Hassan Zaal Ramal
Expediente 722/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hassan Zaal Ramal
Actuaciones
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Encargado Provisional dela Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública; sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que con fecha veintiséis de junio del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
MESA II. Agréguese a los autos el oficio DFY/DEL/OF-947/2018, remitido por Encargado del Despacho de la Delegación Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, y anexo que acompañó, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintidós de junio del presente año e informa que el veintiuno de junio del año que transcurre, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pusieron a su disposición al aquí quejoso, así como que en esa propia fecha se emitió acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo Migratorio con el número EA/1S.9/YUCA/DF/SCVM/07/21-06-2018. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto, respecto de los actos reclamados, se actualizan sendas causas de improcedencia de manera manifiesta e indudable, lo que permite el sobreseimiento. Debe precisarse, en primer término que Jorge Valencia Palomo, promovió el presente juicio de amparo a favor de Hassan Zaal Rammal, en el que reclamó la incomunicación y detención ilegal de la que adujo haber sido objeto, y que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. Así, respecto de la incomunicación alegada, tanto el encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, como el encargado del despacho de la Delegación Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, al rendir los informes con motivo de la suspensión de plano concedida, negaron su existencia, por lo que procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por otra parte, respecto de la detención ilegal reclamada por el promovente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. El numeral invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias que el encargado del despacho de la Delegación Federal en Yucatán, del Instituto Nacional de Migración, adjuntó a su oficio de mérito, se advierte que el veintiuno de junio el año que transcurre, a las diecisiete horas con quince minutos, Rammal Hassan Zaal, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con motivo de un arresto administrativo; no obstante, a las dieciocho horas con veinte minutos de la propia fecha -veintiuno de junio del año en curso-, fue puesto a disposición de la autoridad migratoria, tal como consta en el oficio SSP/DJ/18105/2018. En la propia fecha, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el encargado del Despacho de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria, adscrito a la Delegación Local en Progreso, en el Estado de Yucatán, del Instituto Nacional de Migración, dictó el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Migratorio EA/1S.9/YUCA/DF/SCVM/07/21-06-2018, en virtud de la situación migratoria irregular del aquí quejoso. Las documentales citadas, gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior pone de manifiesto que cesaron los efectos del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, en virtud de que la detención con motivo de la cual se instó la acción constitucional, y que obedeció a un arresto administrativo, condujo a que posteriormente, el quejoso fuera puesto a disposición de la autoridad migratoria quien iniciara el procedimiento administrativo respectivo tendiente a regularizar su situación en el país. Esto es, la detención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de que fue objeto Rammal Hassan Zaal, cesó en sus efectos en el momento en que fue puesto a disposición ante la autoridad migratoria, pues su retención en el recinto migratorio ahora es con motivo del procedimiento administrativo respectivo. Ello, pues la naturaleza del acto inicialmente reclamado -detención ilegal- participa de una naturaleza distinta de la que tiene la afectación a su libertad con motivo de la instauración de un Procedimiento Administrativo Migratorio, lo que da lugar a un nuevo acto. En consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos de la detención reclamada, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por la solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. No obstante lo aquí resuelto, no se soslaya el deber de este Juzgador Federal de respetar y garantizar los derechos humanos de los gobernados, con independencia de su situación migratoria, tal como dispone el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Así, considerando que las personas en condición migratoria irregular enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo, debido a diversos factores que los ubican en un plano de desventaja respecto de quienes cuentan con la nacionalidad mexicana y, particularmente a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia del quejoso, se hace necesario precisar que aun ante la imposibilidad jurídica de analizar en el presente juicio la situación jurídica que ahora afecta su libertad, con motivo del referido Procedimiento Administrativo Migratorio, éste es dable de analizar en un diverso juicio de amparo que se promueva en su contra, de estimar que ello conviene a sus intereses. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA II. Agréguese a los autos el oficio DFY/DEL/OF-947/2018, remitido por Encargado del Despacho de la Delegación Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, y anexo que acompañó, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintidós de junio del presente año e informa que el veintiuno de junio del año que transcurre, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pusieron a su disposición al aquí quejoso, así como que en esa propia fecha se emitió acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo Migratorio con el número EA/1S.9/YUCA/DF/SCVM/07/21-06-2018. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto, respecto de los actos reclamados, se actualizan sendas causas de improcedencia de manera manifiesta e indudable, lo que permite el sobreseimiento. Debe precisarse, en primer término que Jorge Valencia Palomo, promovió el presente juicio de amparo a favor de Hassan Zaal Rammal, en el que reclamó la incomunicación y detención ilegal de la que adujo haber sido objeto, y que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. Así, respecto de la incomunicación alegada, tanto el encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, como el encargado del despacho de la Delegación Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, al rendir los informes con motivo de la suspensión de plano concedida, negaron su existencia, por lo que procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por otra parte, respecto de la detención ilegal reclamada por el promovente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. El numeral invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias que el encargado del despacho de la Delegación Federal en Yucatán, del Instituto Nacional de Migración, adjuntó a su oficio de mérito, se advierte que el veintiuno de junio el año que transcurre, a las diecisiete horas con quince minutos, Rammal Hassan Zaal, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con motivo de un arresto administrativo; no obstante, a las dieciocho horas con veinte minutos de la propia fecha -veintiuno de junio del año en curso-, fue puesto a disposición de la autoridad migratoria, tal como consta en el oficio SSP/DJ/18105/2018. En la propia fecha, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el encargado del Despacho de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria, adscrito a la Delegación Local en Progreso, en el Estado de Yucatán, del Instituto Nacional de Migración, dictó el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Migratorio EA/1S.9/YUCA/DF/SCVM/07/21-06-2018, en virtud de la situación migratoria irregular del aquí quejoso. Las documentales citadas, gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior pone de manifiesto que cesaron los efectos del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, en virtud de que la detención con motivo de la cual se instó la acción constitucional, y que obedeció a un arresto administrativo, condujo a que posteriormente, el quejoso fuera puesto a disposición de la autoridad migratoria quien iniciara el procedimiento administrativo respectivo tendiente a regularizar su situación en el país. Esto es, la detención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de que fue objeto Rammal Hassan Zaal, cesó en sus efectos en el momento en que fue puesto a disposición ante la autoridad migratoria, pues su retención en el recinto migratorio ahora es con motivo del procedimiento administrativo respectivo. Ello, pues la naturaleza del acto inicialmente reclamado -detención ilegal- participa de una naturaleza distinta de la que tiene la afectación a su libertad con motivo de la instauración de un Procedimiento Administrativo Migratorio, lo que da lugar a un nuevo acto. En consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos de la detención reclamada, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por la solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. No obstante lo aquí resuelto, no se soslaya el deber de este Juzgador Federal de respetar y garantizar los derechos humanos de los gobernados, con independencia de su situación migratoria, tal como dispone el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Así, considerando que las personas en condición migratoria irregular enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo, debido a diversos factores que los ubican en un plano de desventaja respecto de quienes cuentan con la nacionalidad mexicana y, particularmente a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia del quejoso, se hace necesario precisar que aun ante la imposibilidad jurídica de analizar en el presente juicio la situación jurídica que ahora afecta su libertad, con motivo del referido Procedimiento Administrativo Migratorio, éste es dable de analizar en un diverso juicio de amparo que se promueva en su contra, de estimar que ello conviene a sus intereses. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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