Hassan Md Ariful

Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
713/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Hassan Md Ariful
  • RAHMAN ABDUR y Otros.
  • Rahman Abdur

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se tuvo por no presentada la demanda en el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial suscrita por el actuario de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de localizar a los directos quejosos (1) Rahman Abdur, (2) Hassan Md Ariful, (3) Forhad MD (Md Forhad Saleh Ahammad), (4) Tanjir Md y (5) Hassan Md Mahadi (Miredul Md Mahadi Hassan), para lo cual adjunta copia de los oficios de salida expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de los antes mencionados. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del oficio que se examina, así como de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que obran en el presente juicio, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en: "1.- La Violación Masiva de los Derechos Humanos, consagrados en el Tratado Internacional, del cual México es Parte suscribiente, "LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS", "LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) en concordancia con el artículo 133 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- La PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD DEL HOY QUEJOSOS CC. RAHMAN ABDUR, HASSAN MD ARIFUL, MD FORHAD SALEH AHAMMAD, TANJIR MD, MIREDUL MD MAHADI HASSAN. Estar detenidos por más de 36 horas dentro de la estación migratoria. Lo que se traduce en PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD acordada y EJECUTADA por las autoridades responsables en contra de los extranjeros HOY QUEJOSOS. 3.- La ILEGAL DETENCIÓN, DE LOS HOY QUEJOSOS, ordenada por las autoridades responsables, advertida en la clara violación de garantías constitucionales, dentro del expediente administrativo migratorio iniciado e integrado para y en contra del HOY QUEJOSO. 4.- La INCOMUNICACION de la cual están siendo objeto LOS QUEJOSOS, toda vez que en ningún momento se le ha permitido tener comunicación con su representante consular y/o visitante y/o representante legal. 5.- La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a todas y cada una de las autoridades responsables." En ese sentido de la razón actuarial suscrita por el actuario de la adscripción se advierte la imposibilidad de localizar a los directos quejosos 1) Rahman Abdur, (2) Hassan Md Ariful, (3) Forhad MD (Md Forhad Saleh Ahammad), (4) Tanjir Md y (5) Hassan Md Mahadi (Miredul Md Mahadi Hassan), para lo cual adjuntó copia de los oficios de salida expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de los antes mencionados. Y -en lo que aquí interesa-, se obtiene los oficios de salida ORBC/EMTIJ/3483/2022, ORBC/EMTIJ/3482/2022, ORBC/EMTIJ/3484/2022, ORBC/EMTIJ/3481/2022 y ORBC/EMTIJ/3480/2022, de los que se advierte que los aquí quejosos fueron liberados en diez de octubre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con el aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, de los quejosos 1) Rahman Abdur, (2) Hassan Md Ariful, (3) Forhad MD (Md Forhad Saleh Ahammad), (4) Tanjir Md y (5) Hassan Md Mahadi (Miredul Md Mahadi Hassan), en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; cierto es también, que con posterioridad; es decir, el diez de octubre de dos mil veintidós, los aquí quejosos fueron puestos en libertad, lo que quedó corroborado con los oficios ORBC/EMTIJ/3483/2022, ORBC/EMTIJ/3482/2022, ORBC/EMTIJ/3484/2022, ORBC/EMTIJ/3481/2022 y ORBC/EMTIJ/3480/2022 expedidos por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, de esta ciudad. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las trece horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente; y por lista a los quejosos 1) Rahman Abdur, (2) Hassan Md Ariful, (3) Forhad MD (Md Forhad Saleh Ahammad), (4) Tanjir Md y (5) Hassan Md Mahadi (Miredul Md Mahadi Hassan).

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista certificación secretarial que antecede del que se advierte que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles remitiera copia certificada de las constancias de las que se advierta el cumplimiento dado a la suspensión de plano, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado en autos, no obstante de estar notificada del referido acuerdo. En consecuencia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas legalmente computado, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta el cumplimiento dado a la suspensión de plano o bien, copia certificada de la constancia de salida de los directamente agraviados ********************, o bien, manifieste el imposibilidad que tengan para ello; apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Se comisiona al actuario. Con independencia de lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguiente encomiendas: - Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear a los directamente agraviados ********************, a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquéllos ya no se encuentran alojados en dicha estancia. - Tener a la vista el documento o en su caso el archivo que en sistema obre del cual se pueda advertir el motivo del egreso de los impetrantes mencionados, así como en su caso la toma de fotografías y copias de tales archivos o documentos. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibida la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que en atención al requerimiento ordenado en veintiuno de septiembre del año en curso, los quejosos (1) Rahman Abdur, (2) Hassan Md Ariful, (3) Md Forhad Saleh Ahammad, (4) Tanjir Md, (5) Miredul Md Mahadi Hassan manifestaron que si ratifican la demanda promovida a su nombre. Admisión de la demanda Ahora bien, con fundamento en los artículos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite en los términos planteados la demanda que promueve María Guadalupe Ramírez Hernández, a favor de los quejosos (1) Rahman Abdur, (2) Hassan Md Ariful, (3) Md Forhad Saleh Ahammad, (4) Tanjir Md, (5) Miredul Md Mahadi Hassan, contra actos del Sub representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California y otras autoridades. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que la suspensión de los actos reclamados fue materia de la suspensión decretada en autos. Audiencia constitucional. Se fijan las trece horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en los artículos 6 fracción I y 26 del citado Acuerdo General 21/2020. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitan fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisas, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan su informe justificado vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Requerimiento de correo institucional. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de Información Oficial a través de Correo Electrónica Institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el diecisiete de abril del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, requiérase a las autoridades responsables para que proporcionen su correo institucional, a efecto de que se les realice las subsecuentes notificaciones por dicho medio y no se propicie el riesgo de contagio de la referida enfermedad. Solicítese a las responsables, indiquen al rendir su informe con justificación, si tienen conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o derivado del procedimiento de origen. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Dado que de la constancia actuarial de cuenta, se desprende que en el acto de la notificación personal, los quejosos que ratificaron la demanda interpuesta a su favor, asentaron que señalan como domicilio el proporcionado por el directo promovente (los estrados de este órgano jurisdiccional); por tanto, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto deberán practicársele en dicho domicilio. Como lo solicitan los directos quejosos, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a María Guadalupe Ramírez Hernández, ya que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así también, en los mismos términos a las personas señaladas para tal efecto. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los oficios por los cuales se le hizo de conocimiento la suspensión de plano e informa que acata en todos sus términos la misma; sin embargo, no remite documental alguna de la que se advierta el cumplimiento dado a la misma, aunado a que de la constancia actuarial de cuenta se obtiene que el actuario se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, de esta localidad, en el que se entrevistó con los directos quejosos quienes ratificaron el contenido de la demanda promovida a su favor. Atento a lo anterior y en atención a la naturaleza de los actos reclamados; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables locales, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el acto reclamado, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Apercibimiento. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en su respectivo informe, y, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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