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y d) análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El objetivo primordial de esa providencia, es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Ahora, para resolver sobre tal medida precautoria, debe examinarse si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Conforme a su naturaleza, es necesario que los actos reclamados sean suspendibles, pues de no serlo se debe negar la medida cautelar, pues ésta no tiene efectos restitutorios o destructivos de los actos que con antelación a ella se hubiesen realizado, ya que por regla general opera sólo contra actos positivos, para impedir que se ejecuten o que generen sus consecuencias. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis propugnada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Octava Época, consultable en la página 312, Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 216236, del texto siguiente: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Asimismo, debe acreditarse que se es agraviado y que de no concederse la suspensión solicitada, se afectarían sus derechos, y demostrar aún de manera indiciaria ser titular del derecho que se invoca violentado. De manera indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, al realizar una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado. Al respecto, el quejoso ofertó como prueba copia certificada por el Titular de la Notaria Pública número *******, del contrato de cesión de derechos de posesión de inmueble, celebrado ******* y *******. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. De manera que, al documento público ofertado por el quejoso, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º. Así, a juicio de quien esto resuelve, dicha prueba se considera eficaz para acreditar indiciariamente que la ejecución de la orden de desposesión decretada por el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, afecta su derecho de posesión, de manera que, se acredita que el quejoso es agraviado y con ello su interés para la medida de suspensión. En ese orden, con fundamento en el artículo 128 de legislación de la materia, y debido a que la medida cautelar solicitada por el quejoso respecto de la ejecución de la orden de despojarlo del bien inmueble cuya posesión ostenta no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público se concede la suspensión definitiva, por cuanto hace a la ejecución de la orden de privar de la posesión del bien inmueble (terreno urbano) ubicado en ******* en la ciudad de Chihuahua, únicamente en lo que respecta a los doscientos metros de los que dice es poseedor, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se le prive o moleste en su posesión, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Cabe precisar que en virtud de que el quejoso refirió que de conformidad con el contrato de cesión de derechos posesorios que anexó a la demanda de amparo, "esos 200 metros serían utilizados por mi parte conforme a las necesidades de ambas partes, pero siempre dentro del terreno.", y que en el citado contrato se estableció en la cláusula 6 que los referidos doscientos metros cuadrados "serán ubicados conforme a las necesidades de ambas partes, pero siempre del del (sic) inmueble consistente en terreno urbano ubicado ******* en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con una superficie total de ******* m2", pero sin especificar cuáles son los ******* metros que posee, dato que se estima necesario para precisar respecto de cuál superficie no podrán ejecutarse los actos reclamados y no se afecten los derechos de las partes, se infiere que tal superficie es la que se asentó en el plano ilustrativo que obra anexo al referido contrato (que el propio quejoso exhibió al presentar la demanda de amparo y, por tanto, lo acepta como válido), ubicado en la esquina de las calles ******* y *******, con las siguientes medidas: del punto cero al uno: o LC=15.71 m o C=14.14 m o R=10.00 M o ?= 90°00'00 ? del punto uno al dos 5.00 metros, del punto dos al tres 14.80 metros, del punto tres al cuatro 15.00 metros y, del punto cuatro al cero 4.80 metros. Tal como se evidencia en el referido plano, donde se aprecia la imagen siguiente: Por tanto, son únicamente esos doscientos metros, precisados en el referido plano, respecto de los cuales se concede la suspensión definitiva. Ahora, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe garantía por la cantidad de $*******, la que se fija en discreción, de conformidad con el numeral 132 de la ley de la materia. Garantía que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, en un plazo de cinco días contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 136 de la legislación en cita, en el entendido que de no exhibirla se procederá en términos del segundo párrafo del mencionado numeral. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada al quejoso" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 152/2019-I-2; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". La presente suspensión surte efectos, siempre y cuando a la fecha no se hubieran realizado los actos reclamados, de lo contrario se le estaría dando efectos restitutorios los que sólo son propios de la sentencia que se pronuncia en el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE PRIMERO. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridad precisados en el considerando tercero para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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