Gustavo Vargas Martínez

Expediente 441/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
441/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Vargas Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de veintisiete de marzo del año en curso, en el que se ordenó remitir el billete de depósito N *****, que ampara la cantidad de $*******************************************moneda nacional), al Director de Garantías de la Dirección General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar el trámite concerniente para hacer efectivo dicho billete; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Por tanto, en cumplimiento al referido proveído, sustráigase de la caja de valores de este Juzgado y, mediante oficio que derive del mismo, envíese el citado billete de depósito al Director de Garantías de la Dirección de mérito, para que cumpla con lo ordenado en auto de veinte de febrero de este año; para lo cual, se ordena remitir copia certificada de dicho auto.

  3. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE NUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE OCHO DE ABRIL A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por ***, regístrese bajo el número ** AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se colige que el promovente del amparo, reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve con sede en Toluca, Estado de México: La audiencia de once de marzo de dos mil diecinueve, relativa al expediente 421/2015, a través de la cual, se admitió a trámite la reconvención hecha valer por la parte demandada. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, éste último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. Ello es así, porque los artículos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. De acuerdo con la porción de los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, el acto reclamado no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del procedimiento natural; esto es, solo produce efectos intraprocesales, de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En otras palabras, se considera que el acto reclamado, se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una resolución favorable, en el juicio 421/2015, o en su defecto, podrá combatirse como violación procesal en el supuesto de obtener un fallo adverso al combatirse la sentencia que se dicte en dicho procedimiento judicial, en términos de lo previsto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio no reúne la calidad de "imposible reparación", pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que se insiste, se trata esencialmente de una determinación en la que se admitió a trámite la reconvención hecha valer por la parte demandada, y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, lo cual puede reclamarse en caso de que le sea desfavorable el fallo que ponga fin al juicio, como ya se dijo en términos de lo previsto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Robustece el criterio anterior, en lo conducente la jurisprudencia 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la diversa emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en la Novena Época; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 25, de epígrafe y sinopsis: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CONTRA SU DESECHAMIENTO, COMO VIOLACIÓN PROCESAL, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 146/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 20, de rubro: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO.", sustentó la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra la resolución que confirma el desechamiento de la reconvención, por estimar que dicho acto procesal es de ejecución irreparable, pues impide que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, afectando de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 965, fracción I, del título décimo sexto-Bis, denominado: "De las Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario", del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal "las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación, el Juez la admitirá si procede y reservará su tramitación para que se realice en su caso, conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. ...". Por tanto, cuando en una controversia de arrendamiento se interponga apelación contra la no admisión o desechamiento de la reconvención, ésta será resuelta en conjunto con aquella que se promueva contra la sentencia definitiva, lo cual coloca al quejoso en imposibilidad jurídica y material de impugnar esa cuestión en juicio de amparo indirecto, porque éste resultaría improcedente por no haberse observado el principio de definitividad que rige en dicho juicio; ello, porque en el juicio de amparo sólo es susceptible analizar la resolución que desecha la reconvención contra la cual no proceda recurso ordinario alguno. En consecuencia, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, en el que las apelaciones intermedias se resuelven en conjunto con aquella que se interponga contra la definitiva, es jurídicamente posible analizar en amparo directo, como violación procesal, la resolución que confirma el desechamiento o no admisión de la reconvención, pues de no aceptarse esa situación jamás sería analizada en juicio de amparo la posible transgresión a las garantías individuales del peticionario de garantías." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Gustavo Vargas Martínez, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. .

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