Harold Saul Medina Contreras

Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
80/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Harold Saul Medina Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    - Causa estado - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - 1. El expediente principal es destruible Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso el proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: -REGISTRO DE DEMANDA- Vista la demanda de amparo promovida por Harold Saúl Medina Contreras; contra actos de la Comisión Federal de Electricidad Zona Aguascalientes; fórmese expediente electrónico, anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el consecutivo 80/2023-III; intégrese expediente impreso con las constancias que presenten físicamente por las partes y las conducentes al impulso del asunto. -PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO- La parte quejosa señala como acto reclamado el corte, retiro del medidor y suspensión del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en..., de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, con número de servicio... -DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA- El análisis integral de la demanda de amparo conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su desechamiento, respecto a los actos que reclama el quejoso, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Del citado precepto se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En el caso particular, la demanda es improcedente, de conformidad con los numerales artículos 5, fracción II, y 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;" De los numerales transcritos se desprende que procede el juicio de amparo contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; que la autoridad responsable es parte en el juicio, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación sistemática de estas normas, la última de ellas en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de un ente que no pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese contexto resulta necesario traer al caso la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 50, enero 2018, tomo I, página 336, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en ese criterio jurisprudencial, que contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad, derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público relativa, procede la vía ordinaria mercantil, porque dicho organismo no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Con posterioridad, en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal resolvió la contradicción de tesis 198/2017, en la que sostuvo las siguientes consideraciones: - La legislación de la industria eléctrica no prevé la normatividad que debe regir para los contratos celebrados entre el suministrador de servicios básicos y el usuario final, sino que lo que establece son disposiciones generales, cuyas referencias a la comercialización precisan una estricta separación del suministro, suministro básico y diversas modalidades de comercialización, para la supervisión que compete al Centro Nacional de Control Eléctrico y en su caso la Comisión Reguladora de Energía - Las disposiciones de Carácter General expedidas por la Comisión Reguladora de Energía, tampoco establecen el clausulado del contrato, sino una base para que cada suministrador elabore el propio, en tanto que la función de dicha comisión -así como de la Procuraduría Federal del Consumidor- es evaluar que dichos contratos denominados de adhesión, no contengan cláusulas leoninas, abusivas, lesivas o inequitativas para los intereses del usuario protegiendo la actividad comercial de la sociedad. - Al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado, los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; destacándose que conforme al artículo 5º de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo ahí no previsto, debe ser considerado como mercantil, regido por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. Lo anterior, debido a que el marco normativo no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios; sino que está instituido para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de suerte que la mera referencia al tema de los contratos no puede entenderse en el sentido de que dicha ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. - Tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a partir de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a esa relación. - Esto, debido a que, en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, en tanto que, la participación regulatoria en ello impone otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por lo tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. ? Los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Por lo tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. ? Ello, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública, a ser empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. ? Con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. ? Lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 423/2014), ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. ? Lo que se corrobora con el hecho de que no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. ? Motivo por el cual, no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, donde se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores o bien del Centro Nacional de Control Eléctrico cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las Disposiciones Generales que emitió la Comisión Reguladora de Energía, en tanto que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Razonamientos de los que derivó la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 532, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. En ese tenor, se destaca que del análisis efectuado a la demanda de amparo se obtiene que el quejoso reclama el corte, retiro del medidor y suspensión del suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en..., de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, con número de servicio... Manifestaciones las anteriores, que constituyen una confesión expresa para quien las realiza, en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. Además, acompañó a su demanda copia y original de un aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, así como dos comprobantes de pago, todos ellos respecto del número de servicio..., relacionado con el inmueble ubicado en..., de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a nombre de Medina Contreras Harold Saúl quien el quejoso manifiesta es arrendatario. Tales manifestaciones y las documentales en comento, son suficientes para estimar la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se puede inferir que, no se está ante actos que provengan de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que derivan y están estrechamente vinculados con un contrato para el suministro de energía eléctrica que se realizó con la Comisión Federal de Electricidad o, en su caso, la extinta Luz y Fuerza del Centro. De ahí que el corte de suministro eléctrico no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la Comisión Federal de Electricidad no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables, por lo que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, habida cuenta la autoridad responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior porque, tal y como se desprende del modelo de contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece, en específico de su cláusula vigésimo segunda, la suspensión del suministro, las inconformidades, entre otros, son inherentes al contrato de prestación del servicio de energía eléctrica, por lo que las cuestiones con ellos relacionadas deberán resolverse, en su caso, en la vía ordinaria mercantil y no a través del juicio de amparo. Es así porque, tal y como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Además aunado a lo anterior, en el caso particular, no se está en los supuestos de excepción que ejemplificó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se cita lo conducente: ".Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable ..." Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 1008, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. Entonces, como existe jurisprudencia que define los casos en los que la Comisión Federal de Electricidad no puede ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo, y en el caso no se actualiza de manera manifiesta y notoria alguna excepción a dicha regla ni racionalmente podría justificarse durante el juicio de amparo [dada la naturaleza de los actos que se reclaman -consistentes en el corte, retiro del medidor y suspensión del suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en..., de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, con número de servicio...], puesto que con motivo del acto reclamado no se observa que se encuentre involucrado algún derecho humano del quejoso, como la salud, vida, vivienda o alguno otros que se encuentre en riesgo de verse afectado con consecuencias impactantes en el propio impetrante o de algún colectivo, ya que en el particular se trata de una contienda entre particulares relacionada con la existencia, validez, efectos o consecuencias del contrato de suministro de energía eléctrica pactado entre ambas. Además, de las pruebas que acompaña al parte quejosa con ninguna de ellas se infiere el corte de energía eléctrica en el domicilio que indica. Finalmente, ningún provecho arroja a las pretensiones de la parte quejosa el criterio jurisprudencial al que hace referencia, emitido por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DESECHARLA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNANORMA GENERAL Y COMO ACTO DE APLICACIÓN EN EL CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O ALGÚN OTRO ACTO DERIVADO DELCONTRATO DE SUMINISTRO RESPECTIVO, YA QUE EN TAL SUPUESTO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) PUEDE TENER, DE FORMA EXCEPCIONAL, EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 30/2018 (10a.)." Lo anterior es así, porque dicho criterio es aplicable a este caso pues del contenido de la misma se observa que la excepción al desechamiento de la demanda de amparo se soporta en el hecho de que en la misma se señale como acto destacado la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, con motivo de su respectivo acto de aplicación derivado del contrato de suministro respectivo; lo que en el particular, como se ha visto, no constituye el acto de reclamó; al margen de que dicho criterio no resulta obligatorio para este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, por las razones que se han desarrollado, el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente. Por lo anterior, lo procedente es desechar de plano la demanda.

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