Hebert Angel Martínez Ledesma

Expediente 1009/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1009/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Hebert Angel Martínez Ledesma

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta asesor jurídico de los quejosos ********************contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Por tanto, se procede a proveer en relación con la demanda que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez responsable, en concreto, la determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expedientillo 61/2022, en la que se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiocho de abril anterior, en el que no otorgó una prórroga de sesenta días a la autoridad ministerial para el cierre de la investigación complementaria. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mismo que se encuentra relacionado con el diverso numeral 107, fracción V, de la citada legislación, que indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En ese sentido, debe destacarse que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que es posible sostener la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene dicha improcedencia. Por su parte, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia indica que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia J.43 29/898 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo que sigue: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En ese contexto, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva que no lesionara derechos sustantivos. Sin embargo, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, precisa cuáles son los actos de imposible reparación, al establecer que por los mismos son aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En tales condiciones, puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior". Sobre esa base, cabe precisar que conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en diversas etapas, cada una de las cuales con una función específica, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que solo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. La primera etapa es la de investigación (regulada en los artículos 212 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales), la cual se compone de dos fases: investigación inicial e investigación complementaria. La inicial se centra de manera primordial en la indagación que el Ministerio Público realiza con el auxilio de la policía y de los peritos, para efecto de determinar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión, basándose en los diversos actos de investigación con los que cuenta la autoridad ministerial, previstos por la propia normativa. La complementaria (prevista por los artículos 307 a 333 del ordenamiento adjetivo de aplicación nacional), comprende desde el comienzo de la audiencia inicial y hasta que sea cerrado el plazo de investigación. Al respecto, el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que previo a finalizar la audiencia inicial, el Juez de Control debe establecer el plazo para el cierre de la investigación complementaria, con base en las propuestas de las partes, el cual no podrá ser mayor a dos meses tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excede de ese tiempo. Transcurrido dicho plazo, o en su caso, antes de su vencimiento, el Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria, salvo que el imputado, la víctima y ofendido o el propio representante social soliciten, de manera justificada, prórroga del mismo antes de la terminación del plazo, pero siempre bajo estricta observancia de los límites máximos mencionados en el párrafo anterior. En ese tenor, en la fase de investigación complementaria, las partes pueden recabar medios de prueba únicamente con el fin de investigar; el Ministerio Público debe reunir las pruebas que estime necesarias para perfeccionar su teoría del caso; mientras que en la misma, el imputado y la víctima u ofendido pueden ofrecer sus propios medios de convicción que abonen para reforzar sus respectivas posturas. La posibilidad del imputado para recabar por sí mismo medios de prueba, por regla general, resulta una prerrogativa que no está sujeta a control judicial; es decir, que puede allegarse de tales medios en esa misma línea de investigación, salvo cuando surja controversia o requiera de tal control para recabarlos. Sin embargo, dichas partes procesales deberán sujetarse al plazo que al efecto haya determinado el Juez de Control (basado en sus diversas peticiones). Como excepción, en caso de que exista algún motivo justificado por el cual alguna de las partes (Ministerio Público, imputado, víctima u ofendido) requiera la ampliación de ese plazo, podrá prorrogarse siempre y cuando el tiempo por el que se haga, esté dentro del previsto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la duración de la investigación complementaria. Temporalidades que, desde luego, guardan correspondencia con lo establecido por la fracción VII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el imputado sea juzgado; esto es, cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. Conforme a lo anterior, resulta claro que el establecimiento de esa excepcionalidad atiende a la lógica de evitar que el periodo de investigación complementaria se alargue indefinidamente mediante el uso indebido y no justificado del derecho de prorroga en mención, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Carta Magna. Ahora bien, de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fase de investigación complementaria se agota una vez que se haya cerrado la investigación; mientras que la etapa intermedia o de preparación a juicio, inicia con la formulación de la acusación (tal cual lo señala la fracción II del mencionado precepto legal). Conforme al numeral 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que las partes estimen conducentes, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Específicamente, el