Heber Rufino Ramírez Pérez
Expediente 503/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Heber Rufino Ramírez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de junio de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiséis de mayo de dos mil quince (fojas 82 a 88), en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Heber Rufino Ramírez Pérez, transcurrió del veintinueve de mayo al doce de junio de dos mil quince, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó dos correctivos disciplinarios, ser castigado y sancionado, la suspensión de estímulos, la segregación, la intimidación y tortura psicológica, así como la suspensión de las pocas actividades que otorga el centro, terapias ocupacionales y laborales, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
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MESA V-B * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 503/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Escrito de demanda, autoridades responsables, actos reclamados y preceptos constitucionales que se estiman violados. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil quince, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad y en la misma fecha ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Heber Rufino Ramírez Pérez, por su propio derecho (fojas 2 a 5), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos descritos en su libelo de amparo. El peticionario del amparo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de trece de abril de dos mil quince (fojas 7 a 9), este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, al que correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la referida demanda de amparo, que se registró en el libro de gobierno con el número 503/2015 que le correspondió; dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Lo anterior, porque este juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza penal y el acto reclamado se ejecutó en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, esto es, dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que en el caso, lo que esencialmente reclama la parte quejosa del director general del Centro Federal de Readaptación Social, número 13 CPS-Oaxaca, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social, número 13 CPS-Oaxaca y coordinador de Centro Federales, con residencia en el Distrito Federal, consiste en dos correctivos disciplinarios, ser castigado y sancionado, la suspensión de estímulos, la segregación, la intimidación y tortura psicológica, así como la suspensión de las pocas actividades que otorga el centro, terapias ocupacionales y laborales. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Del contenido del informe justificado rendido por el director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", y coordinadora federal de Centros Federales, con residencia en el Distrito Federal, se advierte la inexistencia de los actos que les atribuye el quejoso consistentes en dos correctivos disciplinarios, ser castigado y sancionado, la suspensión de estímulos, la segregación, la intimidación y tortura psicológica, así como la suspensión de las pocas actividades que otorga el centro, terapias ocupacionales y laborales. Así también, resultan inexistentes los actos reclamados al consejo técnico interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", consistentes en la segregación, la intimidación y tortura psicológica, así como la suspensión de las pocas actividades que otorga el centro, terapias ocupacionales y laborales, al quejoso. Como el peticionario de amparo no ofreció prueba alguna para desvirtuar la inexistencia de tales actos, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Certeza del acto reclamado.- Es cierto el acto reclamado al consejo técnico interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", consistente en la imposición de dos correctivos disciplinarios, consistentes en setenta y seis días de suspensión total de estímulos, con restricción de tránsito a los límites de su estancia. QUINTO.-Estudio de una causal de improcedencia.- Pese a la certeza del acto reclamado, no es el caso analizar el estudio de fondo de la inconstitucionalidad planteada, pues en el caso, se evidencia la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio es de oficio y preferente al fondo. En el caso, cabe precisar contra el acto reclamado consistente en dos correctivos disciplinarios, por setenta y seis días de suspensión total de estímulos, con restricción de tránsito a los límites de su estancia, impuesto al quejoso por el consejo técnico interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de Amparo, que dice: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". Causal de improcedencia que se actualiza en caso que el juez de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendrá la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Es aplicable al caso, porque no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia 2ª XCIX/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 357, del tomo XII del mes de agosto del 2000, novena época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". En apoyo a la jurisprudencia sustentada se cita el diverso derivado de la de la Propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XLVIII/98, visible en la página 241, tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación novena época, con el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." En la referida tesis se sostiene fundamentalmente que la causa de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, que ahora se contiene en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, se actualiza cuando se presenta imposibilidad de que los efectos del acto se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el contenido de la ejecutoria que dio origen a la tesis citada se estableció un aspecto más que no se incluyó en la redacción de la tesis y fue el siguiente: " No está por demás destacar que es factible distinguir la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, ya sea dejando insubsistente el acto reclamado o sus efectos de forma inmediata, total e incondicional, lo que es inconcuso no puede realizar un particular; mientras que la actualización de la segunda requiere que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, pudiendo entonces ser por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales, etcétera". Como se ve en la parte transcrita, la inexistencia del objeto o la materia del acto reclamado pueden obedecer, entre otras causas, a las que se indican enseguida: a).- Por el simple transcurso del tiempo, b).- Por un acto volitivo del particular el cual cambia su esfera jurídica. c).