Hanna Denisse Aguirre Osorio
Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2023
Partes del expediente
- Hanna Denisse Aguirre Osorio
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Por otra parte, visto el estado de autos, se obtiene que la parte quejosa allegó documentos originales, mismos que se consideran innecesarios conservar, debido a que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución de los documentos originales que allegó al presente juicio de amparo; en consecuencia, requiérasele para que en el plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, correrán la misma suerte que el expediente en que se actúa; ello con apego en lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de marzo de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal concedido a la parte quejosa, en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, sin que se haya presentado promoción alguna con la que hubiese dado cumplimiento a las prevenciones formuladas en el presente juicio de amparo. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente al quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo ********************. Suspensión de plano. Con relación al acto que señala en su demanda como confiscación del vehículo automotriz de su propiedad, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contempla el referido precepto legal. En efecto, la parte quejosa reclama del Recaudador de Rentas del Estado, con sede en Playas de Rosarito, el decomiso de su unidad automotriz de mi propiedad vehículo de motor marca Honda, año 2006, modelo Pilot, serie 2HKYF18546H516915. Por su parte, el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]" Del dispositivo legal en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa únicamente reclama de la autoridad responsable el decomiso, del vehículo de motor marca Honda, año 2006, modelo Pilot, serie 2HKYF18546H516915, dado que la confiscación de los bienes proscrita por el artículo 22 Constitucional se refiere a las sentencias que decreten la confiscación de los bienes de las personas, empero la quejosa sólo reclama la como "confiscación" el vehículo de motor de su propiedad por la restricción o impedimento para regularizar su vehículo a través del "Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera"; de ahí se concluye que dicho acto no encuadra en ninguno de los supuestos anteriormente indicados y por ende no procede decretar la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA" Así, como la tesis VI.1o.A.19 K (con número de registro electrónico 179731) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 1458 del Tomo XX, Diciembre de 2004, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. Prevención. Por otra parte, en atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en los artículos 108, fracción III y V, 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído: 1.- Aclare el acto que reclama. Señalando cual es el acto que le restringió o impidió regularizar el vehículo de motor de motor marca Honda, año 2006, modelo Pilot, serie 2HKYF18546H516915, dado que no es claro en señalarlo, ni tampoco de la demanda se aprecia si existe alguna negativa expresa a alguna solicitud que hubiere formulado, ni tampoco refiere cuál oficina de registro fue ante la que intentó regularizar su vehículo, ni el cargo de la persona que de manera verbal le dijo que no podía realizar la regularización hasta que exhibiera el título de propiedad o factura. Lo anterior, en atención a que en los antecedentes del acto reclamado, específicamente el en punto número seis manifestó lo siguiente: "6. La parte quejosa, en el uso de tales beneficios, con fecha primero de Febrero de dos mil veintitrés, intenté realizar la regularización de mi vehículo de motor marca HONDA, año 2006, Modelo PILOT, serie 2HKYF18546H516915, al tenor de los requisitos establecidos para tal efectos, pero las responsables fueron categóricas al señalar que hasta en tanto no se exhibiera el título de propiedad o factura no se me permitiría la regularización de mi vehículo; esto es, de forma verbal se me impide realizar la regulación aunque se cuenta con todas los requisitos legales establecidos para ello." 2.- Amplíe los antecedentes del acto reclamado; señalando ante que autoridad acudió a realizar el trámite de regularización del vehículo de su propiedad, precisando si presentó algún escrito o documento ante la responsable ordenadora, así como para que precise si actualmente cuenta con la posesión del vehículo, ya que refiere que fue molestada, por no contar con placas de circulación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 871, de rubro y tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por el promovente y no por conducto de diversa persona, en razón de que el hecho que le incumbe es de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Datos de contacto. Ahora, en relación al correo electrónico que señala; se hace de su conocimiento que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota del correo electrónico que indica, a través del cual única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, sin que sea dable tenerlo como medio de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no los establece como tales, de ahí que serían nulas las notificaciones que sean realizadas por ese conducto. Consulta electrónica. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto de los usuarios "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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