imputado deberá efectuar dicha actividad probatoria dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, mediante escrito dirigido al Juez de Control (fracción II del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anteriormente expuesto, hace patente que la fase de investigación complementaria, no sea factible alargarla indefinidamente mediante el uso indebido y no justificado del derecho de prórroga en mención, tampoco se estima que sea el momento procesal oportuno para el ofrecimiento y admisión de pruebas, ya que en ese estadio procesal aún resulta incierto si el Ministerio Público formulará la acusación que dé pauta a la continuación de las posteriores etapas del procedimiento. Precisado lo anterior, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte aquí quejosa, se duele de la determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expedientillo 61/2022, en la que se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiocho de abril anterior, en el que no otorgó una prórroga de sesenta días a la autoridad ministerial para el cierre de la investigación complementaria. Aduciendo, como motivos de agravio, en principio, que no se le otorgó garantía de audiencia previo al otorgamiento de dicha prórroga; y, seguidamente, que la integración de la carpeta de investigación natural se ha dilatado, con notorio perjuicio hacia las víctimas del delito, aunado a que inicialmente se otorgó cinco días para que la autoridad ministerial informara sobre las diligencias practicadas y las pendientes de verificar, para luego conceder una prórroga de investigación por sesenta días, lo que revela que el Juez responsable no hizo valer su mandato primigenio. En ese contexto, resulta notorio que la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez responsable en el expedientillo 61/2022, a través de la cual, otorgó la prórroga de investigación complementaria a la autoridad ministerial, no se traduce en un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no afecta materialmente la prerrogativa constitucional de defensa, pues conforme a lo que se expuso párrafos arriba, en la fase de investigación complementaria no tiene relevancia jurídica probar hecho alguno, o en su caso, someter a debate los medios de prueba que se aporten para su ponderación y/o desestimación, ya que dicha actividad probatoria es propia de diversa etapa procedimental. En consecuencia, por sí misma, la prórroga de la fase de investigación complementaria solamente ocasiona una dilación, en tanto que, una vez fenecido dicho plazo, en caso que el Ministerio Público presente acusación, quedará subsanado; siendo que, en caso contrario, contará con los medios de defensa a través de los cuales podrá revertir dicha decisión. De ahí que las posibles violaciones derivadas de la determinación reclamada sean subsanables, en principio, si la etapa de investigación resulta favorable a los intereses de la parte agraviada, hoy impetrante. En esa virtud, se estima que la resolución aquí impugnada no genera una afectación irreparable en perjuicio de la parte quejosa que amerite su análisis constitucional inmediato, ya que, únicamente, se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal y aún no repercute negativamente en su esfera jurídica. Esto, porque en caso que, una vez fenecido el plazo de la prórroga de la investigación, se determinara el ejercicio de la acción penal, dicho perjuicio adjetivo quedaría subsanado; y en caso de decretarse el no ejercicio de la acción, cuenta con los medios legales para combatir esa resolución. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, por las razones que la sustentan, a contrario sensu, la tesis XVII.2o.P.A.28 P (10a.)20, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del título y texto siguiente: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Igualmente a contrario sensu, tiene aplicación al caso, la tesis aislada XVII.1o.P.A.63 P (10a.)21, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del epígrafe y texto siguiente: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo." También resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, el criterio visible en la página 3502, del Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es de rubro y contenido siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." En efecto, se insiste, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la parte quejosa verá limitado el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer clara la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente. ".Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sustenta esta determinación, la jurisprudencia J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, junio de 1996, página 538, registro 202290, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio biinstancial." De ahí que si, como acontece en la especie, se reclama una determinación en la que se otorga la prórroga del plazo de investigación complementaria, ello no genera una afectación irreparable en perjuicio de la parte quejosa, ya que solamente se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal que aún no repercute negativamente en su esfera jurídica; aunado a que, como quedó visto, ello podría quedar sin efectos en caso de obtener un resultado favorable en la carpeta administrativa de origen. Es dable citar, en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del seis de mayo del año en curso, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia antes ponderada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora Federal, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En otra tesitura, tal como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como dirección de correo electrónico de la parte quejosa, el que señala en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto y solicitándosele el acuse de recibo por la misma vía. De la misma forma, se tiene como autorizada a la persona que se señala en el escrito inicial de demanda, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta asesor jurídico de los quejosos ********************contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Por tanto, se procede a proveer en relación con la demanda que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez responsable, en concreto, la determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expedientillo 61/2022, en la que se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiocho de abril anterior, en el que no otorgó una prórroga de sesenta días a la autoridad ministerial para el cierre de la investigación complementaria. