Haydee Velasco Velasco
Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Haydee Velasco Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la responsable la documental que acompañó como apoyo a su informe justificado y que obra en cuaderno por separado. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por interlocutoria pronunciada el dieciséis de mayo de este año, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 374/2023, promovido por ********************, en representación del menor de iniciales ********************. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto exige determinar si se actualiza la alegada violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Como consta en autos, ********************, en representación del menor de iniciales ********************, solicitó ante la responsable que diera trámite al incidente de liquidaciones de pensiones alimenticias definitivas, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda - 13 de abril de 2023- se haya proveído al respecto. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, en representación del menor de iniciales ********************, presentó un escrito el trece de abril del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde se registró con el número 374/2023 la que previo cumplimiento al requerimiento formulado fue admitida el nueve de mayo de dos mil veintitrés; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión por parte de una autoridad que tiene su domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde este juzgado federal tiene jurisdicción. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de omisiones que crean situaciones permanente en la esfera jurídica de ********************, en representación del menor de iniciales ********************, que no se subsanan mientras aquéllas subsistan. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que la quejosa reclama del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, lo siguiente: La omisión de dar trámite al incidente de liquidación de pensiones alimenticias dentro del expediente familiar ********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado convino parcialmente en la existencia del acto reclamado, aduciendo que el once de mayo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente familiar ******************** de su índice, proveyó, entre el escrito presentado por la quejosa el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, esa manifestación corrobora que al momento de la presentación de la demanda -14 de abril de 2023- la omisión reclamada existía, de ahí que deba de tenerse por cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora de la copia certificada del proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente familiar ******************** y sus respectivas notificaciones que acompañó a su informe, misma que tiene pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, ya que las mismas fue acordada con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -13 de abril de 2023-. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Esa porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta pertinente destacar que de la documental que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, aportó al presente juicio de amparo, se advierte que efectivamente el once de mayo de este año, fue acordado el escrito de la quejosa y se ordenó abrir a prueba el incidente de liquidación de pensión alimenticia. En consecuencia, resulta evidente que la conducta omisiva que la ahora parte quejosa atribuye a la autoridad responsable, ha dejado de existir, puesto que se pronunció en relación al trámite del referido incidente. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la omisión reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se le dio trámite al incidente de liquidación de pensión alimenticia, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó demanda de amparo el trece de abril de dos mil veintitrés, según se aprecia de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que el once de mayo de este año, se acordó el escrito de la quejosa y se ordenó abrir a prueba el incidente de liquidación de pensión alimenticia. Por lo tanto, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la omisión reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. La determinación anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J. 205/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, novena época, materia común, página seiscientos cinco y 2a./J. 54/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, página cuatrocientos catorce, que indican: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer en autos por el representante especial del menor quejoso, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en representación del menor de iniciales ********************, por las razones expuestas en el apartado VII de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Intégrese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del ocurso firmado electrónicamente por el asesor jurídico federal ********************, en su carácter de representante especial del infante ******************** en este asunto, se advierte que acepta y protesta el cargo conferido por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Oaxaca, señala domicilio procesal, nombra autorizados, proporciona datos de contacto y solicita se le realicen las notificaciones por la vía electrónica. Ahora bien, en razón que el escrito presentado por el asesor jurídico federal ********************, se encuentra firmado electrónicamente (firel), hecho, que generar suficiente certeza ante este órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, al ser éste, el responsable de su correcto uso, lo cual produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial, esto conforme a la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.", de ahí que resulte innecesario ordenar la ratificación del líbelo de cuenta. En consecuencia, con apoyo en el artículo 8º de la Ley de Amparo, se tiene a ********************, como representante especial del infante ********************., y declarando que no tiene ningún impedimento para ello, aunado a que en efecto es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que se desempeña como asesor jurídico adscrito a la Defensoría Pública Federal. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados con las amplias facultades a que se refiere dicho número a los licenciados en derecho ******************** número de cédula ********************, ******************** número de cédula ********************, ******************** número de cédula ********************, ********************con número de cédula ********************, ********************con número de cédula ******************** y ******************** número de cédula ******************** las que se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por otra parte, téngase como sus autorizados en términos restringidos del citado precepto y del diverso 24 del propio ordenamiento a las personas restantes que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. Se autoriza a la parte quejosa para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre de usuario "********************" que proporciona; en razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del citado usuario a fin de que esté en aptitud de realizarse las notificaciones electrónicas. Dado que se autorizó la realización de notificaciones electrónicas al asesor jurídico no es factible reconocer el domicilio procesal que señala, porque las notificaciones personales se harán por la vía electrónica, sin que en el caso puedan coexistir dos formas de notificación de manera simultánea, ya que esa situación generaría incertidumbre jurídica en cuanto a la forma en la que deberán llevarse a cabo las comunicaciones procesales al promovente. Por otra parte, en cuanto a la consulta del expediente electrónico que solicita y los medios de contacto que proporciona, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticinco del actual, en el que se proveyó respecto de esos tópicos. Asimismo, quedan a su disposición las documentales consistentes en copia del auto admisorio dictado en este expediente, informe justificado rendido por la autoridad responsable. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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