Gusvaldo Gutiérrez Monrreal
Expediente 1291/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Gusvaldo Gutiérrez Monrreal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del veinte de octubre al siete de noviembre del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es destruible, en términos de la fracción III, del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, cuenta habida que provisional y definitivamente se negó la medida cautelar. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día diez de mayo de dos mil dieciocho. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal ni en el incidente de suspensión; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. Finalmente, devuélvase al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Partido Judicial de Rincón de Romos, Aguascalientes el expediente... que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado...(VII)
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El ocho de septiembre del año en curso, Gusvaldo Gutiérrez Monrreal y Mario Zaid Sánchez Marín, presentó demanda de amparo contra las autoridades responsables Juez Mixto de Primera instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Mixto de Primera instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes, en el que reclamó esencialmente la orden de requerimiento de pago a los quejosos y/o el embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo, en el expediente.... del índice del Juez responsable. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1291/2017-VII, se admitió en auto de doce de septiembre del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a las autoridades responsables señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El diecinueve de septiembre del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio de la autoridad responsable, al que acompañó las constancias del expediente correspondiente a la tercería excluyente de dominio... del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Partido Judicial con sede en Rincón de Romos, Aguascalientes, de las que se desprende que el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dicha autoridad dictó un auto aclaratorio, en el que dejó sin efectos el acto reclamado, pues tomando en consideración que los aquí quejosos Gusvaldo Gutiérrez Monrreal y Mario Zaid Sánchez Marín, comparecieron a dicho juicio únicamente en carácter de endosatarios en procuración, determinó que el requerimiento de pago ordenado al Ministro Ejecutor de la adscripción, lo debería realizar únicamente a la parte actora del juicio principal, Ana Lucía Carranza Marmolejo, y en su caso el aseguramiento, lo será respecto a bienes que sean propiedad de ésta; documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.".... En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.... En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, del auto de uno de agosto de dos mil diecisiete, en que el Juez Mixto de Primera instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes, ordenó la ejecución de la orden de requerimiento a los quejosos Gusvaldo Gutiérrez Monrreal y Mario Zaid Sánchez Marín, quienes tienen el carácter de endosatarios en procuración de la parte actora en el juicio del que deriva la tercería excluyente de dominio en que se dictó el acto reclamado, por el pago de dos mil cuatrocientos ochenta pesos moneda nacional, o en su caso, el embargo de bienes de su propiedad, en caso de no pagar al momento del requerimiento. Luego, del análisis de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que en los autos de la tercería excluyente de dominio... del índice de la responsable, el trece de septiembre de dos mil diecisiete (foja 118 del Tomo I), dicha autoridad dictó un auto aclaratorio, en el que dejó sin efectos el acto reclamado, pues tomando en consideración que los aquí quejosos Gusvaldo Gutiérrez Monrreal y Mario Zaid Sánchez Marín, comparecieron a dicho juicio únicamente en carácter de endosatarios en procuración, determinó que el requerimiento de pago ordenado al Ministro Ejecutor de la adscripción, lo debería realizar únicamente a la parte actora del juicio principal, Ana Lucía Carranza Marmolejo, y en su caso el aseguramiento, lo será respecto a bienes que sean propiedad de ésta. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.... En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el informe justificado de la responsable, fue recibido mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, sin que a la fecha haya transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe las copias certificadas con las que se acredita fehacientemente la omisión reclamada por el quejoso quedó sin efectos al haberse dejado sin efectos el requerimiento de pago a los quejosos; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con seis minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete. Finalmente se deja sin efectos el despacho 39/2017 con número de orden 255/2017, girado al Juez Mixto de Primera instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes, lo que se hace del conocimiento de dicha autoridad para los efectos legales conducentes. (VII)
- Principal
Se notifica por lista a los quejosos en términos del proveído de veintinueve de Septiembre de dos mil diecisiete. "...Visto el estado procesal de autos, se aprecia que...la autoridad responsable...dictó un auto aclaratorio, en el que dejó sin efectos el acto reclamado...Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación...En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia..." (VII)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Ministro Ejecutor adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Mixta del Cuarto Partido Judicial del Estado, con sede en Rincón de Romos, Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.(VII)
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