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mismo que se encuentra relacionado con el diverso numeral 107, fracción V, de la citada legislación, que indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En ese sentido, debe destacarse que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que es posible sostener la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene dicha improcedencia. Por su parte, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia indica que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia J.43 29/898 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo que sigue: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En ese contexto, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva que no lesionara derechos sustantivos. Sin embargo, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, precisa cuáles son los actos de imposible reparación, al establecer que por los mismos son aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En tales condiciones, puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior". Sobre esa base, cabe precisar que conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en diversas etapas, cada una de las cuales con una función específica, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que solo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. La primera etapa es la de investigación (regulada en los artículos 212 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales), la cual se compone de dos fases: investigación inicial e investigación complementaria. La inicial se centra de manera primordial en la indagación que el Ministerio Público realiza con el auxilio de la policía y de los peritos, para efecto de determinar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión, basándose en los diversos actos de investigación con los que cuenta la autoridad ministerial, previstos por la propia normativa. La complementaria (prevista por los artículos 307 a 333 del ordenamiento adjetivo de aplicación nacional), comprende desde el comienzo de la audiencia inicial y hasta que sea cerrado el plazo de investigación. Al respecto, el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que previo a finalizar la audiencia inicial, el Juez de Control debe establecer el plazo para el cierre de la investigación complementaria, con base en las propuestas de las partes, el cual no podrá ser mayor a dos meses tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excede de ese tiempo. Transcurrido dicho plazo, o en su caso, antes de su vencimiento, el Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria, salvo que el imputado, la víctima y ofendido o el propio representante social soliciten, de manera justificada, prórroga del mismo antes de la terminación del plazo, pero siempre bajo estricta observancia de los límites máximos mencionados en el párrafo anterior. En ese tenor, en la fase de investigación complementaria, las partes pueden recabar medios de prueba únicamente con el fin de investigar; el Ministerio Público debe reunir las pruebas que estime necesarias para perfeccionar su teoría del caso; mientras que en la misma, el imputado y la víctima u ofendido pueden ofrecer sus propios medios de convicción que abonen para reforzar sus respectivas posturas. La posibilidad del imputado para recabar por sí mismo medios de prueba, por regla general, resulta una prerrogativa que no está sujeta a control judicial; es decir, que puede allegarse de tales medios en esa misma línea de investigación, salvo cuando surja controversia o requiera de tal control para recabarlos. Sin embargo, dichas partes procesales deberán sujetarse al plazo que al efecto haya determinado el Juez de Control (basado en sus diversas peticiones). Como excepción, en caso de que exista algún motivo justificado por el cual alguna de las partes (Ministerio Público, imputado, víctima u ofendido) requiera la ampliación de ese plazo, podrá prorrogarse siempre y cuando el tiempo por el que se haga, esté dentro del previsto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la duración de la investigación complementaria. Temporalidades que, desde luego, guardan correspondencia con lo establecido por la fracción VII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el imputado sea juzgado; esto es, cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. Conforme a lo anterior, resulta claro que el establecimiento de esa excepcionalidad atiende a la lógica de evitar que el periodo de investigación complementaria se alargue indefinidamente mediante el uso indebido y no justificado del derecho de prorroga en mención, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Carta Magna. Ahora bien, de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fase de investigación complementaria se agota una vez que se haya cerrado la investigación; mientras que la etapa intermedia o de preparación a juicio, inicia con la formulación de la acusación (tal cual lo señala la fracción II del mencionado precepto legal). Conforme al numeral 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que las partes estimen conducentes, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Específicamente, el imputado deberá efectuar dicha actividad probatoria dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, mediante