Hansel Adan Bonilla Bustillos
Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hansel Adan Bonilla Bustillos
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, seis de julio de dos mil veintiuno. I. Acepta competencia. Ténganse por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 18983/2021, por el cual se remitió el original del juicio de amparo 261/2021, promovido por *************e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 1095/2021, misma que se acumuló al juicio de amparo 1060/2021, del índice de ese órgano jurisdiccional; en consecuencia, agréguese el comunicado de referencia para los efectos legales a que haya lugar. II. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en virtud de que no existe diligencia pendiente por desahogar remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de abril de dos mil veintiuno. I. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el escrito firmado por el autorizado de la quejosa Raquel Osuna Santiago, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, agréguese en autos el escrito de cuenta, para los efectos legales conducentes, y ténganse por hechas las manifestaciones que realiza la parte quejosa, las cuales serán tomadas en consideración una vez que transcurra el plazo dado en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno y se pronuncie respecto al fallo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, para conocimiento de la parte quejosa Hansel Adán Bonilla Bustillos; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, treinta de abril de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Hansel Adán Bonilla Bustillos; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 261/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Incompetencia legal por razón de la materia Con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es de señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, podrían contravenirse las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente no admisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La competencia por materia es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, es menester precisar que nuestro Máximo Tribunal ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia 2ª./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro digital 167761, de título siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". En ese sentido, procede analizar la naturaleza del acto reclamado, con el fin de sustentar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de la materia. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "a) El Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. b) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. c) La Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. d) El Instituto Federal de Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. e)Radiomovil Dispa, sociedad anónima de capital variable, con residencia en la Ciudad de México." "a). De la primera autoridad se reclama, LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. b). De la segunda autoridad se reclama, LA ORDEN DE MANDAR PUBLICAR EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES; EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. c). De la tercera autoridad se reclama, EL REFRENDO Y LA ORDEN DE MANDAR PUBLICAR EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES; EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. d). De la cuarta autoridad se reclama, LA INMINENTE RECEPCIÓN DE DATOS PERSONALES (BIOMÉTRICOS) DEL QUEJOSO, DERIVADO DE LA ABSTENCIÓN E INGRESO DE LOS MISMOS AL PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, con base de la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; EN ESPECÍFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS. e). De la quinta autoridad se reclama, LA INMINENTE OBTENCIÓN E INGRESO AL PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS DATOS PERSONALES (BIOMÉTRICOS) DEL QUEJOSO, derivado de la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; EN ESPECÍFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS." Por su parte, los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. "Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; [.]" "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De lo expuesto, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Adicionalmente, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo." De igual forma, con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN", el cual en sus artículos SEGUNDO y SEXTO determinó lo siguiente: "SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional." "SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." Por lo anterior, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, se declara legalmente incompetente para conocer de dicha demanda por razón de materia, pues se estima que el conocimiento de la demanda de amparo que nos ocupa corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, ello pues se trata de una competencia especializada. Al respecto, es importante señalar que para fijar la competencia por materia para conocer del juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; por tanto, si el acto reclamado consiste en el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quater de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en la inminente recepción de datos personales (biométricos), obtención e ingreso al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil de los mismos, derivado de la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en especifíco los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 septimus, la competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. Sobre todo, si la litis planteada en la demanda de cuenta involucra cuestiones que, por aspectos técnicos, pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 83/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." (Publicada en la página veintiocho, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 195007) Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en el Título Décimo Sexto lo siguiente: "Artículo 312. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Artículo 313. Cuando se trate de resoluciones del Instituto emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. Artículo 314. Los juicios de amparo indirecto serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión. Artículo 315. Corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley." Por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como del artículo 6, apartado b), de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la declina a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que previo cuaderno de antecedentes que al respecto se forme, se ordena enviar los autos del presente juicio de amparo, solicitando el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea a su conocimiento especializado. Sin que en el caso haya lugar a proveer respecto de la suspensión, al no encontrarse la demanda de amparo, en alguno de los supuestos contemplados en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de la Materia. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. a) Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel Alberto Ureña Enciso, Giselle Paola Hermosillo Magaña, Héctor Alonso Lizárraga Moreno, Jesús Javier Hernández González y Fausto Humberto Robles Rivas, en razón a que, de la certificación de cuenta, se advierte que sus cédulas profesionales cuentan con el registro correspondiente; en tanto que, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Héctor Alonso Lizárraga Moreno, por no tener cédula registrada. b) Autorización de acceso electrónico. Con fundamento en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del expediente, mediante el usuario "Fahurori". En consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice la autorización respectiva. c) Medios electrónicos. De igual forma, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el intelecto que su acceso al órgano jurisdiccional dependerá de que realice las gestiones indicadas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos y temporalidad ahí indicados. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes que, en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. IX. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la Actuaria Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes
- Gustavo Ponce Ibarra339/2018
- Gustavo Ponce Ibarra554/2023
- Gustavo Rubí Lizárraga543/2020
- Gustavo Rubio Ruvalcaba972/2014
- Hamid Rios Hernández857/2015
- Hannia Shirley Narváez Jennings y Otros.810/2021
- Harold Mauricio Guarín Castro29/2023
- Haydet Osuna Cárdenas761/2017
- Heber Oziel García Reyes650/2019
- Heber Oziel Garcia Reyes250/2015
- Hector Alberto Peinado Romero365/2020
- Héctor Alejandro Aguilar Fonseca255/2018