Heber Oziel Garcia Reyes
Expediente 250/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Heber Oziel Garcia Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de julio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de doce de junio del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Visto los autos, en virtud de que por oficio SEADS/561/2015, de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal determinó la adscripción del suscrito Juez Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán a partir del dieciséis de junio del presente año; en consecuencia, dese vista a las partes con tal circunstancia por el término de tres días a fin de que puedan hacer las manifestaciones que estimen pertinentes, para los efectos a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; vista que se ordena notificar por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de mayo de dos mil quince. Vistos los autos de los que se advierte que aún no transcurre el término legal de ocho días continuos, para que la parte quejosa se imponga de los informes justificados rendidos por el Jefe del Departamento Legal de Policía Ministerial del Estado y Coordinador Operativo de la Policía Estatal Preventiva Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, residentes en Culiacán, Sinaloa, los cuales se acordaron en proveído de siete de mayo de dos mil quince. Por tanto, a fin de no vulnerar en su perjuicio las normas fundamentales que rigen al juicio de amparo, y con el objeto de evitar la eventual reposición del procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, la audiencia constitucional programada para el día de hoy SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Es aplicable la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por otra parte, se tiene recibido el alegato 65/2015, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por el mencionado fiscal de la federación, mismos que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, y una vez que se dicte resolución expídanse las copias certificadas que indica el representante social, previa razón que por su recibo se deje en autos, en términos de los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
ÚNICO. SE NIEGA al quejoso Heber Oziel Garcia Reyes, la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables y por los motivos precisados en el considerando segundo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa; siete de mayo de dos mil quince. Se tiene recibido el oficio 1242-b, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 126/2014 y los autos originales del juicio de amparo 606/2013, promovido por Fincas y Terrenos de Mazatlán, Sociedad Anónima. Háganse las anotaciones correspondientes; glósense las constancias y actuaciones recibidas y tramitadas en el cuaderno de antecedentes relativo, con exclusión de las copias que se obtuvieron para formar el mismo; acúsese recibo de estilo. De la citada ejecutoria se desprende: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable ejecutora DIRECTORA DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA." Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Directora de Ingresos del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Mazatlán, con residencia en esta ciudad; para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley en comento, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Hágase saber a la mencionada autoridad que de no acatar con lo ordenado en el presente acuerdo, se procederá conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo". En el entendido de que resulta innecesario prevenir por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables 1) Congreso del Estado de Sinaloa; 2) Gobernador del Estado de Sinaloa; 3) Secretario General de Gobierno del Estado; 4) Secretario de Administración y Finanzas; 5) Director General del Instituto Catastral del Estado; 6) Director del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", con residencia en Culiacán; en virtud de que dichas autoridades sólo participaron en la elaboración del decreto 403 de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el veinticuatro siguiente, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, concretamente sus artículos 35, 36 y 97; 34 de veinte de diciembre de dos mil siete, específicamente el artículo cuarto, así como el numeral segundo transitorio; y, - 350 de quince de diciembre de dos mil once; asimismo, los acuerdos de diecinueve de diciembre de dos mil ocho, dieciocho de diciembre de dos mil nueve, diecisiete de diciembre de dos mil diez, nueve de diciembre de dos mil once, once de diciembre de dos mil doce y siete de enero de dos mil trece, igualmente publicados en el referido medio oficial de comunicación, el veintiséis de diciembre de dos mil ocho, veintiocho de diciembre de dos mil nueve, veintidós de diciembre de dos mil diez, dieciséis de diciembre de dos mil once, catorce de diciembre de dos mil doce y once de enero de dos mil trece, mediante los cuales se fijan las tarifas para cuantificar el importe del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece; y el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a las mencionadas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo la voz y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". NOTIFÍQUESE.
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