Halim Aquino Machorro
Expediente 1302/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Halim Aquino Machorro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cuatro al veintisiete de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el la autoridad responsable responsable Encargado del Despacho de la mesa Cinco, a cargo de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diez de enero de dos mil diecisiete (fojas 88 a 103), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta Mesa Investigadora de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, realizara lo siguiente: "1. Determine de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado si procede o no continuar integrando la averiguación previa ********************, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente; en caso de que decida continuar con la investigación deberá indicar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; todo ello de manera pronta y expedita o, en su caso, si procede solicitar la cesación del procedimiento o acordar el archivo de la indagatoria. Sin que se considere necesario imponer un plazo para ello, pues deberá ser en el término que al efecto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria; asimismo, no procede fijarle un plazo para que integre la averiguación y se pronuncie sobre el ejercicio de la acción penal, pues en el caso particular el ministerio público deberá determinar qué elementos son necesarios para determinar si está en aptitud de ejercer, o no acción penal, atendiendo a las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, por lo que esta autoridad no se encuentra en posibilidad de emprender un estudio de su posible instauración, en razón a que le corresponde a la autoridad responsable, al no poder ser sustituida. 2. Ordene la notificación a la parte quejosa, del acuerdo de catorce de Mayo de dos mil quince, recaído a su promoción presentada en esa misma data, con estricto apego a la legislación aplicable al caso." Resolución que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 125 y 126). Ahora bien, mediante oficio DGADRS/63/2017-M5 de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 143 a 178), se tuvo a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta Mesa Investigadora de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de Puebla, remitiendo copia certificada de diversas constancias emitidas en la averiguación previa ********************/DGSP, de las que se advierte que dio cumplimiento parcial a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al realizar lo siguiente: - En resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, determinó el no ejercicio de la acción penal respecto del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, en la averiguación previa ********************/DGSP. - Remitió la constancia de notificación de la resolución de veinte de febrero pasado al aquí quejoso. Por lo anterior, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete se requirió a la citada autoridad diera total cumplimiento, por lo que, mediante diverso oficio DGADRSP/94/2017-M5 de trece de marzo de dos mil diecisiete (fojas 198 a 202), dicha fiscal responsable remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso del acuerdo de catorce de mayo de dos mil quince, recaído a su promoción presentada en esa misma data. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta Mesa Investigadora de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de siete de marzo pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con los diversos oficios y anexos incorporados en los proveídos de veintiocho de febrero y siete de marzo, ambos de dos mil diecisiete, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta Mesa de Investigación de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos con el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que haya lugar a dar vista con el mismo, ya que no da cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo: Lo anterior en virtud de que la autoridad responsable, remite la cédula de notificación al aquí quejoso Halim Aquino Machorro de la resolución de catorce de mayo de dos mil quince, así como la impresión de la guía número EE92620465 0MX de Correos de México por la cual remitió dicha cédula al quejoso. Siendo que, uno de los efectos de la sentencia de amparo es que el fiscal responsable notificara a la parte quejosa el acuerdo de catorce de mayo de dos mil quince, recaído a su promoción presentada en esa misma data, con estricto apego a la legislación aplicable al caso; sin embargo, dicha notificación por correo no se ajusta a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone: Artículo 46 Son aplicables a las notificaciones, además, las siguientes disposiciones: I. Las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación, se notificarán personalmente a las partes; II. Las resoluciones contra las que no proceda el recurso de apelación, con excepción de los autos que ordenen aprehensiones, cateos, providencias precautorias, aseguramiento y otras diligencias análogas respecto de las cuales el Juez o Sala estime que deba guardarse sigilo para el éxito de la averiguación, se notificarán al detenido o al procesado personalmente, y a los demás interesados si acudieren a la oficina, al día siguiente de dictadas; III. Las resoluciones que deban guardarse en sigilo se notificarán únicamente al Ministerio Público; IV. Se harán por el diligenciario, y en los Juzgados en los que no hubiese diligenciario, por el empleado que corresponda conforme a la ley o por testigos de asistencia en su caso; V. En las notificaciones se hará constar el día y hora en que se verifiquen y, si fueren personales, se leerá la resolución y se dará copia de ella al interesado, si lo pidiere; VI. Las notificaciones serán firmadas por las personas que las hacen y por aquéllas a quienes se hacen; VII. Si la persona a quien se hace la notificación no quisiere o no pudiere firmar ni imprimir su huella digital, se hará constar así; VIII. Toda notificación que se haga fuera del Juzgado o Sala, no encontrándose en su domicilio a la persona que deba ser notificada, se practicará, sin necesidad de nuevo mandamiento judicial, por medio de cédula que podrá ser entregada dentro de dos días, a los parientes, familiares o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en la casa; IX. Si la casa estuviere cerrada o no se encontrare a ninguna de las personas señaladas en la fracción anterior, se fijará la cédula en la puerta, poniéndose de todo debida constancia en los autos; X. En la cédula de que tratan las dos fracciones anteriores, se hará constar el nombre y apellido del interesado, el Juez o Sala que manda practicar la diligencia, la resolución notificada, la fecha, hora y lugar en que se dejó la cédula y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue; XI. Si se ignora el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, y la Policía Judicial o Preventiva no pudiere localizarla, la notificación se hará por edictos publicados tres veces en el periódico de más circulación, a juicio del Juez o Sala, a menos que dicha persona se hubiere ausentado después de haber indicado su domicilio, pues entonces se hará fijando cédula en la puerta de la oficina; XII. Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código establece, la persona que debiere ser notificada se mostrare en las diligencias, sabedora de la providencia, la notificación surtirá sus efectos; XIII. Lo dispuesto en la fracción anterior no exime a quien deba hacer la notificación, de las responsabilidades en que hubiere incurrido, y XIV. Salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en esta sección, serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación, a quien se impondrá además, una multa de uno a cinco días de salario mínimo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta Mesa de Investigación de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Publico para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, acredite ante este órgano jurisdiccional haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, la notificación a la parte quejosa, del acuerdo de catorce de mayo de dos mil quince, recaído a su promoción presentada en esa misma data, con estricto apego a la legislación aplicable al caso. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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