Hans Hernandez Diaz
Expediente 890/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- HANS HERNANDEZ DIAZ y Otros.
- Hans Hernandez Diaz
- Ivan Marcelo Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del trece de diciembre de dos mil diecisiete al cuatro de enero de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 05 DE DICIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 187 a 220), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. Ante la violación de fondo cometida en perjuicio de Iván Marcelo Andrade y Hans Hernández Díaz, pues se estableció que la decisión de declarar infundada su solicitud de revisión de medida cautelar y reiterar la vigencia de la prisión preventiva en los términos que se ejecuta actualmente es ilegal, procede conceder la protección constitucional conforme el artículo 77, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para que el juez responsable efectúe en forma inmediata lo siguiente: 1. En términos de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establece que la revisión de las medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control en audiencia y con presencia de las partes, el juez responsable debe citar a las partes a una audiencia en donde deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta administrativa 547/2017, por cuanto hace exclusivamente a los quejosos. 2. En su lugar, se pronuncie en relación a la solicitud de modificación de medida cautelar de prisión preventiva realizada por la defensa de los aquí quejosos, y con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, tomando como base el principio de proporcionalidad, les imponga una diversa, de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pudiendo incluso combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso. 3. Una vez hecho lo anterior deberá informar a este juzgado el resultado de dicha audiencia. 4. El director del centro de reclusión responsable deberá informar estar enterado de la imposición de las medidas cautelares. Lo señalado lo deberán informar de forma paulatina a este juzgado federal dentro del plazo de tres días, previsto en el párrafo segundo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, respaldado con las constancias certificadas con las que así se acredite, sin esperar a que cause ejecutoria la presente sentencia constitucional, con independencia de que pueda ser impugnada a través del recurso correspondiente." En auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 240), se tuvo a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, informando el cumplimiento realizado a la ejecutoria de amparo; por lo que se reservó acordar lo conducente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. En proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 253 y 254), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, y toda vez que en diverso auto de veinticuatro de octubre del mismo año, se había reservado acordar lo conducente respecto del cumplimiento realizado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y con ello ya acontecía, se les tuvo dando cumplimiento. Lo anterior es así, ya que según se advierte del oficio 20094/2017 de veinte de octubre de dos mil diecisiete (foja 237), la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, informó a esta autoridad que en audiencia celebrada a las veinte horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete, en la que estuvieron presentes las partes, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta administrativa 547/2017, por cuanto hace exclusivamente a los quejosos Hans Hernández Díaz e Iván Marcelo Andrade; modificando la medida cautelar de prisión preventiva, y en su lugar se les impusieron a ambos imputados las medidas cautelares de presentación periódica, exhibición de garantía económica y prohibición de salir del país, previstas en las fracciones I, II y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual se corroboró con la copia del audio y video de dicha audiencia. Por otro lado, mediante oficio 7731/2017 de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 266 a 272), se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, remitiendo copia certificada de diversas constancias de las que se advierte estar enterado de la imposición de las nuevas medidas cautelares impuestas por la jueza responsable. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 187 a 220), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. Ante la violación de fondo cometida en perjuicio de Iván Marcelo Andrade y Hans Hernández Díaz, pues se estableció que la decisión de declarar infundada su solicitud de revisión de medida cautelar y reiterar la vigencia de la prisión preventiva en los términos que se ejecuta actualmente es ilegal, procede conceder la protección constitucional conforme el artículo 77, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para que el juez responsable efectúe en forma inmediata lo siguiente: 1. En términos de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establece que la revisión de las medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control en audiencia y con presencia de las partes, el juez responsable debe citar a las partes a una audiencia en donde deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta administrativa 547/2017, por cuanto hace exclusivamente a los quejosos. 2. En su lugar, se pronuncie en relación a la solicitud de modificación de medida cautelar de prisión preventiva realizada por la defensa de los aquí quejosos, y con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, tomando como base el principio de proporcionalidad, les imponga una diversa, de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pudiendo incluso combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso. 3. Una vez hecho lo anterior deberá informar a este juzgado el resultado de dicha audiencia. 4. El director del centro de reclusión responsable deberá informar estar enterado de la imposición de las medidas cautelares. Lo señalado lo deberán informar de forma paulatina a este juzgado federal dentro del plazo de tres días, previsto en el párrafo segundo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, respaldado con las constancias certificadas con las que así se acredite, sin esperar a que cause ejecutoria la presente sentencia constitucional, con independencia de que pueda ser impugnada a través del recurso correspondiente." En auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 240), se tuvo a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, informando el cumplimiento realizado a la ejecutoria de amparo; por lo que se reservó acordar lo conducente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. En proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 253 y 254), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, y toda vez que en diverso auto de veinticuatro de octubre del mismo año, se había reservado acordar lo conducente respecto del cumplimiento realizado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y con ello ya acontecía, se les tuvo dando cumplimiento. Lo anterior es así, ya que según se advierte del oficio 20094/2017 de veinte de octubre de dos mil diecisiete (foja 237), la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, informó a esta autoridad que en audiencia celebrada a las veinte horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete, en la que estuvieron presentes las partes, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta administrativa 547/2017, por cuanto hace exclusivamente a los quejosos Hans Hernández Díaz e Iván Marcelo Andrade; modificando la medida cautelar de prisión preventiva, y en su lugar se les impusieron a ambos imputados las medidas cautelares de presentación periódica, exhibición de garantía económica y prohibición de salir del país, previstas en las fracciones I, II y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual se corroboró con la copia del audio y video de dicha audiencia. Por otro lado, mediante oficio 7731/2017 de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 266 a 272), se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, remitiendo copia certificada de diversas constancias de las que se advierte estar enterado de la imposición de las nuevas medidas cautelares impuestas por la jueza responsable. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso HANS HERNÁNDEZ DIAZ Y OTRO y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de octubre pasado (foja 240), se reservó acordar el oficio signado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando en su carácter de Jueza de Control hasta en tanto causara ejecutoria el presente juicio de amparo, lo cual ya sucedió. En consecuencia, téngase a las referidas autoridades responsables, dando cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, no ha lugar a dar vista a las partes en virtud de que la diversa autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyo efectos en lo conducente: (.) 4. El director del centro de reclusión responsable deberá informar estar enterado de la imposición de las medidas cautelares. (.) Así mismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere al superior jerárquico Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todos las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Apercibiendo a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico), que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá por separado una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a los quejosos el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, toda vez que al constituirse en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla fue informado por Elfega Tigre Aquino quien dijo ser encargada del Área Jurídica, que los quejosos egresaron de dicha institución el veinte de octubre de la presenten anualidad, por lo que se vio impedido para realizar dicha diligencia. En consecuencia, y toda vez que los amparistas señalaron domicilio en el que pueden ser notificados, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, notifíquese el referido auto y el presente proveído.
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