- Por acontecimientos naturales. En esas condiciones, en el caso sujeto a estudio se colige que la situación jurídica que surgió con motivo de la sanción impuesta al quejoso consistente en dos correctivos disciplinarios por setenta y seis días de suspensión total de estímulos, con restricción de tránsito a los límites de su estancia, fue modificada puesto que desde el veintiocho de abril del año en curso, el ahora quejoso quedó en absoluta libertad al compurgar la penalidad que se le impuso por el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, en los autos de la causa penal 96/2016 de su índice, tal y como se advierte de la copia certificada del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/12487/2015, suscrito por el coordinador general DE Prevención y Readaptación Social en representación del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en el Distrito Federal, por el que se comunica que se da por compurgada la pena de prisión impuesta al aquí quejoso Heber Rufino Ramírez Pérez; de ahí que no existe la materia del acto reclamado, puesto que lo que afectaba la esfera jurídica del quejoso era precisamente que se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde era objeto de los correctivos disciplinarios impuestos por el consejo técnico interdisciplinario de ese centro federal de reclusión, por setenta y seis días de suspensión total de estímulos, con restricción de tránsito a los límites de su estancia; por lo que debe decirse que aun cuando tal acto subsiste, se modificó su aplicación sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior es así, porque el acto reclamado ya no puede tener ejecución, pues el quejoso quedó en libertad con motivo del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/12487/2015, suscrito por el coordinador general de Prevención y Readaptación Social en representación del comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en el Distrito Federal, por el que se comunica que se da por compurgada la pena de prisión impuesta al aquí quejoso Heber Rufino Ramírez Pérez. Por tanto, si el objeto o materia del acto reclamado estaba constituido por la privación de la libertad del impetrante del amparo; habiendo quedado en libertad al compurgar la pena que se le impuso por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, resulta evidente que dejó de existir el objeto o materia del acto reclamado y aunque se declarara inconstitucional el acto, no sería factible restituir al impetrante en el goce del derecho humano que estimó trasgredido, pues ello implicaría dejar insubsistentes los efectos de un acto cuya materia ya dejó de existir, sin afectar la esfera jurídica del quejoso, sin dejar huella material en la esfera jurídica del agraviado; y de otorgar la protección constitucional equivaldría a dejar sin efecto un acto que quedó insubsistente por el simple transcurso del tiempo. De ahí que en relación al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio acorde a lo establecido en el artículo 62, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Heber Rufino Ramírez Pérez, contra los actos que reclamó del director general del Centro Federal de Readaptación Social, número 13 CPS-Oaxaca, consejo técnico interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social, número 13 CPS-Oaxaca y coordinador general de Centros Federales, con residencia en el Distrito Federal consistentes en dos correctivos disciplinarios, ser castigado y sancionado, la suspensión de estímulos, la segregación, la intimidación y tortura psicológica, así como la suspensión de las pocas actividades que otorga el centro, terapias ocupacionales y laborales. NOTIFÍQUESE...
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio firmado por el secretario encargado del Juzgado de Ejecución de Sanciones del distrito judicial de Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 537/2015 y de origen 180/2015 del índice de este juzgado, pues de la diligencia de veintisiete de abril del año en curso, se advierte que el ejecutor judicial adscrito al citado órgano jurisdiccional, notificó al quejoso Heber Rufino Ramírez Pérez, el auto de dieciséis de abril del año en curso, por el que se le dio vista por el plazo de tres días, siguiente su notificación, para que manifestara lo que a su derecho convenga, en relación a la inexistencia de la autoridad responsable descrita en dicho proveído, con apercibimiento que de no hacer pronunciarse al respecto dentro del plazo concedido, se dejaría de tener como autoridad responsable a la misma. En consecuencia, regístrese la baja de la aludida comunicación oficial en el libro respectivo como debidamente diligenciada. Ahora bien, tomando en consideración que por auto de veintiocho de abril del actual (foja 37), se tuvo al quejoso Heber Rufino Ramírez Pérez, autorizando en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a diversos profesionistas adscritos a la Defensoría Pública Federal del Estado de Oaxaca, esto es, a partir de esa fecha se encuentra debidamente asistido en este juicio de amparo; por tanto, el plazo de tres días concedido en auto de dieciséis de abril del año en curso, transcurrió del veintinueve al cuatro de abril del mismo año, sin contar los días uno, dos y tres de abril de conformidad con el comunicado 11/2015, de veinticinco de febrero pasado, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que hiciera manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se deja de tener como autoridad responsable en este juicio de amparo al director general de seguridad y custodia del Centro Federal número 13 CPS-Oaxaca. Notifíquese personalmente; al quejoso por conducto de su defensor público federal. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe. JLEV/AOMV/fch.
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MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de mayo de dos mil quince. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan, el informe justificado del director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", mediante el cual niega la existencia del acto reclamado por el quejoso, así como el oficio suscrito por la citada autoridad responsable, por el que informa el acatamiento a la suspensión de plano y que en la estructura orgánica con que cuenta esa unidad administrativa, no existe la autoridad responsable denominada por el quejoso como director general de seguridad y custodia del Centro Federal número "13 CPS-OAXACA"; lo anterior, toda vez que por auto de dieciséis de abril del actual, se tuvieron por recibidos en los mismos términos dichos oficios vía telegráfica. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de parte de dicha autoridad, la documental que anexa a su informe justificado, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional; con la misma dése vista a las partes. Notifíquese...
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