escrito dirigido al Juez de Control (fracción II del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anteriormente expuesto, hace patente que la fase de investigación complementaria, no sea factible alargarla indefinidamente mediante el uso indebido y no justificado del derecho de prórroga en mención, tampoco se estima que sea el momento procesal oportuno para el ofrecimiento y admisión de pruebas, ya que en ese estadio procesal aún resulta incierto si el Ministerio Público formulará la acusación que dé pauta a la continuación de las posteriores etapas del procedimiento. Precisado lo anterior, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte aquí quejosa, se duele de la determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expedientillo 61/2022, en la que se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiocho de abril anterior, en el que no otorgó una prórroga de sesenta días a la autoridad ministerial para el cierre de la investigación complementaria. Aduciendo, como motivos de agravio, en principio, que no se le otorgó garantía de audiencia previo al otorgamiento de dicha prórroga; y, seguidamente, que la integración de la carpeta de investigación natural se ha dilatado, con notorio perjuicio hacia las víctimas del delito, aunado a que inicialmente se otorgó cinco días para que la autoridad ministerial informara sobre las diligencias practicadas y las pendientes de verificar, para luego conceder una prórroga de investigación por sesenta días, lo que revela que el Juez responsable no hizo valer su mandato primigenio. En ese contexto, resulta notorio que la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez responsable en el expedientillo 61/2022, a través de la cual, otorgó la prórroga de investigación complementaria a la autoridad ministerial, no se traduce en un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no afecta materialmente la prerrogativa constitucional de defensa, pues conforme a lo que se expuso párrafos arriba, en la fase de investigación complementaria no tiene relevancia jurídica probar hecho alguno, o en su caso, someter a debate los medios de prueba que se aporten para su ponderación y/o desestimación, ya que dicha actividad probatoria es propia de diversa etapa procedimental. En consecuencia, por sí misma, la prórroga de la fase de investigación complementaria solamente ocasiona una dilación, en tanto que, una vez fenecido dicho plazo, en caso que el Ministerio Público presente acusación, quedará subsanado; siendo que, en caso contrario, contará con los medios de defensa a través de los cuales podrá revertir dicha decisión. De ahí que las posibles violaciones derivadas de la determinación reclamada sean subsanables, en principio, si la etapa de investigación resulta favorable a los intereses de la parte agraviada, hoy impetrante. En esa virtud, se estima que la resolución aquí impugnada no genera una afectación irreparable en perjuicio de la parte quejosa que amerite su análisis constitucional inmediato, ya que, únicamente, se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal y aún no repercute negativamente en su esfera jurídica. Esto, porque en caso que, una vez fenecido el plazo de la prórroga de la investigación, se determinara el ejercicio de la acción penal, dicho perjuicio adjetivo quedaría subsanado; y en caso de decretarse el no ejercicio de la acción, cuenta con los medios legales para combatir esa resolución. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, por las razones que la sustentan, a contrario sensu, la tesis XVII.2o.P.A.28 P (10a.)20, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del título y texto siguiente: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Igualmente a contrario sensu, tiene aplicación al caso, la tesis aislada XVII.1o.P.A.63 P (10a.)21, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del epígrafe y texto siguiente: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo." También resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, el criterio visible en la página 3502, del Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es de rubro y contenido siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." En efecto, se insiste, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la parte quejosa verá limitado el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer clara la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente. ".Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sustenta esta determinación, la jurisprudencia J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, junio de 1996, página 538, registro 202290, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio biinstancial." De ahí que si, como acontece en la especie, se reclama una determinación en la que se otorga la prórroga del plazo de investigación complementaria, ello no genera una afectación irreparable en perjuicio de la parte quejosa, ya que solamente se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal que aún no repercute negativamente en su esfera jurídica; aunado a que, como quedó visto, ello podría quedar sin efectos en caso de obtener un resultado favorable en la carpeta administrativa de origen. Es dable citar, en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del seis de mayo del año en curso, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia antes ponderada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora Federal, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En otra tesitura, tal como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como dirección de correo electrónico de la parte quejosa, el que señala en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto y solicitándosele el acuse de recibo por la misma vía. De la misma forma, se tiene como autorizada a la persona que se señala en el escrito inicial de demanda, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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