Hater Segundo Díaz

Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
524/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Hater Segundo Díaz
  • Esteban Segundo Medina y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. ...., se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ****, por medio del cual desahogan la prevención que se les hiciera en proveído de ocho de abril del año en curso y al efecto sostiene: ". Asimismo, el C. ***, tuvo conocimiento de que el auto de su propiedad había sido remitido al depósito, más no la razón por la que se había realizado dicho acto de molestia, tan solo horas después de que aconteció el mismo, es decir el día 14 de enero de 2022 aproximadamente a las 10:00 horas, mismo día que se llevó a cabo la diligencia se expidió el inventario a las 08:56, motivo por el que acudió a las oficinas a pedir información, misma que le fue negada por los servidores públicos. .3. Manifiesta el C. ***, que fue el C. ***quien le comunicó el día 14 de enero aproximadamente a las 09:00 horas que el vehículo se encontraba en el depósito." De lo anterior se sigue que los quejosos tuvieron conocimiento del acto que reclaman desde el catorce de enero de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis íntegro a los escritos de demanda y desahogo de prevención, se obtiene que los quejosos reclaman del Inspector de Transporte Público adscrito a la Subdelegación Regional de Toluca: La remisión de manera injustificada del vehículo automotor marca ***el catorce de enero de dos mil veintidós. Es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, al analizar las constancias que integran el presente asunto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por otra parte, se estima que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En ese orden, éste órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."." Los artículos anteriormente citados establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, del estudio integral del escrito de demanda de amparo y del escrito de desahogo, se aprecia que la parte quejosa se duele sustancialmente de: La detención y remisión de manera injustificada del vehículo automotor marca Renault, modelo 2003, Clio 1.6 Authentique T/A, Versión T/Automática, con número de motor 0008478, número de serie 3BNJ011253L151099, placas NML5502, remitido al depósito denominado "SERVICIO DE GRÚAS HNOS LEON, S.A. DE C.V.", el catorce de enero de dos mil veintidós. De la literalidad de la demanda y del ocurso que se analiza, se advierte que los quejosos adujeron o reconocieron tener conocimiento del acto que reclaman el catorce de enero de dos mil veintidós. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita; siendo este del dieciocho de enero al ocho de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir los actos reclamados que se analizan transcurrió en exceso, sin contar los días inhábiles que ocurrieran en dicha dilación temporal. En esas condiciones, si los quejosos dijeron tener conocimiento desde el catorce de enero de dos mil veintidós de los actos que reclaman y la demanda que diera origen al presente juicio de amparo de cuenta fue presentada el cinco de abril de dos mil veintidós, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado, ya que el mismo se encuentra consentido tácitamente. Es aplicable la jurisprudencia P./J.27/96, visible en la página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, con número de registro 200094, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." También la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 112 y 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esteban Segundo Medina y Hater Segundo Díaz, en virtud de ser notoriamente improcedente. Máxime que resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional en el presente juicio no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción al plazo general de quince días para la promoción del juicio de amparo establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense los oficios firmados por el Jefe del Departamento Jurídico Zona Toluca de la Comisión Federal de Electricidad, Encargado de la Subdirección de lo Contencioso de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género y el Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado de México, a través de los cuales, informan que no localizaron registró a nombre de ****, en representación del menor de identidad reservada de iniciales E.L.M., tercero interesado; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento formulado del seis de abril del año en curso y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Sin proveer sobre los datos que pida la segunda de las oficiantes que antecede, ya que no se cuenta con datos personales como CURP, RFC y demás de la progenitora del menor.

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