Gustavo Sánchez Martínez
Expediente 158/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2020
Partes del expediente
- Gustavo Sánchez Martínez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Notifíquese; y personalmente al Secretario encargado del archivo definitivo.
- Incidental
R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Gustavo Sánchez Martínez, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable señalada en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Gustavo Sánchez Martínez, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve. Admisión de la demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda que promueve Gustavo Sánchez Martínez, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Incidente de suspensión, Tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Tercero interesado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), téngase como tercero interesado a Francisco Carlos Stratta Slim, reservándose su emplazamiento hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado y del mismo se advierta donde pueda ser localizado, lo anterior, en razón de que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó que desconocía el domicilio del mismo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. Por ello, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en los que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Incidental
Tijuana, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 158/2019-B-2, que promueve Gustavo Sánchez Martínez, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 131, 132, 136 y 138 de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión respectivo. Audiencia incidental. Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Informes previos. Pídase informe previo a la autoridad responsable, la que en términos de los preceptos 125, 128, 130, 136, 138 y 140 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente al en que reciba el oficio de notificación; para tal efecto, se le envía copia simple de la demanda. En el entendido que la autoridad responsable expresará si son o no son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados, en el caso, los datos que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Haciéndole saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de ciertos los actos reclamados de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y en su caso con apoyo en lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 245 de la Ley de Amparo. Por ello, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en los que se encuentre ubicada las autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Suspensión provisional. Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda que se analiza, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se hagan modificaciones en la cuenta 5180153, así como para que se restablezca el servicio de agua potable Precisado lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, lo procedente es realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, únicamente respecto de los efectos para los cuales la solicitó la parte quejosa en el apartado correspondiente de su demanda, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, aplicable por el criterio que sostiene, publicada en la página noventa y ocho, tomo XVIII, correspondiente a diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Al respecto, con fundamento en los artículos 128, 148 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por Gustavo Sánchez Martínez, por su propio derecho hasta en tanto se resuelva en definitiva, para el efecto de que la autoridad responsable suministre de agua potable el domicilio ubicado en privada de la Palma, número 6106-9, del fraccionamiento Las Villas Tijuana, en esta ciudad, a través de los recursos materiales que tengan a su alcance. En el entendido de que la medida cautelar concedida, surtirá efectos una vez que el quejoso cumpla con los requisitos que al efecto prevé la Ley que reglamenta el servicio del agua potable en el estado de Baja California. Lo que deberá cumplir primeramente ante la autoridad responsable para que proceda de inmediato a la reinstalación y el debido suministro de agua potable y posteriormente acreditar ante este Juzgado de Distrito que realizó los pagos que se generen con motivo de la prestación del mencionado servicio. Esto es, no surtirá efectos la medida cautelar decretada si la parte quejosa no acredita la realización de dichos pagos. Sin que sea necesario que la parte quejosa exhiba garantía alguna, en términos de los artículos 132 y 135 de la Ley de Amparo, toda vez que este órgano jurisdiccional estima que con la concesión de la suspensión solicitada, no se irrogarían daños y perjuicios con motivo de la presente suspensión. Lo anterior es así, en atención a que dada la naturaleza del acto reclamado, éste es susceptible de ser suspendido y porque se satisfacen los requisitos previstos por el referido artículo 128 de la ley de la materia, al haberse solicitado la suspensión por la parte quejosa (fracción l), porque con su concesión no se causa perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público (fracción II) y además, de continuarse ejecutando el acto reclamado, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, ello en virtud de que se acredita su interés suspensional con las constancias que anexó a su escrito inicial. De igual manera, resulta oportuno resaltar que en el orden constitucional mexicano se ha reconocido el derecho al mínimo vital, como aquel que, fundado en la dignidad humana, impone la necesidad de que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. En efecto, el derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de que puedan participar activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Ello se considera así, ya que en noviembre de dos mil dos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que: "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación mencionada también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Entendiéndose por suficiente el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la comida, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. Por lo tanto, se tiene que el derecho al agua abarca, por lo menos, el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas, pero no confiere a las personas el derecho a una cantidad ilimitada de agua. Dichas consideraciones se sustentan en la tesis aislada número VI.3o.1CS (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1721, Libro 20, julio de dos mil quince, Tomo II, Decima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE TANTO PARA EL CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO PARA EL USO AGRÍCOLA O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO. El artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el derecho humano de acceso al agua para consumo personal y doméstico, y establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como que el Estado debe garantizarlo y que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades correspondientes. Así, si bien es cierto que dicho precepto no reconoce expresamente el derecho mencionado para otros usos, como el agrícola o para el funcionamiento de otras áreas productivas del sector primario, también lo es que sí debe entenderse con esa amplitud, dada la estrecha vinculación que existe entre él y otros derechos humanos, como los relativos a la alimentación y a la salud; todo lo cual fue advertido así por el Constituyente Permanente en sus discusiones y, además, reconocido por fuentes internacionales, como la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que es el órgano facultado para interpretar y establecer los alcances del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -suscrito y ratificado por México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981-, la cual constituye una interpretación más amplia y favorable del citado derecho a la luz de este último instrumento internacional y resulta obligatoria para nuestro país en términos del artículo 1o., segundo párrafo, constitucional." Señalamientos de autorizados y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, por autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Roberto Clemente Soto González, dado que tiene inscrita la cédula profesional en el registro del Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ana Karen Tirado Coronel, hasta en tanto, registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado antes referido. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente incidente. Solicitud de copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y como lo solicita la promovente, expídasele copia certificada de esta determinación, y hágasele entrega de la misma, previa toma de razón que se deje asentada en autos para debida constancia, autorizando a la persona que refiere en su demanda. Expediente electrónico. Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.
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